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Hacienda le marca a Montero las líneas rojas de Canarias en la financiación

El Gobierno regional ve «inoportuno» que el Ministerio mezcle la insularidad con el sistema tributario en su propuesta para el cálculo de la población ajustada

Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero y varios diputados tras un debate en el Congreso. Europa Press

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias está ultimando su contestación a la primera propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la reforma del sistema de financiación autonómica. El departamento dirigido por Román Rodríguez prevé tener lista la respuesta para entre los próximos días 25 y 26 y hacerla llegar al Ministerio de Hacienda antes de fin de mes.

En estos días, los técnicos y el viceconsejero del área, Fermín Delgado, están reuniéndose con expertos para estudiar de forma conjunta la iniciativa del Ministerio de María Jesús Montero y armar así el argumentario de la Comunidad Autónoma. A falta de los detalles, en la consejería quieren que esta primera toma de posición sirva para marcarle con claridad al Ministerio las particulares líneas rojas de Canarias; sobre todo tras comprobar cómo el informe del Departamento estatal (que en principio debía limitarse a abrir el debate sobre la fórmula para el cálculo de la población ajustada) mezcla el parámetro de la insularidad, que se tiene en cuenta para la financiación de los dos archipiélagos del país (Baleares y Canarias), con las singularidades tributarias de las Islas, en definitiva con su Régimen Económico y Fiscal (REF).

Apenas se trata de una frase en la propuesta del Ejecutivo de Sánchez, una frase con la que se pone en relación la insularidad con las «especificidades» del sistema tributario canario, es decir, una frase con la que se desliza una posible minusvaloración del parámetro de la insularidad por la existencia del REF. No extraña así, a tenor de la histórica querencia de los funcionarios del Ministerio de Hacienda hacia considerar el REF como una suerte de privilegio, que en la consejería estén convencidos de que la frase en cuestión no es casual.

En cualquier caso, la frase de marras no ha sentado nada bien en el área de Rodríguez. «No nos gusta; es una frase que consideramos inoportuna, suena muy inoportuna», explica el viceconsejero Delgado.

  • La 'gorda' línea roja. En principio, esta primera propuesta, que es el resultado de los trabajos previos de la comisión de expertos y del Comité Técnico Permanente de Evaluación, «lo que significa que se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas que han participado en estos foros» (dice el Ministerio), se circunscribía al método para calcular la población ajustada. Este es el primer gran parámetro que modifica al alza o a la baja la población de cada autonomía en función de criterios como, por ejemplo, su mayor o menor envejecimiento, de modo que es esta cifra ajustada, y no la población en términos estrictamente cuantitativos, la que sirve de base para el reparto de los dineros. Pero el caso es que en la propuesta se ha colado esa frase tan «inoportuna», lo que de algún modo ha reabierto el debate sobre si el REF debe estar dentro o fuera de la financiación ordinaria. Para que quede claro, lo primero que hará la Consejería de Hacienda es pedir que no se mezclen insularidad y sistema tributario, máxime cuando ni siquiera es este el momento de discutir sobre fiscalidad. Ya que el Ministerio empieza con cuestiones extemporáneas, Canarias dejará claras sus líneas rojas, o más bien su gran línea roja: el REF está al margen de la financiación ordinaria y seguirá al margen de la financiación ordinaria, por tanto no tiene sentido alguno mencionarlo en el debate sobre la población ajustada. En la consejería ni siquiera van a discutir sobre este asunto, sencillamente van a insistir en ello en Madrid las veces que haga falta. En el departamento de Rodríguez tienen las leyes de su parte y a todas las instituciones del Archipiélago detrás.
  • La insularidad no se toca. Al margen de exigir que no se mezcle con los tributos, y precisamente por ello, la Comunidad Autónoma quiere que el parámetro de la insularidad tenga, como poco, la misma consideración para el reparto de los dineros que tiene en el actual sistema de financiación. El informe del Ministerio insiste, en cambio, en que «la consideración de la variable de insularidad dentro del SFA [Sistema de Financiación Autonómica] no puede aislarse de otros conceptos económicos y fiscales». No hay que olvidar que las regiones que pierden residentes pretenden introducir el parámetro de la despoblación como factor de cálculo a su favor. Y de hecho así va a ser.
  • Desigualdad. Con independencia de los dos puntos anteriores, que Canarias debe dejar claros obligada por la amenazante frase del Gobierno central, en la Consejería de Hacienda valoran que se tenga en cuenta el porcentaje de desempleados que no cobran el paro para la financiación de las políticas sociales. Es más, el Ejecutivo regional cree que los parámetros de renta y pobreza también deberían considerarse en la mayor o menor transferencia de fondos para, como mínimo, la Sanidad. No en vano, el Archipiélago lleva veinte años consecutivos alejándose de la riqueza media nacional en términos de PIB per cápita y sufre también las mayores tasas de población en pobreza o al borde de la pobreza de todo el país. Además, en la consejería también ven con buenos ojos que en el reparto de los dineros para Educación se tenga en cuenta el mayor o menor peso del colectivo universitario en la población.
  • El IGTE. El extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) es otro de los puntos relevantes de la negociación. El Gobierno de Canarias quiere que se mantenga el actual statu quo. Hasta 2016, la Comunidad Autónoma tenía que transferir a las arcas estatales una cantidad anual en concepto de compensación por la supresión del IGTE, que con el nacimiento del REF quedó integrado en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Con Fernando Clavijo en la Presidencia del Ejecutivo autonómico y Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda, Canarias y el Estado acordaron la suspensión temporal de la compensación hasta que hubiera un nuevo sistema de financiación. Por eso ahora les toca a Román Rodríguez y Fermín Delgado convencer a la ministra Montero para que esa suspensión se convierta en permanente. «Hay que volver a pelearlo», expone el viceconsejero.
  • Fondo de nivelación. En cuanto al fondo de nivelación que exige la Comunidad Valenciana (con el apoyo de al menos Murcia y Andalucía), el Gabinete isleño prefiere esperar a que la idea esté por escrito antes de posicionarse de forma clara. No obstante, en la consejería son conscientes de que los primeros cálculos de expertos como Ángel de la Fuente sitúan al Archipiélago entre las regiones más beneficiadas por ese eventual fondo compensatorio. Pero por ahora no son más que cálculos preliminares. Sí es seguro que el Fondo de Competitividad le reporta a la Comunidad Autónoma 375 millones de euros, y también que para seguir accediendo a esta bolsa de dinero el REF debe permanecer al margen de la financiación ordinaria. ¿Por qué? Porque los fondos de competitividad solo se distribuyen entre las regiones por debajo de la media en financiación per cápita (siempre tomando como referencia la población ajustada, no la población sin más) o cuya capacidad fiscal es inferior a la media. Y resulta que si los recursos del REF se meten en el saco de los recursos ordinarios, Canarias pasa de estar por debajo de la financiación media a estar por encima. O lo que es lo mismo: pasa de percibir dinero del Fondo de Competitividad a no percibirlo.

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