El Consejo Económico y Social (CES) se ha mostrado muy crítico con la gestión de las políticas sociales del Gobierno regional. El órgano consultivo de la Comunidad Autónoma tacha de “deficiente” la tarea que se realiza en dependencia y su presidente, José Cristóbal García, pidió al actual equipo de la Consejería, que encabeza Noemí Santana, que “se vaya” si no es capaz de gestionar mejor los diversos programas del departamento, aunque haciendo especial hincapié en Dependencia y renta mínima. “La situación ya venía mal de anteriores legislaturas pero es que no salimos del laberinto administrativo en el que se encuentran los expedientes, ya está bien de tantos debates en el Parlamento, hay que ser más eficientes en la gestión, la situación no solo no ha mejorado sino que ha empeorado”, criticó el presidente del CES.
El informe anual del Consejo, presentado hoy, constata que los datos del sistema de atención a la dependencia en Canarias resultan sumamente preocupantes ya que de las 54.714 solicitudes que se recibieron en 2020 solo se resolvieron 38.655 expedientes, quedando pendientes de respuesta 16.059 peticiones. De esta forma, en Canarias se atiende al 70,6% de las solicitudes presentadas frente al 92.35% de media nacional, lo que quiere decir que las Islas se sitúan 21,7 puntos por debajo de la media.
García cargó especialmente contra el tiempo de respuesta que se ofrece desde la Administración a los que tienen derecho a recibir una ayuda. Incluso el presidente del CES cree que “la gente ya no cree en el sistema de dependencia porque es perder el tiempo”, por lo que vaticina que las solicitudes van a bajar debido a estos problemas y porque el tiempo de respuesta se “eterniza”. De hecho, aunque la norma establece un máximo de 180 días como respuesta, en Canarias la Administración tarda una media de tres años en responder, hasta 923 días, frente a los 432 días de media nacional.
Para el CES -del que forman parte organizaciones empresariales, sindicales, cámaras de comercio, entidades de consumidores y expertos- , no solo se trata de contratar más personal sino de que éste cuente con los medios adecuados y, sobre todo, que se implanten sistemas de gestión más ágiles, mejor coordinación y una evaluación integral del sistema público de servicios sociales.
Otro de los problemas que genera preocupación en el CES es que los fondos europeos de recuperación previstos para Canarias no solo se queden en grandes proyectos sino que también lleguen a las pequeñas y medias empresas, que es la mayor parte del tejido productivo de las Islas. El órgano consultivo de la Comunidad Autónoma tiene sus dudas sobre la capacidad de gestión, la celeridad y la eficiencia en la gestión de los millonarios fondos que vendrán a Canarias, por lo que reclama una normativa coherente y un marco jurídico más adecuado y simplificado para que mejore la gestión pública y que los recursos lleguen a quienes lo necesitan.
En este sentido, en sus recomendaciones el CES advierte que el Régimen Económico y Fiscal (REF) dispone de un enorme potencial y contiene herramientas esenciales para impulsar la recuperación de las Islas, por lo que resulta absolutamente necesaria la “seguridad jurídica precisa para hacerlo realmente efectivo”.
El presidente del CES presentó el informe anual correspondiente a 2020 en el que se realiza un análisis económico y social de un año marcado por la pandemia del Covid, que afectó especialmente a Canarias por su elevada dependencia del sector servicios y que ha agravado los índices de pobreza y exclusión social de la población de las Islas.
