Canarias asume las mismas competencias en costas que las comunidades autónomas que ya las tienen transferidas, en este caso Cataluña y Andalucía. Una reunión de carácter técnico celebrada ayer entre representantes de la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo regional y la Dirección General de Costas del Gobierno central terminó de solventar los problemas habidos durante las negociaciones entre ambas administraciones para que Canarias disponga de las competencias en materia de ordenación del litoral que marca el Estatuto de Autonomía y, al menos, igualar a las regiones que ya las tienen, exigencia que ha provocado una dilación de las negociaciones cerca de un año.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, confirmó ayer que la Dirección General de Costas ha dado «marcha atrás» en algunas cuestiones competenciales que estaban frenando las negociaciones y que ahora «se han solventado». Según Valbuena, las diferencias se centraban sobre todo en la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma y en el planeamiento del litoral, competencias que sí tienen Andalucía y Cataluña. Desde finales de noviembre la Dirección General de Costas tenía sobre la mesa la propuesta del Gobierno canario y que pasaba al menos por cumplir al máximo lo que dispone el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.
Una reunión técnica solventó los ‘flecos’ que impedían un acuerdo tras un año de negociaciones
«El problema hasta ahora era más político por las competencias pero estamos en los mismos términos que Cataluña y Andalucía, ni más ni menos», asegura el consejero. Una vez aclarado el régimen competencial ahora queda por concretar el traspaso de los recursos para que la Comunidad Autónoma pueda ejercer las competencias en el litoral, es decir, personal, medios materiales y presupuesto. El titular de Transición Ecológica considera que este es un asunto más técnico que político que no debería ocasionar tantos problemas como el competencial. En este aspecto entran en escena tanto la Consejería de Hacienda como Función Pública con el fin de determinar los fondos de los que va a disponer la Comunidad Autónoma para asumir la ordenación del litoral y los empleados públicos que pasarán de depender de la Administración del Estado a la autonómica.
Los técnicos de ambas administraciones apurarán lo que queda de diciembre y los primeros días de enero para perfilar los detalles de la transferencia ya que el consejero estima que la comisión mixta Canarias-Estado se convocará en la segunda quincena de enero para escenificar el acuerdo desde el punto de vista político y firmar por parte del Gobierno central y el canario.
Nivelación de funciones
Cuando se iniciaron las negociaciones formales entre las dos administraciones para asumir la ordenación y gestión del litoral se anunció que el traspaso estaría culminado antes del verano. Tras la estación estival volvieron los contactos pero Costas puso cuesta arriba un acuerdo al intentar restar a las Islas capacidad de decisión sobre el planeamiento del litoral y el régimen sancionador, cuando son asuntos que sí se cedieron a Cataluña, primero, y a Andalucía, después.
Quedan por cerrar los recursos humanos, materiales y económicos que se traspasarán
Un ejemplo es el caso andaluz, que desde 2011 asumió la vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan por las vulneraciones que se realicen en las costas, así como la recaudación de las multas. Asimismo, la Junta de Andalucía participa en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre que se destinen a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad autonómica o a la ampliación o modificación de los existentes. En materia de inversiones en obras de interés general, una comisión bipartita planifica estas obras. En este sentido, la Junta puede proponer la incorporación de inversiones en los presupuestos del Estado.
Tanto en materia sancionadora como en la de planificación inversora, el Estado quería poner cortapisas a Canarias cuando desde 2007 y 2011 son temas solventados en Cataluña y Andalucía. De hecho, en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, vigente desde hace tres años, se establece que Canarias tiene, entre otras competencias, la realización de un informe previo de la Comunidad Autónoma sobre la ejecución de obras de interés general en el litoral canario, la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre, el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes o la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.
Legislación estatal
El artículo 157 del Estatuto de Autonomía establece que Canarias tiene la competencia «exclusiva» en materia de ordenación del litoral pero el Estado mantiene la legislación básica sobre el régimen general del dominio público marítimo-terrestre, la normativa general en la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre y las obras de interés general en el litoral de las Islas. En este último caso, aunque el Estado tiene la última palabra en la ejecución de actuaciones declaradas de interés general, a partir de la transferencia de las competencias la Comunidad Autónoma tendrá derecho a opinar y mantener una posición, algo que también sucede en las otras comunidades que ya disponen de la competencia. El País Vasco también ultima con el Estado el traspaso de la ordenación del litoral en el marco de sus negociaciones con el Estado. | R.A.D.
