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La Provincia - Diario de Las Palmas

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La Policía Canaria, excluida del pacto político para la jubilación anticipada

El acuerdo del PSOE con ERC y Bildu beneficia a los Mossos y a la Policía Foral de Navarra pero deja fuera al cuerpo canario, que pedía este derecho hace tiempo

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria en labores de información para evitar la expansión del coronavirus. | | ANDRÉS CRUZ

Canarias se ha quedado descolgada del acuerdo político al que llegaron Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu con el PSOE para dar su apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2022 y en el que tanto los Mossos d’Esquadra como la Policía Foral de Navarra se homologan al resto de cuerpos de seguridad locales, estatales y autonómicos en el reconocimiento de la jubilación anticipada. El Cuerpo General de la Policía Canaria se queda fuera y por eso tanto a nivel político como sindical se intenta ahora que en el trámite de los presupuestos en el Senado se introduzca una enmienda a última hora que incluya este derecho para el cuerpo autonómico de las Islas.

Este acuerdo ha cogido con el paso cambiado al Gobierno canario. Desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad había un compromiso con los sindicatos de negociar con el Gobierno central para incluir este derecho en la ley de la Seguridad Social. Incluso se iba a llevar al Parlamento canario una proposición no de ley (PNL) en tal sentido para recabar el apoyo de la Cámara impulsada por el cuatripartito. Pero todo ha cambiado de la noche a la mañana y las negociaciones políticas en el Congreso han provocado un escenario que obliga al Ejecutivo regional y a los partidos que le sustentan a ser ágiles para que la Policía Canaria no se quede fuera de un sistema de jubilación que tienen las policías locales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías autonómicas (Ertzaina, Mossos y Foral) y otros cuerpos de emergencia como los bomberos.

El Gobierno canario se comprometió a negociar con Madrid pero este acuerdo echa todo por tierra

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Los agentes de los cuerpos de seguridad tienen un sistema por el que se jubilan a los 59 o 60 años y por el cual se les aplica un coeficiente reductor en la nómina. Debido a las circunstancias de la labor que desarrollan estos cuerpos y la peligrosidad pueden adelantar su jubilación o pasar a la llamada segunda actividad. La Policía Nacional y la Guardia Civil tiene su propia normativa, mientras que las policías locales lograron este derecho en 2019 y el único cuerpo autonómico que lo tenía hasta ahora era la policía del País Vasco. Tras 11 años de despliegue de la Policía Canaria, los sindicatos del cuerpo habían solicitado en varias ocasiones que se les reconociera este derecho.

Cuestión política

Ahora esta reivindicación de la Policía Canaria ha pasado de ser una petición laboral a una cuestión política tras el acuerdo alcanzado al más alto nivel para que el Gobierno de Pedro Sánchez lograra garantizar la aprobación de la ley de presupuestos del Estado de 2022 en el Congreso. ERC logró la jubilación anticipada para los Mossos –compuesto por unos 19.000 miembros– y EH Bildu para la Policía Foral de Navarra, que cuenta con unos 1.300 agentes. «Sería lamentable que la Policía Canaria se quedara fuera, seríamos el patito feo de los cuerpos de seguridad porque no hemos sido ágiles para verlas venir», cuestiona el representante del sindicato CCOO en el cuerpo autonómico, Francisco López.

A partir de ahora hay poco margen para las proposiciones parlamentarias o las negociaciones entre gobiernos. La vía del Senado antes de que se aprueben definitivamente las cuentas estatales es la más rápida para que la Policía Canaria se iguale al resto de cuerpos de seguridad a partir del 1 de enero de 2022.

Solo queda la vía de una enmienda en el Senado para que sea efectiva desde el 1 de enero de 2022

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El Cuerpo General de la Policía Canaria cuenta con un catálogo de 300 efectivos, pero ahora mismo son 150 y con expectativa de llegar a 200 en breve con las actuales oposiciones que se están desarrollando. La aspiración del Gobierno regional es que una vez se alcancen los 301 efectivos se negocie con el Gobierno central la financiación estatal del cuerpo, como sucede en el resto de fuerzas autonómicas, para sumar hasta 1.700 efectivos, que es el objetivo total para que el despliegue del cuerpo sea en todas las islas y pueda asumir la totalidad de las funciones y competencias que le otorga el Estatuto de Autonomía.

López advierte que la Policía Canaria solo lleva once años desplegada «pero no es menos que nadie, tenemos el mismo derecho que el resto de fuerzas de seguridad y emergencias para tener la jubilación anticipada, que no es gratis porque lo pagamos todos en nuestra nómina». Otros sindicatos como UGT se quejan de la falta de diálogo con la Consejería y de que este asunto, como otros de la policía, no se negocien entre el departamento que dirige Julio Pérez y los representantes sindicales. Los dirigentes sindicales exigen premura al Ejecutivo y a los partidos que lo forman para llevar la enmienda al Senado cuando se debatan los presupuestos.

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