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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El CES exige su renovación al Gobierno tras más de un año en funciones

La falta de acuerdo para elegir al nuevo presidente bloquea la sustitución de los miembros | La última propuesta es la de Gloria Rojas, catedrática de La Laguna

José Cristóbal García, presidente en funciones del CES desde hace año y medio. | | J.C. CASTRO

La falta de acuerdo para nombrar a un nuevo presidente mantiene al Consejo Económico y Social (CES) sin la renovación de sus miembros desde hace un año. Asimismo, la presidencia lleva un año y medio de forma interina en manos del vicepresidente del CES y de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, sin que el Gobierno haya consensuado aún al sustituto del anterior presidente, Blas Trujillo, que dejó este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma tras ser designado consejero de Sanidad a mediados de 2020. Los intentos del Ejecutivo de pactar un candidato de consenso han resultado infructuosos por las reticencias de los representantes de las organizaciones empresariales, que no quieren un presidente con excesivo cariz político o sindical. Los miembros del CES prevén instar al Gobierno en el próximo pleno que celebre este mes para que proceda a la renovación lo antes posible.

En este periodo desde junio de 2020 hasta ahora se han puesto sobre la mesa hasta tres nombres. El ala socialista del Gobierno y UGT propusieron en un primer momento a Carlos Sierra, empresario del sector de la educación e impulsor de la Cooperativa de Enseñanza Echeyde en Tenerife. Sin embargo, la parte empresarial del CES lanzó el nombre de Vicente Marrero, presidente de la patronal del metal Femepa y miembro de la directiva de la Confederación Canaria de Empresarios.

José Cristóbal García lleva un año y medio de presidente interino desde que se fue Blas Trujillo

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Ante la situación de bloqueo que se ha ido prolongando en el tiempo, en las últimas semanas desde el Ejecutivo se ha puesto sobre la mesa el nombre de Gloria Rojas Rivero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, que fue candidata a rectora en las últimas elecciones que se celebraron en el centro.

De los 20 consejeros del CES, seis lo son en representación de las centrales sindicales, otros seis de las organizaciones empresariales, cuatro de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, dos de las asociaciones de consumidores y usuarios y dos expertos de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o laborales, designados por el Gobierno de Canarias. Por la experiencia de anteriores ocasiones, hasta que no se pacte el nombre del presidente el Ejecutivo no se da el visto bueno a la renovación del órgano asesor con el fin de evitar divisiones internas.

Desde hace varios meses la Consejería de Economía y Empleo del Ejecutivo tiene la propuesta de los nuevos miembros del CES por parte de las organizaciones empresariales y de los sindicatos pero es potestad del Ejecutivo publicar los nombres en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para que sus nombramientos sean efectivos y, a continuación, convocar el pleno de constitución del órgano para elegir al presidente y demás cargos de responsabilidad. La principal clave radica en que la elección del máximo responsable del CES corresponde a los miembros del pleno, lo que garantiza la independencia del órgano ya que lo habitual es que haya consenso en el nombramiento. Los reparos puestos hasta el momento por algunas de las partes integradas en el pleno a los nombres que se han barajado han impedido renovar el CES, cuyo mandato por ley es de cuatro años.

La inestabilidad y los recortes ya estuvieron en el órgano consultivo en etapas anteriores

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No es la primera vez que este órgano consultivo se ve envuelto en la inestabilidad interna. El fallecido Fernando Redondo estuvo cerca de siete años con el mandato agotado porque el Ejecutivo bloqueó la renovación de los miembros y la crisis económica pasó factura al órgano, cuyo presupuesto lo dejó prácticamente con un funcionamiento bajo mínimos durante varios años. El Gobierno de Coalición Canaria propuso a José Carlos Naranjo Sintes, pero la oposición de las patronales impidió su acceso a la presidencia y, por contra, fueron los representantes empresariales los que propusieron a Blas Trujillo, que finalmente recibió el visto bueno del Ejecutivo y el consenso del plenario del CES. Aunque Redondo y Trujillo tuvieron trayectorias políticas antes de ser presidentes del CES lograron un amplio consenso para presidir el órgano. Antes que ellos también ejercieron de presidentes un catedrático de Universidad como José Luis Rivero o un empresario como Francisco Oramas.

El presidente y vicepresidente del Consejo tienen derecho a un sueldo si tienen dedicación exclusiva y así figura en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, pero hasta ahora nadie ha utilizado esta prerrogativa.

Ante la situación de interinidad que vive el órgano desde 2020, en el plenario que se celebre este mes se prevé remitir una resolución a la Consejería de Economía y Empleo instándole a que renueve a los miembros del Consejo cuanto antes. Desde el departamento que dirige Elena Máñez se argumenta que los diferentes problemas a los que ha tenido que hacer frente en este periodo como consecuencia de la crisis del Covid, los ERTE, las ayudas a las empresas y autónomos y ahora las consecuencias económicas de la erupción volcánica han impedido resolver este asunto, pero que próximamente se procederá a la renovación del Consejo.

Dictámenes e informes con normalidad


La interinidad en la que se encuentra el Consejo Económico y Social no ha impedido que el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma continúe trabajando con normalidad en los dictámenes a leyes y propuestas del Gobierno y en la elaboración de sus informes anuales. De hecho esta semana el presidente del CES, José Cristóbal García, presentó el Informe Anual de 2020 y se comprometió a que en próximas ediciones se publique antes para que no quede desfasado en relación con el año en curso. Asimismo, en este año el Consejo ha emitido su parecer sobre el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, sobre la Ley de Economía Social de Canarias o sobre el Plan Integral de Atención Temprana de Canarias, entre otros dictámenes. Los miembros del Consejo analizan los datos y establecen una serie de recomendaciones de orden económico y social al Ejecutivo que son preceptivas pero no vinculantes, según la normativa que rige el funcionamiento de este órgano consultivo, que cuenta con autonomía propia. | R.A.D.

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