El Parlamento de Canarias aprobó ayer el abono de una ayuda de 250 euros para las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), pensiones no contributivas, fondo de asistencia social y subsidio de garantía de ingresos mínimos, para paliar los efectos sociales derivados de la pandemia y hacer frente a los gastos asociados a la navidad. A su vez se avaló una paga extra para los titulares de PCI que residen en los tres municipios del Valle de Aridane afectados por la erupción de La Palma –El Paso, Tazacorte y Los Llanos–. Para materializar esta medida, el Gobierno autonómico invertirá 13 millones de euros, con los que se favorecerá a un total de 52.457 familias. La Consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico, Noemí Santana (Sí Podemos), reconoció que el importe es «casi simbólico», pero considera que supondrá «un alivio importante para la ciudadanía que está en situación de vulnerabilidad». El decreto ley fue ratificado por unanimidad, si bien los grupos parlamentarios de la oposición coincidieron en que esta es una solución puntual que no ayuda a aliviar el problema de la pobreza en el Archipiélago.
Poli Suárez sostiene que la medida es positiva, pero «pan para hoy y hambre para mañana»
El diputado del Grupo Popular Poli Suárez defendió que es un «buen decreto y es muy necesario», pero subrayó que supone «pan para hoy y hambre para mañana». Además, instó al Gobierno autonómico a poner los cimientos que sean necesarios para que «las personas que reciben estas ayudas no se vean obligadas a solicitarlas, porque pueden vivir de sus empleos sin depender de las instituciones». Por su parte, Cristina Valido, del grupo Nacionalista Canario, afeó que la Consejería de Derechos Sociales empezara la campaña de publicidad de la medida antes de que esta fuera ratificada por la Cámara regional, lo que consideró «una falta de respeto». Valido criticó que el hecho de que se otorga el mismo importe a una familia con cuatro miembros que a una de dos, cuando los gastos en mascarillas y geles se multiplican.
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, afirmó que el decreto ley tiene una cara y una cruz, porque aunque la iniciativa es positiva, el Gobierno canario «vuelve a poner un parche» que no evita que la pobreza siga cronificada en las islas y criticó que la renta ciudadana ya lleva un año de retraso. Por su parte, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, exigió celeridad en el abono de las ayudas anunciadas, que a su juicio son «escasa».
María del Río asegura que el abono llegará antes de que finalice el mes de diciembre
Por el grupo Socialista Matilde Fleitas destacó que aunque se trata de una ayuda puntual, para quien sufre la pobreza supone un impulso «vital» para el día a día. María del Río, de Sí Podemos Canarias, aseguró que las ayudas estarán abonadas antes de que finalice el mes de diciembre, para que «en Navidad llegue algo de alivio a las casas». Carmen Hernández, de Nueva Canarias, celebró que el decreto busque incorporar a más ciudadanos al sistema y aborde muchos campos de la vida de los canarios. La diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza mostró su satisfacción por la diversidad de ayudas que contempla el decreto, que también incluye medidas para el sector primario de La Palma, así como para agilizar la concesión de ayudas para más 5.000 afectados a través de las seis cooperativas de la isla. Además, incorpora iniciativas en el ámbito de la vivienda, como la autorización para dar un nuevo uso al suelo durante al menos siete años para poder instalar las viviendas prefabricadas.
