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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Los interinos avivan el conflicto: no se fían del Estado ni de Canarias

Los sindicatos exigen al Gobierno canario que cumpla el acuerdo firmado en abril | Los empleados mantienen las movilizaciones, aunque con menos paros

Imagen de la reciente manifestación realizada ante el Congreso en contra de la ley para reducir la interinidad. | | E.P.

Los empleados interinos de la Administración General de la Comunidad Autónoma continuarán con las movilizaciones en el primer semestre de 2022. Los sindicatos Sepca, Intersindical y Co.bas han presentado un preaviso de huelga que se extenderá desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022 ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno canario del acuerdo que suscribieron el comité de huelga y el Ejecutivo el pasado mes de abril.

Según el preaviso de huelga presentado, durante los tres primeros meses habrá una jornada de paros parciales cada mes mientras que en el segundo trimestre habrá un día de paro total también cada mes. De esta forma se mantiene el conflicto laboral pero con un perfil más bajo ya que durante este año todos los meses han habido paros parciales y paros totales, lo que ha provocado cierto desgaste entre los huelguistas y en el seguimiento real del conflicto. Asimismo, el comité de huelga reduce su número de miembros de ocho a cinco.

Los representantes de los interinos motivan el mantenimiento de la huelga en que Función Pública sigue sin garantizar la permanencia de todos los trabajadores que están en abuso de temporalidad en la Administración General y que, después de varias mesas de trabajo en los últimos meses, no se ha terminado de concretar una solución para estabilizar los puestos de trabajo de este personal, que suma unos 3.000 trabajadores en el ámbito de la Administración General. Asimismo, en breve presentarán una demanda contra la Comunidad Autónoma, que esta siendo ultimada por los juristas para interponerla en enero.

En relación con la nueva ley estatal de reducción de la temporalidad en el empleo público, el portavoz del comité de huelga, Manuel González (Sepca), advirtió ayer que antes de la promulgación de la misma había un acuerdo en Canarias y que el Ejecutivo se ha comprometido a garantizar la permanencia de toda la plantilla afectada por el abuso de temporalidad, algo que no hace la ley ya que la misma establece indemnizaciones y listas de empleo para los que se queden fuera de los procesos de estabilización que tienen que convocar las administraciones públicas antes del 1 de junio del próximo año.

Tras un año de conflicto, el comité de huelga de los interinos destaca como parte positiva el acuerdo firmado el pasado 23 de abril que, en su opinión, tiene suficiente «seguridad jurídica» para que se cumpla. Sin embargo, critican que hasta el momento el Ejecutivo ha demostrado «falta de voluntad» en las negociaciones porque «se han dedicado a esperar por Madrid cuando la ley no da una solución efectiva para garantizar la permanencia de todo el personal porque abre la puerta a indemnizaciones y listas de empleo para aquellos que no superen los procesos de estabilización».

El comité de huelga, formado por los sindicatos Sepca, Intersindical y Co.bas, también prevé que cuando se aplique la nueva ley estatal habrán impugnaciones y recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque, a su juicio, no cumple con la doctrina jurisprudencial comunitaria para estabilizar al personal en abuso de temporalidad. En este sentido, recordaron que presentaron una queja ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, que ha dado trámite a la misma.

La ley de reducción de la temporalidad en el empleo público entrará en vigor de forma inminente y a partir de ese momento las comunidades autónomas y las corporaciones locales tienen hasta el 1 de junio de 2022 para identificar las plazas que están ocupadas por personal interino y temporal, con el fin de convocar los concursos de méritos y las oposiciones a las que les obliga la norma para reducir la interinidad. El Gobierno canario busca un acuerdo de mínimos con todos los sindicatos, una cuestión complicada en Canarias ante la división sindical entre los que están a favor y en contra de la ley.

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