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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Los interinos siguen con la huelga en 2022 ante el bloqueo con el Gobierno

Una nueva reunión acaba sin visos de acuerdo | Los huelguistas critican la «falta de voluntad»

Protesta de un grupo de interinos en una nueva jornada de paros parciales, ayer en la capital grancanaria. | | J. C. Castro

El conflicto laboral del personal interino de la Administración General de la Comunidad Autónoma termina el año como empezó. Tras una nueva reunión de la mesa de trabajo constituida entre el comité de huelga y la Dirección General de Función Pública las dos partes siguen sin acercarse en sus posiciones y no se vislumbra un acuerdo sino, al contrario, los sindicatos y la plataforma que están en el comité advierten que mantendrán la huelga en el arranque del año 2022. Los convocantes del conflicto entienden que el Ejecutivo manifiesta su «falta de voluntad» para cumplir el acuerdo firmado el pasado mes de abril con el fin de garantizar la estabilidad definitiva de sus puestos de trabajo.

Función Pública ofrece el concurso oposición como salida para los empleados

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La próxima semana se aprueba en el Senado la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que entrará en vigor antes de finalizar diciembre. A partir de ese momento las administraciones públicas tendrán seis meses, hasta junio, para convocar las ofertas extraordinarias de estabilización destinadas a los interinos que acumulen más de cinco años consecutivos trabajando para la Administración, proceso en el que será suficiente el concurso de méritos. Sin embargo, el comité de huelga denuncia que los técnicos de la Dirección General de Función Pública vuelven a poner sobre la mesa que el único medio para consolidar el empleo para este personal es el sistema de concurso oposición en el que el 60% de la puntuación será por la prueba teórica y el 40% por los méritos y la experiencia laboral adquirida.

La reunión coincidió con una nueva jornada de paros parciales y concentraciones. Ello motivó el malestar de los representantes del comité ya que fueron convocados el pasado lunes para el jueves y en una fecha de paro que figura en el preaviso de huelga presentado desde principios del año a la Administración. En el último encuentro de la mesa de trabajo que analiza las distintas fórmulas jurídicas existentes para estabilizar a los interinos también el comité de huelga criticó la actitud de Función Pública de no ofrecer alternativas a la propuesta presentada por el comité.

Ayer sí hubo una respuesta técnica pero en la misma línea de lo ya expuesto en reiteradas ocasiones por la Consejería de Administraciones Públicas, es decir, que el acceso a la función pública está determinado por la legislación básica del Estado y que el actual ordenamiento jurídico impide hacer fijo a un empleado sin pasar por unas oposiciones. Este argumento es en el que han chocado las dos partes en este año, por lo que el diálogo sigue estancado: «se niega cualquier otra posibilidad de solución, manifestando una vez más el desprecio a la reivindicación y los derechos del colectivo de empleados públicos temporales de su competencia», critica el comité de huelga.

Fuentes de los huelguistas no entienden el sentido de esta informe de la Dirección General de Función Pública a unos días de que se apruebe una ley que va a introducir modificaciones temporales en la legislación básica para intentar reducir la tasa de temporalidad en el empleo público al 8% desde el 40% actual de media que hay en Canarias.

El comité de huelga asegura que el acuerdo firmado en abril es «vinculante» para el Ejecutivo por lo que considera un «desprecio» y una «agresión» de Función Pública que no lo cumpla. Por ello los huelguistas no solo mantienen las jornada de paro total convocada para el 27 y 28 de diciembre, las últimas de este año, sino que el escenario al que se ven abocados es el de un nuevo preaviso de huelga por incumplimiento del acuerdo. Por ello el año 2022 comenzará como se inició 2021, si bien será el Gobierno regional el que tendrá que tomar la iniciativa una vez entre en vigor la nueva ley estatal para sentarse con todos los sindicatos y concretar las convocatorias a las que obliga la nueva normativa nacional.

La pugna se mantiene a unos días de que se apruebe la ley para reducir la temporalidad

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Esta situación de bloqueo coloca a la Administración autonómica en una difícil papeleta porque hoy por hoy los sindicatos en Canarias siguen enfrentados por la solución para los interinos. Por un lado CCOO, UGT y CSIF defienden las grandes líneas de la ley estatal, mientras que los sindicatos del comité de huelga –Sepca, Intersindical y Co.bas– defienden que la estabilidad laboral no tenga que pasar por nuevas pruebas para empleados que lleva más de 10 y 20 años trabajando para la Administración sin poder consolidar su plaza.

El Gobierno canario ve con cierta esperanza la nueva ley estatal porque le da herramientas para negociar con las centrales sindicales e iniciar el proceso de estabilización con cierta seguridad jurídica. Sin embargo, la ley establece una serie de plazos de obligado cumplimiento si España quiere que la UE no ponga problemas para transferirle los fondos europeos, ya que el compromiso del Gobierno central con Bruselas es reducir la temporalidad en el empleo público en un plazo máximo de tres años, es decir, antes del 31 de diciembre de 2024.

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