El sector audiovisual quiere que la Agencia Tributaria Canaria le eche una mano en la búsqueda de inversores. O más bien en la difícil tarea de convencer a esos potenciales inversores de la viabilidad y seguridad jurídica del incentivo fiscal isleño. La idea en la industria es que la Agencia Tributaria autonómica dé una especie de garantía previa a cada proyecto, una suerte de aval jurídico-administrativo que los promotores de la película, la serie o el documental puedan presentar en el proceso de búsqueda de financiación. No en vano, si ya de por sí es complicado encontrar inversores en la Comunidad Autónoma para acogerse al mayor incentivo fiscal a las producciones nacionales –para aprovechar el incentivo extra de que disfruta Canarias en virtud de su Régimen Económico y Fiscal es necesario que el inversor radique en las Islas y que tenga la suficiente cuota del Impuesto sobre Sociedades para poder aplicarlo–, la tarea aún se ha complicado más de un tiempo a esta parte por la inseguridad jurídica. Ese aval previo de la Agencia Tributaria Canaria les serviría a las productoras para disipar las dudas de los potenciales inversores. Dicho de otro modo: les ayudaría en la búsqueda de financiación y, por ende, contribuiría a la promoción del incentivo a las películas y series nacionales, cuyo uso está en franco retroceso precisamente por la inseguridad y la escasez de inversión.
El Clúster entiende que el futuro del incentivo nacional pasa por asimilarlo al internacional
Desde el Clúster Audiovisual de Canarias –la organización que aglutina y armoniza los intereses de las empresas del sector en el Archipiélago– explican que el futuro del incentivo a las producciones cinematográficas nacionales pasa de forma inexorable por su monetización, es decir, por asimilarlo al incentivo a las películas internacionales. Esto ayudaría a que las productoras se soltaran de la mano del capital privado, o al menos a que no dependieran tanto de este para arrancar sus proyectos, ya que si no tuvieran la cuota suficiente en el Impuesto sobre Sociedades para disfrutar del incentivo, podrían solicitar a Hacienda su monetización. Es decir, su abono vía transferencia, tal como ocurre en el caso de las productoras internacionales. Mientras esto no se consiga, máxime en una región donde el sector audiovisual lo integran en su gran mayoría micropymes, la búsqueda de capital seguirá siendo harto compleja. Por eso el Clúster pide ese aval previo de la Agencia Tributaria Canaria, lo que allanaría el camino de las productoras y seguramente serviría para convencer a muchos inversores dudosos por los vaivenes jurídicos del incentivo. Vaivenes que, por cierto, ha generado en ocasiones el propio Gobierno central, el último cuando incrementó el tope máximo de la deducción hasta los diez millones sin elevarlo hasta los 18 –Canarias tiene aquí un diferencial fiscal a su favor del 80%– en la Comunidad Autónoma.
Navarra ya cuenta con esa ‘garantía tributaria’ que plantea el sector en el Archipiélago
Esta suerte de validación previa de los proyectos audiovisuales está ya funcionando en la Comunidad Foral de Navarra, y con mucho éxito. De hecho, Navarra se ha convertido en la región española de mayor crecimiento de la industria en los últimos años, hasta el punto de que si en el Archipiélago faltan inversores, allí sobran. En última instancia se trata de una herramienta para reducir la conflictividad jurídica –y hasta cierto punto el desconocimiento– en torno al incentivo a las producciones nacionales. Con más razón si cabe en las Islas, entienden en el Clúster Audiovisual de Canarias, por cuanto disfrutan de una mayor deducción en virtud de su fuero.
