De entre las comunidades peor financiadas en el actual sistema, ninguna de ellas cree que el documento de la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde a sus expectativas de mejora.
La Comunidad Valenciana, si bien valora el alcance político de la propuesta y que se trata de un primer paso “necesario”, considera tras un primer análisis y a la vista del informe de Fedea que se mantiene por debajo del coste de los servicios y reclama que el único criterio que marque el reparto de recursos sea la población, pero con una definición mejorada en la que desaparezcan elementos de ajuste.
Andalucía considera que no le gusta “ni la letra ni la música”, y que en sus 240 páginas de contenido hay “mucha paja”, considerando que la propuesta es “una patada hacia delante”.
Murcia asegura que la reforma sigue sin contemplar “la equidad y la suficiencia” y que se hace una propuesta “por fascículos” para seguir ocultando el “maltrato” a la región, a pesar de que el informe de Fedea considera que es la quinta región que más gana, un 3,28 %.
En el tramo de las otras comunidades que reclaman que la población pondere lo más parecido posible al censo demográfico, como Cataluña o Madrid, ambas critican el documento, aunque en ambos casos entran en juego criterios políticos y no técnicos sobre financiación.
Cataluña, que pierde un 1,58 % de financiación, insiste en que “los criterios de población ajustada no responden a la realidad del país”, y reclama tener en cuenta el porcentaje real de población respecto a la del conjunto del Estado”. La propuesta de Montero va a priori justo en sentido contrario pues la ponderación del padrón pasa del 30% a una franja de entre el 18% y el 22%.
Madrid, que pierde según Fedea un 1,05 de financiación, cree que sigue teniendo un “trato injusto” y que la propuesta “obvia el crecimiento poblacional” de la región.
Galicia, la segunda que más fondos pierde respecto al actual modelo después de Canarias, cree que la propuesta “hace varios trajes a medida de otras comunidades” y que ninguno de ellos sirve a esa comunidad, mientras que las regiones supuestamente más favorecidas por la inclusión del criterio de despoblación, envejecimiento y dispersión poblacional, como Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y las dos Castillas, vienen a considerar que, pese a las mejoras, no alcanzan a cubrir el coste de esos hándicaps.
