Los grupos parlamentarios han descargado una lluvia de enmiendas sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio. Sobre todo los dos grandes partidos de la oposición, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que ya defendieron sendas enmiendas a la totalidad en el último pleno de la Cámara regional. Nacionalistas y populares no han sucumbido a la tentación de dejarse ir ante el más que previsible rodillo de los grupos que apoyan el Gobierno –que rechazaron con cajas destempladas las dos enmiendas a la totalidad– y han presentado una avalancha de propuestas que de facto supone una nueva enmienda a la totalidad. Son más de 600 millones de euros los que CC y PP quieren quitar de un lado para ponerlos en otro, y ello sin tener en cuenta las enmiendas de los también diputados de la oposición Ricardo Fernández de la Puente, en el grupo mixto bajo las siglas de Ciudadanos, y Vidina Espino, miembro también del grupo mixto. Como es lógico, las modificaciones planteadas por los cuatro partidos del pacto de las flores –PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera– son menos cuantiosas, pero entre ellas hay varias de relevancia, como la propuesta de bonificar los impuestos a las empresas y los ciudadanos afectados por la erupción en La Palma.
El grupo parlamentario nacionalista registró más de medio millar de enmiendas, exactamente 504, el particular récord en esta tramitación de los presupuestos autonómicos para 2022. Son 44 enmiendas al articulado del proyecto de ley –no implican movimientos de fondos– y 460 a los estados financieros, que son las que sí implican quitar dinero para algo que el enmendador considera menos prioritario para dárselo a aquello otro que ve más perentorio o necesario. Si todas las propuestas de CC salieran adelante –una quimera–, un montante de casi 426 millones de euros se destinaría para fines distintos a los señalados por la Consejería de Hacienda, que es el departamento que se encarga de elaborar los presupuestos.
Entre las enmiendas de los nacionalistas destacan varias para intentar paliar la situación de los damnificados del volcán palmero, como la que pide que se tome como referencia el valor de mercado de los inmuebles a la hora de establecer las indemnizaciones por la pérdida de la vivienda, un objetivo que se ha convertido en caballo de batalla para CC. Además, la bancada de Coalición y el Partido Nacionalista Canario propone arañar un total de 23,5 millones de distintas partidas con el fin de destinarlos para un plan de inversiones que contribuya a la reconstrucción de la isla bonita.
El PP registró, por su parte, hasta 321 enmiendas –47 al articulado y 274 a los estados financieros– por un importe de 175,2 millones de euros. La Palma tiene también un peso importante en las propuestas de los populares, que quieren destinar 22 millones de euros para la isla. El partido dirigido a nivel nacional por Pablo Casado propone también reunir 51 millones de euros para promover el empleo y otros tres millones para extender la tarifa plana en las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos. En una de las enmiendas de adición, el PP insiste en la necesidad de bajar el tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 7 al 6,5%. Esto supondría volver a la situación anterior a la actual legislatura. Fue precisamente el PP el que condicionó su apoyo a los últimos presupuestos del Gobierno de Fernando Clavijo a la bajada del tipo general del IGIC, que pasó así del 7 al 6,5% en 2019 antes de que el actual Ejecutivo lo subiera de nuevo al 7% a partir de 2020.
También Vidina Espino elevó ayer medio centenar de enmiendas a los presupuestos autonómicos –30 al articulado y 20 a los estados financieros– de nuevo con La Palma entre las prioridades. La parlamentaria del grupo mixto plantea constituir un fondo de diez millones de euros solo para atender las necesidades más urgentes de los damnificados de la erupción. La diputada cree también necesario un plan de lucha contra la pobreza que incluya la bonificación tributaria en favor de las empresas que contraten perceptores de la Prestación Canaria de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital. La idea es evitar la «cronificación» de la pobreza.
En cuanto a los grupos que sostienen el Gobierno de Ángel Víctor Torres, los cuatro presentaron en conjunto 126 enmiendas a los estados financieros y otras 19 al articulado. Los partidos del cuatripartito incluyen entre sus propuestas –como también la oposición– la supresión de la subida del 2% de sueldo a los altos cargos del Ejecutivo, algo que el propio Ejecutivo había anunciado pero que exige eliminar la disposición del proyecto de ley. Entre las propuestas del pacto –que suman poco más de 52 millones de euros– está también la puesta en práctica de un programa de bonificaciones tributarias en favor de los ciudadanos y empresas de La Palma. El plan implicaría rebajas en el IRPF, en el Impuesto sobre Sociedades, en el de Sucesiones y Donaciones y también en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La isla bonita acapara la atención de los grupos
Todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas con el objetivo de aliviar la situación de los damnificados de la erupción del volcán de La Palma y contribuir en la medida de lo posible a la reconstrucción de la economía insular. Desde los dos grandes partidos de la oposición, Coalición Canaria y el PP, vienen criticando la falta de fondos para la isla bonita en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022, de ahí que hayan propuesto modificaciones importantes en las cuentas elaboradas por la Consejería de Hacienda para consignar cantidades concretas para la recuperación de La Palma. También la diputada del grupo mixto Vidina Espino pide una especie de fondo de urgencia para los damnificados del volcán. Con todo, hay más posibilidades de que salgan adelante las enmiendas de los cuatro grupos que apoyan el Ejecutivo, entre las que también se incluyen ayudas para la isla. En concreto, Nueva Canarias, Podemos y los socialistas –los del PSOE y los gomeros– plantean un plan de bonificaciones fiscales en favor de ciudadanos y empresas de La Palma. | M.Á.M.
