No se cometieron delitos en el muelle de la vergüenza. Así lo considera la Audiencia Provincial de Las Palmas tras archivar definitivamente la denuncia del Ayuntamiento de Mogán contra el campamento provisional del muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde llegaron a hacinarse en el verano de 2020 más de 2.500 inmigrantes. El auto, contra el que no cabe recurso, concluye que “no se pudo actuar de otra forma”, a pesar de que las condiciones eran “pésimas” por lo que se desestima el recurso interpuesto por la representación procesal del consistorio sureño después de que en abril de 2021 el Juzgado de Instrucción número dos de San Bartolomé de Tirajana dictara el sobreseimiento libre -terminación del proceso por falta de pruebas que corroboren la acusación- tras no observar delito alguno por la instalación del mismo.
El mismo tribunal que en febrero del año pasado reabrió el procedimiento por entender que había circunstancias “deplorables” que “requerían una explicación”, declara que las condiciones que soportaron hasta noviembre de 2020 en Arguineguín quienes llegaban en patera a Gran Canaria eran “lamentables”, pero no incurrieron ni en delito de trato degradante ni en detención ilegal. Tanto el Ayuntamiento de Mogán, como varias ONG, denunciaron durante los 101 días que duró en pie el campamento, la falta de condiciones mínimas de habitabilidad y la “retención” de los inmigrantes con PCR negativa después de que pasaran las 72 horas que autorizan las leyes españolas como límite.
La Audiencia reconoce que a los inmigrantes “no se les permitía abandonar el campamento”, pero subraya que no cabe hablar de acto delictivo, porque no se puede “perder de vista” el número de personas y el ámbito en el que se desarrollan los hechos, un núcleo poblacional de pequeñas dimensiones (2.259 habitantes). El tribunal remarca que “no existía en ese momento alternativa alojativa y asistencial alguna”, por lo que estima que la medida adoptada fue adecuada, por más indeseable que parezca”. Los magistrados aclaran que , aunque pueda parecer contradictorio, estas personas pueden considerarse “afortunadas”, ya que no solo sobrevivieron a una “penosa travesía que se ha cobrado múltiples vidas”, sino que recibieron asistencia de Cruz Roja y posteriormente del Estado “al ofrecer soluciones alojativas en distintos hoteles”.
En el caso de Arguineguín, recuerda la sala, en 2020 las devoluciones de los inmigrantes que llegaban de forma irregular “eran imposibles”, porque las fronteras estaban cerradas debido a la pandemia de covid-19, por lo que se “procedió a la puesta en libertad formal, que no efectiva”, de quienes llegaban en patera. “En cualquier caso, parece posible huir de la idea de que esta isla quiera ser convertida en una nueva Lesbos”, añade el ponente del auto, Carlos Vielba, en respuesta a una comparación que no solo establecieron varias ONG, sino también el Cabildo de Gran Canaria, que denunciaba que Interior y la Unión Europea habían transformado a la isla en “una cárcel” para que los inmigrantes no llegaran al continente.
El campamento de Arguineguín fue clausurado a finales de noviembre de 2020, después de que el Defensor del Pueblo enviara un requerimiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar sus condiciones y exigir que se cumplieran las obligaciones de acogida digna que están dispuestas en las leyes. Solo durante ese mes, llegaron a Gran Canaria 6.357 inmigrantes.
