Los inspectores de salud pública de Canarias volvieron a salir ayer a la calle para reclamar más medios para poder afrontar sus funciones, entre las que están la vigilancia del cumplimiento de las medidas covid en establecimientos de restauración y de ocio. En estos momentos hay 125 plazas para toda Canarias y los trabajadores estiman que al menos sería necesario duplicarlas para poder desarrollar estas laborales añadidas con garantías.
«Faltan medios personales y materiales para desarrollar nuestras funciones», apunta Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias y miembro del comité de huelga, quien explica que el colectivo es el encargado de realizar controles en todos los establecimientos alimentarios, así como los de Sanidad Ambiental para verificar la calidad del agua en playas o piscinas. Unas tareas a las que ahora se deberían sumar las medidas de prevención frente a la covid, pero según indican «es totalmente imposible realizarlas». Por eso, aseguran que no les ha quedado más remedio que reactivar la huelga ante la impasividad de la administración.
El colectivo lleva desde el pasado mes de mayo reivindicando mejoras después de ver como en más de una década no se han solucionado las deficiencias que registra el cuerpo de inspectores de salud pública. Aseguran que no solo no se ha incrementado la plantilla sino que tampoco cuentan con ningún tipo de vehículo para realizar los desplazamientos, no se han mejorado las instalaciones, ni disponen de los medios materiales adecuados para las recogidas de muestras.
Canarias cuenta con un solo inspector por cada 25.000 habitantes, sin contar los turistas
«Hemos vuelto a las concentraciones que iniciamos en mayo porque no ha habido ningún tipo de avance, solo engaños», apunta el representante del colectivo, que asume que «parece que las salud pública en Canarias les importa muy poco a sus dirigentes».
Los trabajadores mantienen que con las condiciones actuales buena parte del trabajo no se puede abordar. «La vigilancia de las medidas covid se realiza de forma colateral en las inspecciones rutinarias que se realizan en los establecimientos», explica Nonato y siempre en horario de ocho a tres de la tarde. Por lo que todos aquellos establecimientos que abran sus puertas después de esa hora quedan al margen de esta inspección , como los bares y discotecas, donde ya se ha declarado algún brote de coronavirus en las Islas.
Por eso, el colectivo también reclama un reglamento de organización y funcionamiento para el cuerpo de inspectores. «Nuestras actuaciones no pueden ajustarse a un horario fijo, tenemos que tener un sistema de turnos y guardias que se adapte a nuestra labor», señala su portavoz. Los trabajadores llevan además un año reclamando aparatos para medir el CO2 en los locales así como vehículos para desplazarse, ya que hasta ahora los realizan con los suyos particulares.
En Canarias existe un inspector de salud pública por cada 25.000 habitantes, eso sin contar los miles de turistas. En otras comunidades esta ratio es de un profesional por cada 12.500 residentes. «Llevamos muchos años denunciando esta situación», recalca el portavoz del colectivo, que insiste en que el trabajo de los inspectores es ahora más fundamental que nunca si se quiere evitar que se colapsen los hospitales.
