La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitió ayer a las comunidades autónomas su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada, con el objetivo de iniciar el debate sobre el nuevo sistema de financiación. Fuentes del Gobierno canario ligaron el voto favorable de las Islas a la presencia en la nueva fórmula de las tasas de paro y pobreza como factores a computar para establecer el reparto.
En su texto inicial, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales. Esta era una petición de las regiones conocidas como infrafinanciadas: Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. El documento recibirá ahora las aportaciones y observaciones de todas las regiones durante los meses de diciembre y enero.
El informe parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación. Hacienda señala que se han tenido en cuenta las opiniones de las comunidades que han participado en estos encuentros.
La propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto en sanidad, educación y políticas sociales algo sobre lo que, según señalan en el ministerio, «existe un notable consenso». No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto.
En cualquier caso, el Gobierno también ha analizado «empíricamente» la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto. En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos.
Además, se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y se han incluido elementos correctores por despoblación, teniendo en cuenta los costes fijos vinculados al gasto. En el caso del sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.
Actualización de coeficientes
La propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos. Con todo ello, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%.
En su propuesta, Hacienda también incorpora las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla de entre el 25% y el 30%, siendo la educación no universitaria un 75% u 80% sobre el total.
La propuesta incluye un nuevo grupo en servicios sociales, los mayores de 80 años. Asimismo, se incluye una variable que serían los parados sin prestación. La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6% y un 10%. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80% y 90% y el de los parados entre un 10% y 20%.
Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada.
