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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Canarias, tras Cataluña, la región con más litigios con el Estado

Los test a extranjeros, el REF y la denominación del vino de plátano enfrenta a las Islas y al Gobierno en el Constitucional

Portavoces de los grupos políticos ante la Mesa de Parlamento de Canarias durante un pleno. | |

El nivel de conflictividad constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas se ha reducido drásticamente en los últimos años, especialmente desde el inicio de la presente legislatura y con el actual gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez. Sin embargo, Canarias se ha constituido en este periodo como una de las regiones con mayor litigiosidad en este sentido pese a la identidad de color político entre los Ejecutivos central y el que en las islas preside el también socialista Ángel Víctor Torres. En concreto, es la segunda autonomía hacia la que el Estado ha planteado un mayor número de recursos de inconstitucionalidad, dos desde enero de 2020, solo por detrás de Cataluña, donde la dinámica política e institucional posterior al procés ha obligado al Gobierno central a presentar hasta un total de cinco pleitos ante el tribunal que vigila el cumplimiento de la Carta Magna.

Sánchez impugnó a Torres el decreto de cierre perimetral y la ley de Calidad Agroalimentaria

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El total de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado desde en los dos últimos años hacia alguna de las comunidades autónomas se ha reducido a 13. La conflictividad ha caído un 84 % desde el periodo 2011-2016, el mandato completo de Rajoy, hasta 2020-2021, la legislatura actual de Sánchez. Si se suman los periodos en funciones (de enero a julio de 2016, con Rajoy en la Moncloa, y de mayo a diciembre de 2019, con el líder socialista en el poder), los recursos se reducen de 88 (77 y 11) hasta 19 (7 y 12), es decir, una reducción del 78,40 %, teniendo en cuenta además que las 50 impugnaciones de la legislatura marcada por la moción de censura fueron presentadas, en su inmensa mayoría, por el PP, quien tuvo que hacer frente al órdago catalán hacia el orden constitucional.

De los 13 pleitos interpuestos por el Estado desde enero de 2020 (12 impugnaciones y un conflicto de competencias), además de los cinco que afectan a Cataluña y los dos relacionados con leyes canarias, los otros ocho se dirigen contra las comunidades de Andalucía, País Vasco, Galicia, Navarra, Asturias y La Rioja, uno por cada uno de estos territorios.

Los dos conflictos que han enfrentado a Canarias con el Estado han sido a causa la ley de Calidad Agroalimentaria, aprobada en abril de 2019 contra la que se interpuso recursos en enero de 2020, y del decreto de cierre perimetral de la comunidad autónoma durante una de las fases de las pandemia sanitaria por covid-19, en diciembre de 2020, estando en vigor el decreto estatal de alarma.

En el primer caso, el Estado alegaba que se vulneraba la ley básica en la comercialización de productos obtenidos a partir de la fermentación de frutas distinta de la uva, rechazando que en esos casos se pueda utilizar el término ‘vino’, que, según las sentencia del Constitucional en aplicación de la ley 24/2003 de 10 de julio, de la viña y el vino, solo puede aplicarse «a la bebida natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de la uva fresca o del mosto de uva». La ley canaria de Calidad Agroalimentaria avalaba la comercialización bajo ese concepto de los licores de frutas que se producen en las Islas, especialmente el llamado ‘vino de plátano’.

El Parlamento ha recurrido al TC dos incumplimientos estatales del fuero fiscal

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El segundo recurso estatal contra una disposición canaria se refiere al decreto del Gobierno regional por el que se establecían los sistemas de control sanitario para la entrada de viajeros desde terceros países, autorizando el uso de test de antígenos, en contra de la orden establecida en todo el Estado, que solo considera válidas las pruebas PCR para controlar las entradas desde el extranjero. El TC suspendió en abril de 2021 cautelarmente varios de los artículos de dicho decreto, lo que llevó al Ejecutivo canario a elaborar una nueva norma. El Estado consideraba que se vulneraba su competencia exclusiva en materia de Sanidad Exterior establecido en el artículo 116 de la Constitución. El último informe del Ministerio de Política Territorial declara extinguido además un tercer conflicto abierto anteriormente por el Estado contra los presupuestos de Canarias de 2019 y respecto al cual el TC le dio parcialmente la razón en relación con la creación de un fondo de acción social a favor de los empleados públicos autonómicos, limitando la cantidad máxima a aportar.

En el sentido inverso, también ha caído la conflictividad desde las comunidades hacia el Estado. En la X Legislatura (2011-2016), las autonomías interpusieron 136 recursos contra el Ejecutivo de Rajoy, 15 en la XI entre las dos elecciones de 2016, 18 en la XII Legislatura compartida entre el Gobierno del PP y el del PSOE entre 2016 y 2019, y sólo 8 en la actual. Es decir, que de las 152 impugnaciones que las comunidades presentaron entre 2011 y finales de 2016 se ha pasado a las 10 presentadas desde 2019, un 93 % menos.

En esta legislatura, de los siete recursos firmados por las autonomías, cuatro partieron de Cataluña, ninguno desde Canarias, según el último informe al respecto emitido por el Ministerio de Política Territorial, si bien sí hay conflicto abierto desde las Islas aunque no por iniciativa de la comunidad autónoma como tal, sino del Parlamento de Canarias, en relación con la modificación del REF sobre el tratamiento fiscal del cine producido en el territorio, modificando unilateralmente el fuero y no respetar el 80 % de diferencia respecto al resto del Estado, y sobre el real decreto ley de fiscalidad energética, que también modifica el REF sin comunicarlo previamente a la cámara regional para que ésta emita el informe correspondiente.

Acuerdos bilaterales

Una de las causas de la reducción de la conflictividad entre el Estado y las autonomías es la creación de la Comisión de Seguimiento de las Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas, que examina toda la normativa que emana desde los distintos territorios y con la que el Gobierno central trata de ‘normalizar’ las relaciones con ellos a través de las mesas de diálogo o las comisiones bilaterales que permiten varios estatutos de autonomía, las multilaterales, y también a través de mecanismos como la reducción de la litigiosidad. Es decir, que el Ejecutivo intenta dialogar con la comunidad antes de enviar un recurso al Tribunal Constitucional.

Una comisión bilateral ha logrado en seis ocasiones limar asperezas para no llegar al Tribunal

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En este ámbito, el informe del Ministerio de Política Territorial identifica hasta nueve casos en los que Canarias y el Estado han abierto negociaciones para tratar de limar diferencias con un resultado de siete acuerdos alcanzados y dos aún pendientes de resolución final. Los asuntos acordados se refieren a la ley de Servicios Sociales de Canarias; los presupuestos regionales de 2020; las medidas extraordinarias de carácter económico y fiscal para afrontar la crisis provocada por la pandemia; la ley autonómica para financiar medicamentos a los pensionistas; el decreto de medidas urgentes de septiembre de 2020 de impulso del sector turístico; el decreto para la gestión de los fondos europeos Next Generation; y la ley sobre el régimen sancionador por los incumplimientos de las medidas para prevenir y contener la pandemia. Están en trámite de negociación en la comisión bilateral precisamente las dos materias sobre las que hay presentados recursos ante el TC sobre posibles incumplimiento de la ley del REF por parte del Estado .

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