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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Acavite urge a Torres a aprobar una ley de víctimas del terrorismo

La asociación lleva doce años reclamando el reconocimiento a las víctimas canarias. La Federación se reunió con Grande-Marlaska

Lucía Jiménez, presidenta de Acavite.

Doce años después la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) sigue esperando por la Comunidad Autónoma para que Canarias cuente con una ley específica para ayudar a las víctimas de las Islas. El Archipiélago y Cataluña son las únicas comunidades que carecen de este rango legal de ámbito autonómico, lo que para la presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, es «incomprensible» y supone un «menosprecio» para las viudas y huérfanos de aquellos que fueron asesinados o heridos por organizaciones como el Frente Polisario, Mpaiac, ETA, Grapo o los yihadistas.

Jiménez relata que la primera petición formal que se hizo para que Canarias cuente con una ley de víctimas del terrorismo es del año 2010 y desde entonces han pasado tres presidentes autonómicos y no ha habido respuesta ni compromiso alguno. También se ha solicitado a los partidos políticos, al Diputado del Común y al Defensor del Pueblo pero hasta ahora las gestiones no han fructificado. Jiménez reitera la necesidad de que al menos haya una ley antes de que acabe esta legislatura pero las peticiones de reunión con Presidencia del Gobierno han caído en saco roto.

Lucía Jiménez tilda de «menosprecio» que Canarias no tenga aún una norma autonómica

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Este fue uno de los asuntos que se abordaron en la reunión que mantuvo la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Mientras hay comunidades como País Vasco, Madrid, Andalucía o Galicia que no solo cuentan con ley propia sino que las han reformado y actualizado, Canarias sigue sin reconocer, como hace el Estado y el resto de comunidades, a aquellos canarios que han sufrido atentados desde los años 70 en el antiguo Sahara español, los pescadores que faenaban en el banco pesquero canario-sahariano y otros afectados por atentados con autoría de organizaciones terroristas como ETA, Mpaiac o el yihadismo. Sin embargo, Acavite se centra más en los más de 280 afectados por los ataques del Frente Polisario en los años 70 y 80. Jiménez elevó esta queja al ministro Grande-Marlaska para que Interior interceda ante el Gobierno canario ya que, según la presidenta de Acavite, «hay partidos que se oponen a la ley y a un reconocimiento de las víctimas, lo que supone una humillación y un menosprecio para los que hemos sufrido la pérdida de nuestros familiares».

Además, los representantes de la federación autonómica de víctimas reclamaron al titular de Interior que se dé un impulso a la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que lleva varios años estancada en el Congreso para su reforma. Se trata, según las asociaciones afectadas, de dar respuestas satisfactorias y legítimas a casos sin resolver por carecer de sentencia judicial, equiparaciones al alza para este tipo de atentados que no se han aclarado y actualizaciones y reformas retroactivas de pensiones para viudas y huérfanos de civiles. Asimismo, se solicita una reserva, cupo o baremo positivo con el fin de modificar el estatuto del empleo público para la contratación y acceso a la Administración del Estado para víctimas y familiares directos, así como medidas psicosociales y residencias para mayores.

Las asociaciones reclaman a Interior más celeridad en la reforma de la ley estatal

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Lucía Jiménez valora la receptividad de Fernando Grande-Marlaska y su equipo, con quienes se han reunido en varias ocasiones desde 2018, si bien los encuentros se interrumpieron con la pandemia del Covid , lo que ha empeorado la situación de familiares de víctimas que se han empobrecido aún más en los últimos años.

Uno de los compromisos adquiridos por el ministro del Interior es la creación de una comisión de seguimiento de los asuntos tratados en la reunión para que las federaciones autonómicas y los responsables del Ministerio evalúen el cumplimiento de los compromisos en los próximos meses. Junto a Interior también intervendrán representantes de otros ministerios implicados como Trabajo y Seguridad Social.

Según Jiménez, todas las asociaciones reunidas con Grande-Marlaska –encabezadas por los representantes de Andalucía, Cataluña, Extremadura y Canarias– instaron a un mayor acercamiento institucional, político y administrativo para implementar la gestión de ayudas a asociaciones y víctimas del terrorismo por parte de los presidentes autonómicos con el fin de paliar la asistencia, reparación, colaboración y protección de leyes autonómicas complementarias. En el caso de las Islas, la presidenta de Acavite reclama al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, que se comprometa a aprobar una ley en el Parlamento autonómico después de más dos años de peticiones de reunión sin que hasta el momento hayan obtenido resultados, pese a que también ha recibido quejas por parte de la Federación y de la Fundación del Víctimas del Terrorismo.

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