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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Crisis migratoria | Proceso judicial por el campamento de la ‘vergüenza’

Fin a la causa por el «lamentable» hacinamiento en Arguineguín

La Audiencia desestima el recurso de Mogán porque «no se pudo actuar de otra forma» | La decisión descarta que existiera delito

Un grupo de inmigrantes en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, el 11 de noviembre de 2020 cuando llegaron a concentrarse más de 2.500 personas en el mismo espacio. | | EFE/ ÁNGEL MEDINA

No hubo delito en el muelle de la vergüenza. Así lo considera la Audiencia Provincial de Las Palmas tras archivar definitivamente la denuncia del Ayuntamiento de Mogán contra el campamento provisional del muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde llegaron a hacinarse en noviembre de 2020 más de 2.500 inmigrantes. El auto, contra el que no cabe recurso, concluye que «no se pudo actuar de otra forma», a pesar de que las condiciones eran «lamentables», por lo que desestima el recurso interpuesto por el consistorio sureño. Con esta decisión se ratifica el auto de archivo del Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana de abril de 2021 en el que se dictó el sobreseimiento libre –terminación del proceso por falta de pruebas que corroboren la acusación– tras no observar delito alguno por la instalación del mismo.

El tribunal considera que «las condiciones deplorables» de hacinamiento no se dieron por la voluntaria actuación de las autoridades administrativas, sino por la carencia de recursos ante el número de inmigrantes que afrontaron la travesía, por lo que concluye que no existe ni delito de trato degradante ni detención ilegal. Tanto el Ayuntamiento de Mogán, como varias ONG, denunciaron durante los 101 días que duró en pie el campamento de la vergüenza, la falta de condiciones mínimas de habitabilidad y la «retención» de los inmigrantes con PCR negativa después de que pasaran las 72 horas que autorizan las leyes españolas como límite.

La Audiencia reconoce que a los inmigrantes no se les permitía abandonar el campamento, pero subraya que no se trata de un acto delictivo, porque hay que tener en cuenta el número de personas y el ámbito en el que se desarrollan los hechos, un núcleo poblacional de pequeñas dimensiones (2.259 habitantes). El tribunal remarca que «no existía en ese momento alternativa alojativa y asistencial alguna», por lo que estima que la medida adoptada fue «adecuada, por más indeseable que parezca». Además, los magistrados aclaran que, aunque pueda parecer contradictorio, estas personas pueden considerarse «afortunadas», ya que no solo sobrevivieron a una «penosa travesía» que se ha cobrado múltiples vidas, sino que recibieron asistencia de Cruz Roja y posteriormente del Estado que ofreció soluciones alojativas en distintos hoteles.

En el caso de Arguineguín, recuerda la sala, en 2020 las devoluciones de los inmigrantes que llegaban de forma irregular «eran imposibles», porque las fronteras estaban cerradas debido a la pandemia de covid-19, por lo que se «procedió a la puesta en libertad formal, que no efectiva», de quienes llegaban en patera. Los magistrados descartan, además, la idea de que las autoridades quisieran convertir el Archipiélago en una «cárcel» para los migrantes, por lo que Carlos Vielba, el ponente del auto, subraya que «parece posible huir de la idea de que la isla quiera ser convertida en una nueva Lesbos». La comparación con la isla griega no solo la establecieron varias ONG, sino también el Cabildo de Gran Canaria, que denunciaba que Interior y la Unión Europea habían utilizado a la región como una «muralla» para que los inmigrantes no llegaran al continente.

Tras 101 días el improvisado campamento en el muelle pesquero fue clausurado a finales de noviembre de 2020, después de que el Defensor del Pueblo enviara una petición al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar sus condiciones y exigir que se cumplieran las obligaciones de acogida digna que están dispuestas en las leyes. Solo en noviembre llegaron a Gran Canaria 6.357 inmigrantes por lo que fue durante ese mes cuando se vivieron las peores condiciones en las instalaciones provisionales. El Gobierno procedió a su clausura tras las denuncias recibidas desde distintas organizaciones por el drama humanitario que se estaba viviendo, y se puso en marcha el llamado Plan Canarias, que contemplaba la instalación de campamentos estables en varias zonas de las Islas.

Desde ese momento se redujeron las instalaciones del muelle de Arguineguín y ahora tan solo se mantiene un operativo mínimo para atender a quienes logren culminar las travesías que se inician en la costa africana. Los inmigrantes que llegan a Gran Canaria pasan ahora sus primeras 72 horas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Barranco Seco aunque lo cierto es que el peso de las llegadas en 2021 se repartió con Lanzarote y Fuerteventura debido a los cambios en las travesías.

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