«Un año más». Ese es el tiempo de vida que, aseguran, les queda a las más de 200 instituciones del tercer sector de Canarias si no cambian las cosas en la gestión de la Consejería de Derechos Sociales en manos de Noemí Santana. Así lo explica desde la Coordinadora de Acción Social de Canarias, una federación conformada por entidades y ONG adjudicatarias de los servicios sociales del Gobierno autonómico, los cabildos insulares y los ayuntamientos, su presidenta, Emma Colao, presidenta. Una labor que, asegura, «está en peligro» debido a las políticas que la Consejería ha puesto en marcha desde 2019, o más bien por las que «no ha puesto en marcha». Noemí Santana «no ha cumplido ni una promesa», lo que ha llevado al tercer sector a enfrentarse a una situación económica «complicada que provoca despidos y falta de medios», apuntan en la Coordinadora. Según este grupo de ONG, «los servicios en áreas como dependencia, mujer, violencia de género o discapacidad quedarán en nada porque las asociaciones no vamos a poder continuar en esta situación».
Desde la Coordinadora aclaran que la escasez de financiación es el principal problema, provocado por la «ineficacia» a la hora de establecer los plazos de convocatorias y las cuantías de las subvenciones. La representante de este grupo de organizaciones explica que la última convocatoria para la asignación del 0,7% social del IRPF ha estado especialmente «mal gestionada» ya que se convocó con un año de retraso, por lo que al saltarse una convocatoria «se saltó la ley general de subvenciones». Según indican las ONG, las bases del proceso se dispusieron en diciembre y se otorgó un plazo de dos semanas para registrar los proyectos que pretendían ser beneficiarios en esta convocatoria.
Las 200 entidades del tercer sector critican los retrasos en las convocatorias de subvenciones
Este plazo de 15 días es una de las cuestiones que rechazan desde las ONG integradas en la Coordinadora de Acción Social de Canarias. Y así lo manifiestan en una carta enviada ayer al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. En el texto aseguran que el plazo establecido para el registro de los programas o proyectos es «absolutamente inadmisible», así como de «expresa irresponsabilidad» por parte de la Administración a la hora de comprender el funcionamiento de las entidades sociales y la necesidad de la financiación que emana de la convocatoria «más relevante» en materia de financiación.
En la misiva las organizaciones afirman que las bases de la convocatoria «atentan» contra los derechos laborales y personales de los profesionales que se han visto obligados, según las ONG, a «aumentar la intensidad laboral de sus jornadas sacrificando en algunos casos hasta días de especial relevancia como lo resultan el 24 y 25 de diciembre». El texto dirigido a Torres y Santana también enumera «las deficiencias» que las entidades encuentran en el proceso de registro electrónico de los programas o proyectos subvencionables. «El proceso se ha desarrollado con un pilotaje de una nueva aplicación, un sistema que registra esos proyectos de manera online y que falla más que una escopeta de feria», critica Colao, quien reclama que los plazos de las convocatorias salgan con más tiempo.
Otra de las cuestiones que critican desde la Coordinadora de Acción Social de Canarias es que las entidades enmarcadas en el área de «Mujeres» –prestadoras de servicios orientados a la atención a víctimas de violencia de género, así como para su prevención–, se «vieron obligadas» a obtener, en el plazo de dos semanas, un documento de los cabildos que acreditase la necesidad de los servicios para poder optar a la subvención.
Las entidades también exigen que las cantidades de las subvenciones aumenten para que más organizaciones de servicios sociales puedan acceder a ellas. «Necesitamos más financiación para poder prestar todos los servicios porque hay mayor demanda en las Islas», explica. «Las administraciones públicas se han acostumbrado a que tengamos que salvarles siempre las espaldas sin recibir nosotros ningún tipo de derechos ni garantías», añade Colao. El retraso en la llegada de prestaciones ha provocado que los miembros de las juntas directivas de las asociaciones hayan tenido que «embargar sus propios bienes patrimoniales personales» para hacer frente a las facturas, según explica la presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias.
«La consejera miente cuando afirma que faltan recursos. Hay más dinero que en 2019 y estamos peor»
Negociaciones, proposiciones no de ley o recursos potestativos son solo algunos de los caminos, además de la carta, que han utilizado las asociaciones para hacer llegar sus quejas hasta el Gobierno de Canarias. Pero las respuestas no llegan, asegura la Coordinadora. «Lo único que nos contestan es que falta personal y recursos, cuando esto no es cierto. Esta es una de las grandes falacias de Noemí Santana». Las entidades aseguran que el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales ha ido creciendo desde el año 2019 –año en el que la situación de las entidades era mejor que la actual–, por lo que no entienden que con «más dinero la gestión empeore».
Al comienzo de la legislatura las organizaciones tenían «grandes esperanzas» en la Consejería de Derechos Sociales ya que, según explican, entendían que estaba en manos de una «persona que valoraba la importancia de los servicios sociales por las líneas políticas de su partido», pero las ilusiones de las organizaciones se rompieron cuando experimentaron «el deterioro de la gestión» para con el tercer sector. «No nos esperábamos que incluso empeoraran las comunicaciones de la administración pública con las entidades sociales, pero así ha sido», lamenta Colao, quien reconoce que en anteriores legislaturas también existieron problemas, pero «nunca tan graves como estos».
