La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a 9 cargos y un letrado por delitos de corrupción urbanística al aprobar que el Cabildo comprara en 2012 dos terrenos de 30.700 metros cuadrados, de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, situada en Geneto, La Laguna. La Corporación insular realizó la operación a través de una de sus empresas, Parque Científico y Tecnológico, y pagó por esos terrenos 18,9 millones de euros, 13 millones al CD Tenerife SAD y 5,9 millones a la empresa público-privada NAP. Esta es la cronología de los hechos para entender una operación tan compleja.
1997 - El CD Tenerife compra los terrenos en La Laguna: Dos años antes de que el Cabildo de Tenerife comience a prestar una ayuda económica millonaria al CD Tenerife para su supervivencia, el club, presidido entonces por Javier Pérez, adquiere 99.100 metros cuadrados en Geneto y Los Baldíos, en el municipio de La Laguna, por 1,7 millones de euros para construir una ciudad deportiva. La mayor parte del dinero que aporta la Corporación insular en 1999 y 2002 va para ese proyecto.
2005 - División en lotes: La deuda del equipo de fútbol tinerfeño es tan grande en 2005 que decida dividir en varios lotes los 99.100 metros cuadrados para vender algunos de ellos. El CD Tenerife solicita al Cabildo que renuncie al derecho de tanteo para subastar uno de estos lotes bajo el proyecto de desarrollo urbanístico Parque Empresarial Tenerife Siglo XXI. La administración insular acepta la renuncia pero la subasta fracasa al no presentarse ninguna oferta. Es entonces cuando accionistas del CD Tenerife y empresarios destacados de la Isla constituyen la entidad Tenerife de Inversiones y Proyectos SA, como promotora inmobiliaria del club. Esta sociedad adquiere un lote de 30.700 metros cuadrados por 16 millones tras conseguir un crédito de 30 millones de CajaCanarias, entidad desaparecida. La promotora divide la finca en dos: una de 17.442 metros cuadrados y otra de 13.258.
2007 - Aparece el NAP: El 12 de marzo de 2007, la entidad NAP de África Occidental Islas Canarias SA, en cuyo capital participa el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER, cuyo accionista mayoritario es el Cabildo) y empresarios destacados de la Isla al 50%, compra a la promotora del CD Tenerife la finca de 17.442 metros cuadrados para instalar el Datacenter (punto de acceso neutro a internet para Canarias y África Occidental) por 9 millones de euros.
2011 - El CD Tenerife absorbe su promotora: El CD Tenerife absorbe a la promotora inmobiliaria en 2011 y también su deuda, que asciende a 10,6 millones. La justificación que alegaron entonces los responsables del club -Miguel Concepción lleva en 2011 cinco años como presidente de la entidad- es la escasa actividad de la promotora desde su constitución por las trabas burocráticas que debe sortear cualquier proyecto.
2011 - Opción de compra: El siguiente paso de esta compleja operación se produce en abril de 2011. El Cabildo de Tenerife firma un contrato privado con el CD Tenerife con una opción de compra de suelo de los terrenos de la Ciudad Deportiva, que se había inaugurado en 2003 y que solo ocupa una parte de los 99.100 metros adquiridos por el club en 1997. Por ese contrato, la Corporación insular entrega tres millones de euros como prima de esa opción de compra a la sociedad anónima deportiva. Sin embargo, la Corporación desechó luego esa opción, que le daba un privilegio sobre la compra, una decisión ahora bajo la lupa de los investigadores.
2021 - La operación que centra la denuncia de la Fiscalía: El 24 de enero de 2012, el Cabildo de Tenerife formaliza de forma definitiva la adquisición del lote del NAP y el otro de 13.258 metros cuadrados del CD Tenerife situados en la Ciudad Deportiva de Geneto a través de la empresa Parque Científico y Tecnológico, de la que posee el 97% de las acciones. La institución insular paga por ambos terrenos 18.992.460 euros -13 millones por los del CD Tenerife SAD y 5,9 millones por los del NAP- con la justificación de ubicar allí el Parque Científico y Tecnológico. Lo hace después de sucesivas modificaciones del acuerdo aprobadas en cuatro consejos de administración de Parque Científico y Tecnológico entre el año anterior y ese 2012. Es el punto en el que se concentran los indicios de corrupción para la Fiscalía, al entender que la operación se realizó cuando los miembros del consejo eran conscientes de que no era el lugar idóneo para el recinto científico, que ya entonces se sopesaba construir en Cuevas Blancas, municipio de Santa Cruz de Tenerife, donde de hecho se construye en la actualidad. Al quedar esos terrenos sin interés público -permanecen sin proyecto hoy-, la empresa Parque Científico y Tecnológico sufrió un grave golpe en su estabilidad financiera y económica, al tener que afrontar el fuerte desembolso de los 18,9 millones de euros de los terrenos y no recibir liquidez de la Corporación Insular, siempre según la denuncia del Ministerio Público presentado ahorado al Juzgado de La Laguna.
2013 - Deuda del NAP: En 2013, el Cabildo absorbe el NAP, la sociedad a la que la Corporación compra uno de los solares, constituida en 2006 y participada en un 50% por el ITER y el resto por empresarios de Tenerife. Antes de esa absorción por fusión en 2013 del NAP por el propio ITER, que de forma mayoritaria pertenece al Cabildo, el propio ITER compra las acciones que ostentan los empresarios privados o la canjea a estos empresarios privados por acciones de la entidad Solten II SA (sociedad con grandes beneficios y con un alto reparto de dividendos anuales) sin que la deuda del préstamo de los terrenos adquiridos se reflejara en el valor de adquisición de las acciones por el ITER y asumiendo esta la deuda existente de más de dos millones.
2020 - El ‘informe Messía’: El 9 de octubre de 2020, Antonio Messía de Yraola, interventor general del Cabildo de Tenerife, firma un escrito que poco después remite a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial, a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y la Audiencia de Cuentas de Canarias. El informe Messía denuncia «un menoscabo de caudales públicos» en la compleja e intrincada operación por la que el Cabildo compra los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife. El interventor ve indicios para actuar contra los responsables de esta compraventa por suponer un “uso irregular de fondos públicos”. Se refiere a los miembros de los consejos de administración de la entidad Parque Científico y Tecnológico que aprobaron la operación tras sucesivas modificaciones que ahora pide investigar la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
2020 - Los precedentes del escrito del interventor: El informe Messía llega 8 años después de producirse la operación urbanística en la que observa irregularidades graves. El interventor del Cabildo se basa en un informe suscrito por la consejera delegada del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la responsable del área de prevención de delitos del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), ambas entidades dependientes de la Corporación insular, que alertan de una sucesión de irregularidades en la operación constitutivas de los posibles delitos de administración desleal, prevaricación, malversación y responsabilidad contable. Pedro Martín (PSOE), presidente del Cabildo, y Enrique Arriaga (Ciudadanos), vicepresidente, reconocieron en la rueda de prensa en la que anunciaron el traslado del informe Messía a los órganos judiciales que estos análisis surgieron ante la necesidad de buscar una salida económica a empresas públicas insulares como Parque Científico y Tecnológico. Fue ahí cuando sus responsables vieron operaciones que habían podido provocar un quebranto a las arcas públicas.
2021 - Denuncia de la Fiscalía: La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que dirige María Farnés -la misma fiscal que resolvió el caso Las Teresitas-, eleva el 28 de diciembre pasado una denuncia tras investigar el informe Messía. Lo traslada al Juzgado de La Laguna, que aún no ha decidido si abre procedimiento. El Ministerio Público pide llamar a declarar como investigados por prevaricación y malversación de fondos públicos, delitos de corrupción urbanística, a 10 cargos que participaron en los consejos de administración de la empresa Parque Científico que aprobaron la compra de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del Tenerife con dinero del Cabildo. Entre los denunciados se encuentra Julio Pérez (PSOE), consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, y los expresidentes de la Corporación tinerfeña Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC).
2021 - No es la primera denuncia del Ministerio Público: No es la primera denuncia que presenta la Fiscalía sobre esta compleja operación urbanística de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife. En julio de 2021, el Ministerio Público ve indicios de los delitos de malversación y prevaricación en los 14 miembros del consejo de administración del ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables), empresa pública del Cabildo de Tenerife, que en 2012 aprobó la absorción de la deuda privada de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias. Al NAP pertenecía precisamente uno de los terrenos que compró el Cabildo en Geneto y que también investiga la Justicia. Entre los cargos que el ministerio público pide llamar a declarar como investigados en este otro caso figuran los expresidentes del Cabildo Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC), el exvicepresidente insular Aurelio Abreu (PSOE) y el actual viceconsejero de Lucha Contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE). También ha pedido que se llame a declarar como investigados a los otros miembros del consejo de administración del ITER, entre los que están Álvaro Arvelo, expresidente de CajaCanarias; Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias; y Eduardo Doménech, exrector de la Universidad de La Laguna.
