Julio Pérez, consejero de Justicia y Seguridad y portavoz del Gobierno de Canarias, admitió ayer que participó en uno de los consejos de administración de la empresa del Cabildo de Tenerife Parque Científico y Tecnológico, que aprobaron la compraventa de dos terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife, pero que «delegó su voto» en otro consejero y por lo tanto entiende que queda exento de responsabilidad. La Fiscalía ha presentado una denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos contra el político socialista y otros nueve cargos, entre ellos los expresidentes del Cabildo Ricardo Melchior y Carlos Alonso (CC), al concluir que votaron a favor en esos consejos de la compra de unos terrenos en Geneto, La Laguna, aún a sabiendas de que habían perdido interés público y de que la operación iba a suponer un grave perjuicio económico a la empresa. De hecho, la entidad del Cabildo aún no ha superado sus graves problemas financieros desde que se produjo la compra de las fincas.
Julio Pérez acudió al consejo de administración de Parque Científico y Tecnológico del 28 de diciembre de 2011, uno de los cuatro que investiga la Fiscalía, como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Uno de los acuerdos que aparecen en el acta es que el consejo «queda enterado» -avala- de que, en ejecución de acuerdos de dos anteriores consejos -19 de mayo y 25 de julio de 2011-, se va a proceder a la compra de los dos terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife. El consejero de Justicia del Gobierno canario precisa que no participó en la votación. «No voté. Intervine en el debate previo, formulé una serie de objeciones y luego me fui. Tampoco había intervenido ni asistido a los consejos anteriores en los que se decidió esa compra», explica el portavoz del Ejecutivo regional.
Julio Pérez, que en su dilatada trayectoria política también fue secretario de Estado de Justicia con el Gobierno de Zapatero, delegó su voto en otro miembro socialista de aquel consejo de administración, José Luis Delgado, en aquel entonces consejero insular de Carreteras y hoy director general de Infraestructura Viaria del Ejecutivo regional. «Delegar no hace responsable al delegante de los actos del delegado», aclara Julio Pérez. «Antes de irme, me dijeron que en aquel consejo no se iba a acordar la adquisición, sino solo se iba a informar al consejo, por lo que se puede suponer que el voto no sería usado para acordar la adquisición», detalla Pérez, que traspasa pues la responsabilidad de su voto de aquella reunión a Delgado.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial entiende, por contra, que aunque fuera delegado, Julio Pérez votó a favor, lo que supone su apoyo a la operación urbanística en la que el Ministerio Público observa irregularidades urbanísticas. Por eso ha solicitado llamarlo a declarar como investigado. El responsable de la Consejería de Justicia no solo asistió a ese consejo de administración. También intervino en el punto relacionado con la adquisición de los solares de Geneto antes de irse y delegar en Delgado. Él mismo lo reconoció ayer: «Dije que si los terrenos eran para reserva universitaria [una idea que terminó desechándose en ese mismo consejo por imposibilidad de la ordenación urbanística], lo adecuado era que se adquirieran directamente por el Cabildo».
En el acta también figura que preguntó si el consejo de administración del 25 de julio de 2011 estaba legalmente constituido pues acaban de celebrarse elecciones municipales, insulares y regionales, lo que quería decir que los cargos públicos ejercían en funciones, principalmente Ricardo Melchior como presidente del Cabildo y de Parque Científico, y Carlos Alonso, como consejero de Economía. El letrado de la empresa pública aclaró que ambos estaban legalmente facultados para hacerlo.
«Formulé varios reparos y pregunté si en aquel momento estaba decidiéndose la adquisición», matizó ayer Julio Pérez sobre la compra de los terrenos de La Laguna, para añadir que tenía «muchas reservas». «Me contestaron que no, que allí no se adoptaba ningún acuerdo sino que se informaba de que el acuerdo había sido adoptado con anterioridad».
Tiempo después de la operación que ahora ha denunciado la la Fiscalía, Julio Pérez fue asesor jurídico de la empresa Parque Científico y Tecnológico. Su bufete, Abogados Asociados Viera y Clavijo 62, ganó un concurso pero el contrato fue rescindido tras varios años trabajando para la empresa pública que ahora centra las investigaciones de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
