La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que encabeza el socialista José Antonio Valbuena, ha garantizado a la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc) su presencia en la comisión que debe desarrollar las competencias en Costas cuyas transferencias fueron acordadas entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Una vez resuelto el marco competencial en diciembre -que incluye las misma potestades que ya tienen Cataluña y Andalucía, sostiene el Ejecutivo-, a finales de enero o principios de febrero está previsto que se firme la cesión.
A partir de la rúbrica de ese convenio comenzará el trabajo de la comisión en la que se integrará la Plataforma junto a la federaciones de islas (Fecai) y municipios (Fecam). La idea es que sea un órgano operativo que entre en el análisis detallado de cada núcleo del litoral de las Islas, establezca una reglamentación sobre ellos y resuelva su relación con lo que determina la Ley de Costas de 1988.
El colectivo, Fecai y Fecam integrarán la comisión para desarrollar la nueva transferencia
Valbuena se ha comprometido con el presidente de la Pcalc, el abogado José Luis Langa, a hacer efectiva esta integración que supone reactivar el protocolo de cooperación firmado por el Gobierno de Canarias y la Plataforma en abril de 2016. Canarias, como adelantó este periódico el pasado 18 de diciembre, parte con la premisa de igualar las amplias competencias en la materia de comunidades como Cataluña o Andalucía. Así quedó determinado en una reciente reunión técnica entre la Comunidad Autónoma y el Estado, a través de la Dirección General de Costas, que solventó los flecos pendientes tras una larga negociación. Entre otras cuestiones, las Islas tendrán capacidad sancionadora y participación en el planeamiento del litoral. El Estado pretendía en principio reservarse ambas competencias, aunque ha aceptado la transferencia de las mismas con el desarrollo del artículo 157 del Estatuto de Autonomía. Resta por culminar para cerrar definitivamente el traspaso el capítulo de los recursos humanos, materiales y económicos.
Valbuena y Langa mantuvieron una reunión hace unos días en presencia del viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, Leopoldo Díaz, para ratificar y reactivar el mencionado protocolo de 2016. Ese documento, que rubricaron Díaz y Langa, además de la entonces consejera regional de Política Territorial Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), abogaba por la constitución de una comisión mixta con representantes de los cabildos y ayuntamientos afectados. No se pudo poner en marcha cuando estaba prácticamente ultimada en marzo de 2020 al coincidir con el inicio de la pandemia de la covid.
El protocolo también sienta las bases que deben regir para que se reconozca la singularidad del territorio en las Islas por su especial configuración paisajística, etnográfica, geológica y arquitectónica. En este sentido, la iniciativa, ahora reactivada, buscaba impulsar la cooperación en el camino de encontrar fórmulas que incidiesen en lograr la regularización del mayor número de edificaciones afectadas por la vigente Ley de Costas, así como la necesidad de recopilar el máximo de información posible sobre esos núcleos de litoral isleño con el fin de poder ser utilizados en la labor de defensa de los mismos.
Elemento clave
En ese marco, la nacionalista Nieves Lady Barreto ya dejaba claro entonces que «los núcleos costeros son un elemento de la cultura, el paisaje y la historia de Canarias». Resaltaba asimismo que «existen datos de ellos desde principios del siglo XX e, incluso, de épocas anteriores». José Luis Langa, por su parte, ha pedido siempre de forma reiterada la creación de este frente común «para defender a un pueblo que vive por y el del mar desde tiempos inmemoriales». Insiste desde hace más de dos décadas en que «Canarias es, sin duda, el territorio nacional más afectado por la Ley de Costas de 1988».
Cientos de familias canarias, de todas las Islas, están amenazadas por la aplicación retroactiva de la Ley. La Plataforma entiende que «se puede llegar tarde para salvar las viviendas, los negocios y la forma de vida de ciudadanos que han vivido en esas poblaciones desde mucho antes de la aplicación de la ley en 1988». Ambas partes manifestaron en el acuerdo la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir que Canarias disponga de las mismas competencias en Costas que otras comunidades autónomas con el propósito de lograr una gestión integral del litoral, sin desfases entre la ordenación urbanística y medioambiental con las normativas sectoriales de la legislación de Costas.
La plataforma entiende «fundamental» en todo este largo proceso el traspaso de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma porque, en palabras de Langa, «somos un territorio único y con características únicas que debemos saber explicar a los responsables políticos en Madrid».
La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas lleva más de 20 años de lucha en defensa de los intereses de quienes residen en núcleos del litoral desde antes, en su gran mayoría, del desarrollo legislativo del año 88.
Más de 150.000 personas de 66 municipios de las islas están afectadas por la norma de 1988
El proceso ha sido largo con recurrentes notificaciones de derribo desde el ente estatal que reaparecen de forma puntual como una amenaza para los afectados. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife son conocidos los conflictos en Teneride de El Cho Vito o Bajo La Cuesta (en Candelaria), Santa Lucía y Las Bajas (Güímar) y San Andrés (Santa Cruz de Tenerife); los de Puntalarga y El Faro en Fuencaliente (La Palma) o Valle Gran Rey (La Gomera). En estos y otros más, en los que el equipo jurídico que dirige Langa ha intervenido directamente e interviene todavía hoy, la Plataforma ha velado de manera global en la defensa de las aproximadamente 150.000 personas que residen en distintos puntos del litoral en 66 de los 88 municipios del Archipiélago. Ahí hay que incluir a los vecinos de Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria) o Playa Blanca (Lanzarote).
Langa lo resume así: «Estamos hablando de la supervivencia de todo un pueblo, de la defensa de su idiosincrasia y de su cultura, pues lo que se pueda perder Canarias no sólo afecta a los implicados sino a todos los ciudadanos de las Islas». Los afectados esperan que en la revisión de su situación, de acuerdo con la ley vigente, al menos se les escuche una vez las competencias pase a detentarlas la Comunidad Autónoma.
CC culpa al PSOE de mentir
Coalición Canaria acusa al PSOE de «repetir la misma mentira» sobre las competencias de costas y reprochan que el Gobierno de España «niegue a las Islas lo que sí transfiere a otras comunidades», en relación a la transferencia de esas competencias. Los nacionalistas acusaron a los socialistas de «sacar a Canarias del mapa» mientras el Ejecutivo central «consolida sus compromisos con otros territorios», en relación a las trasferencias materializadas a regiones como el País Vasco o Cataluña. Esto, añade CC en un comunicado, «choca con los incumplimientos con Canarias que van desde la condonación de la deuda de carreteras, el incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal hasta la transferencia de las competencias de Costas prevista para el pasado mesde junio y que siete meses después sigue en el aire». CC acusa al PSOE y al presidente canario, Ángel Víctor Torres, de que la «debilidad» de su partido y su «falta de peso político en Madrid» está «pasando factura a Canarias». | LA PROVINCIA / DLP
