Los cuatro diputados de Podemos son los únicos que han votado en contra de defender en Madrid una nueva flexibilización de la normativa sobre la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), de modo que las empresas, golpeadas por la crisis del coronavirus, tengan un año más de plazo para cumplir los requisitos.
El Parlamento regional, con esta excepción de Podemos, alcanza así una insólita unanimidad, ya que los cuatro partidos que sostienen el Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y los podemitas) no querían que este asunto se debatiera en el pleno de este jueves. De hecho, las fuerzas políticas del Ejecutivo elevaron un recurso a la Mesa de la Cámara (el órgano de gobierno del Legislativo autonómico) para que no se discutiera el informe propuesto por la oposición (Coalición Canaria, PP y grupo mixto) en relación con el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico, una iniciativa que se está tramitando en las Cortes Generales y sobre la que el Parlamento debía pronunciarse porque afecta al Régimen Económico y Fiscal (REF).
El caso es que la oposición daba su visto bueno al proyecto de ley estatal, con lo que en principio no había razón alguna para que se produjera un choque parlamentario, pero en su propuesta planteaba la necesidad de que se diera a las empresas un año más de margen en lo relativo a la RIC. Un año más del ya concedido. Fue esto último lo que llevó a los partidos del cuatripartito a tratar de impedir que se debatiera el texto de nacionalistas, populares y grupo mixto. A su juicio era una petición extemporánea que no tenía cabida dentro de este informe de respuesta al Estado por la modificación del REF, aunque en el fondo está la negativa del Ministerio de Hacienda a conceder un nuevo aplazamiento. Con todo, y tras días de conversaciones, los grupos del pacto accedieron a incluir en el informe, finalmente aprobado por unanimidad, esa solicitud de un nuevo año de gracia para las empresas isleñas, algo que la patronal de la Comunidad Autónoma viene reclamando como fundamental para evitar que miles de negocios se vean comprometidos.
Hacienda no está por la labor de dar un segundo año de gracia a las empresas isleñas
El proyecto de ley de medidas financieras es la versión parlamentaria del real decreto 39/2020. A través de este real decreto, el Consejo de Ministros concedió a las empresas un año extra para cumplir los requisitos de la RIC, habida cuenta de la paralización económica por la pandemia. Aunque fue una medida reclamada desde las Islas, el Gobierno central debió solicitar su parecer al Parlamento de Canarias, tal como establece la ley cuando una iniciativa de ámbito estatal modifica el contenido del REF (la RIC es uno de los grandes incentivos fiscales del fuero autonómico). Pero no lo hizo. El despiste del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasó esta vez inadvertido, o casi, precisamente porque la modificación del REF respondía a las demandas de las empresas y las instituciones del Archipiélago.
No obstante, el Congreso de los Diputados decidió que el real decreto se tramitara como proyecto de ley, de ahí que la Cámara Baja, a diferencia del Gobierno central, le solicitó el 23 de diciembre al Parlamento regional su informe preceptivo (que no vinculante). El informe del Legislativo isleño, el que este jueves se vio y votó en pleno, se presentaba, por tanto, como un mero trámite, ya que todos los partidos han estado siempre de acuerdo en que había que ampliar los plazos de la RIC. Sin embargo, el trámite casi acabó por convertirse en un nuevo enfrentamiento entre los grupos del Ejecutivo canario y los de la oposición.
Aunque sería difícil de imaginar vistas las intervenciones de los portavoces parlamentarios, que se felicitaron con mayor o menor efusividad por el amplio consenso alcanzado, el informe de respuesta al Congreso estuvo a punto de agrietar del todo la relación entre los dos grandes bloques de la Cámara autonómica. CC y PP, con la adhesión del grupo mixto, redactaron su propia propuesta de informe. En su escrito, los grupos de la oposición se mostraban favorables a la modificación del REF pero aprovechaban para pedir que se diera un año más de prórroga para el cumplimiento de los requisitos de la RIC. No en vano, muchas empresas de la región aún están muy lejos de superar la crisis.
En cualquier caso, los partidos del cuatripartito reaccionaron con un recurso en el que pedían que no se admitiera a debate el texto de la oposición. ¿Por qué? Porque, a su juicio, el proyecto de ley no modificaba la normativa sobre la RIC, sino que esta se había modificado en su momento en el real decreto 39/2020, al que Parlamento no pudo alegar porque el Gobierno central se olvidó de pedirle su parecer. Es decir, los cuatro partidos del Gobierno entendían que, sensu stricto, ya no tocaba manifestarse sobre lo que no pudieron manifestarse en su momento, toda vez que una cosa es el real decreto y otra, el proyecto de ley, por más que este último derive de aquel.
Con todo, el enfado de las fuerzas políticas de la oposición no fue tanto por los argumentos jurídicos del bloque que apoya al Gobierno de Torres como por el hecho de que se intentara hurtar el debate. Y también porque la mayoría parlamentaria parecía renunciar a conseguir otro año de gracia para las empresas canarias, algo que aún es posible si prospera en el Senado la enmienda promovida por el senador por la Comunidad Autónoma Fernando Clavijo al susodicho proyecto de ley.
La enmienda de Fernando Clavijo en Madrid está ahora respaldada por el Legislativo regional
La enmienda registrada en la Cámara Alta por el también líder de CC es la herramienta que le queda a Canarias para doblegar la resistencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a una nueva ampliación de los plazos de la RIC.
Todos los grupos son conscientes de que será difícil que la iniciativa de Clavijo prospere, ya que hace falta que alguno de los socios díscolos de Sánchez tenga un arrebato de rebeldía en el momento de la votación, pero ahora el senador puede argumentar en favor de su propuesta el unánime respaldo de la primera institución del Archipiélago (siempre excluyendo a Podemos de la ecuación). Porque al final la sangre no llegó al río y tres de los cuatro partidos del Gobierno (PSOE, NC y ASG) accedieron a introducir en el informe definitivo, en línea con lo planteado de inicio por la oposición, que «sería deseable» que «se ampliara el período de materialización de la RIC en 2022, como ya se hiciera en 2021, permitiendo que los beneficios obtenidos por las empresas en 2017 se reinviertan en Canarias en 2022». Un consenso alcanzado in extremis pero que al fin y al cabo une a la gran mayoría del Legislativo en defensa del tejido productivo canario.
El portavoz de Podemos, Manuel Marrero, justificó el no de su grupo sobre la base del histórico rechazo de su partido a los requisitos que establece la ley para acogerse a la RIC, de insuficiente calado social en opinión de los podemitas en términos de creación de empleo. El resto de portavoces, superados el encontronazo y el disgusto por el recurso del bloque del Gobierno, antepuso el amplio consenso a sus posturas partidistas, si bien cada uno trató de arrimar el ascua a su sardina.
El popular Fernando Enseñat consideró el paso atrás de los partidos del cuatripartito como una victoria de la oposición, y la nacionalista Rosa Dávila valoró el amplio acuerdo como un paso más para doblegar la resistencia del Ministerio de Hacienda. Desde el grupo mixto, tanto Vidina Espino como Ricardo Fernández de la Puente insistieron en la importancia de prorrogar un año más el margen para materializar la RIC por la gravedad de la crisis, en lo que ahondó Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera.
El socialista Iñaki Lavandera, por su parte, puso en valor que el año de gracia para la materialización de la RIC, el ya concedido por Madrid, es algo que no se había hecho «nunca antes», con lo que de algún modo defendió el compromiso de su correligionaria María Jesús Montero con la recuperación económica de la Comunidad Autónoma. Esther González, de NC, fue la que con más desánimo defendió el informe cuasiunánime de la Cámara, ya que volvió sobre que no tocaba la mención de la RIC, lo que redujo a un «desiderátum», una simple aspiración. Para González, el Parlamento solo debió dictaminar sobre las modificaciones del REF para evitar la doble imposición IVA-IGIC, un asunto sobre el que no había fisura alguna ni en Madrid ni en las Islas y que quedó reducido a un mero formalismo por la polémica sobre la RIC.
