Entre la espada y la pared. Así se sintió el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev esta mañana cuando tuvo que desplazarse en ambulancia hasta la Ciudad de la Justicia para comparecer presencialmente en el Juzgado. Entrar en camilla a firmar o volver a la cárcel, esas eran sus únicas opciones. Así lo estableció la jueza del caso después de que una médica forense afirmara en su último informe que Kokorev puede desplazarse en silla de ruedas a pesar de sus múltiples patologías. Por este hecho los abogados de la familia denuncian la "falta de sensibilidad" de la justicia canaria por "obligar a un hombre enfermo a acudir en plena Navidad a fichar". Una situación que, según los letrados, se agrava por el incrementos de casos de coronavirus en las Islas que ha dejado brotes en la Ciudad de la Justicia. "Acudir presencialmente supone un grave riesgo para la salud de Vladimir", explica Antonio José García Cabrera, uno de los abogado encargados de la defensa del empresario.
Los letrados reclaman, además, que el empresario pueda hacer uso del sistema de comparecencia a distancia implantado en marzo por el Gobierno canario para aquellas personas que deben acudir al juzgado a 'fichar' periódicamente en cumplimiento de todo tipo de requerimientos o sentencias. Un sistema remoto por el que se sustituye la personación física por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Se trata del Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto (SCAAR) y evita traslados y acumulación de personas en los órganos judiciales. "No entendemos que exista esta posibilidad y no se utilice", critica García Cabrera.
La investigación en contra de la familia Kokorev (Vladimir Kkorev, su mujer Yulia Maleeva y su hijo Igor Kokorev) comenzó en España en 2009 a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España ante la Audiencia Nacional y después de que el Senado de Estado Unidos detectase una transferencia de 26,4 millones de dólares procedente de la cuenta en Riggs Bank que tenía el Tesoro Público de Guinea en Nueva York. La misma iba a una cuenta que figuraba a nombre de la empresa Kalunga que Vladimir Kokorev tenía en una sucursal del Banco Santander en la capital grancanaria. En 2012 los tres viajaron a Panamá con la presión mediática del caso a cuestas ya que se les vinculaba con la venta de armas a Guinea Ecuatorial, de forma clandestina y pagando supuestos sobornos al entorno del dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang, para completar los negocios ilícitos. Esas transacciones habrían sido disfrazadas entre 1999 y 2011 con el concepto de venta y reparación de buques, según la Fiscalía. En 2015 y cuando el joven arribó al aeropuerto panameño de Tocmen fue detenido junto a sus padres por la Interpol por el delito de blanqueo de capitales.
Dentro de las medidas cautelares que les impusieron a los tres después de salir de prisión provisional en Gran Canaria (en 2017 madre e hijo y en 2018 Vladimir Kokorev) están: la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de la Isla y comparecer semanalmente en el Juzgado.
Vladimir Kokorev ha faltado, según su abogado, a sus comparecencias en el Juzgado sólo cuando ha estado ingresado en el hospital o cuando un certificado médico avala que no puede acudir. La última vez que tuvo que acudir de manera presencial fue el 5 de octubre para ser notificado sobre el auto de apertura del juicio oral en su contra por supuesto blanqueo de capitales procedente de la venta ilegal de armamento a Guinea Ecuatorial.
Hipertensión arterial esencial 2, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, hiperplasia benigna de próstata, cardiopatía isquémica con enfermedad de tres vasos con bypass aortocoronario, nódulos tiroideos, síndrome de apnea obstructiva del sueño, hipertensión pulmonar ligera e hiperuriciemia, son algunas de las enfermedades que la forense certifica en su informe. "Es difícil que el señor Vladimir llegue al juicio por su delicado estado de salud, y obviamente no existen posibilidades de que se fugue", explica el abogado de la familia.
