Si un fontanero, carpintero o electricista hace un trabajo para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tardará menos de nueve días en cobrar la factura correspondiente. Y si lo contrata el consistorio de Arrecife, de Teror o de Adeje también recibirá el pago antes de diez días, lo mismo que si trabaja para el Cabildo de Gran Canaria o el de El Hierro. Todas son entidades locales que cumplen de sobra la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que establece un plazo máximo de 30 días para que las instituciones públicas abonen a sus proveedores los servicios prestados o los productos o mercancías suministrados.
Sin embargo, si ese mismo fontanero, carpintero o electricista recibe un encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, deberá armarse de paciencia hasta que le paguen. No en vano, la corporación municipal del sur de Gran Canaria se demora en el pago una media de 362 días. Es decir, que el autónomo o la pyme se encarga de, por ejemplo, arreglar el tejado de la biblioteca pública y luego tiene que esperar un año hasta cobrar.
Con todo, el de San Bartolomé de Tirajana no es el único consistorio de la Comunidad Autónoma que incumple la ley de estabilidad, aunque sí es el que lo hace de forma más grosera. Hasta el 42% de las entidades locales del Archipiélago (cabildos y ayuntamientos) supera el plazo legal de 30 días para el abono de las facturas a las empresas o trabajadores autónomos a los que contrata. Dicho de otro modo: cuatro de cada diez instituciones de la Administración local se están retrasando en los pagos justo en medio de una crisis sin precedentes por el coronavirus y la ralentización del negocio turístico.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, acaba de publicar los últimos datos sobre el Período Medio de Pago (PMP) de las entidades locales de toda España, tanto las que están bajo el régimen de cesión de tributos (los cabildos, los ayuntamientos de las dos capitales provinciales y los de municipios con más de 75.000 habitantes) como las que están bajo el régimen de variables, que son todas los demás.
En el caso de Canarias, los datos del Ministerio ponen de manifiesto que cada vez son más las corporaciones isleñas que se demoran, en mayor o menor medida, en el abono de las facturas. Una situación que cobra más gravedad si cabe en un momento en el que la Administración pública ha tenido que dar ayudas directas a muchas pymes y autónomos para evitar su quiebra, de modo que la ayuda que se da por un lado, esos 1.144 millones de euros que el Gobierno regional ha distribuido entre miles de negocios golpeados por la covid-19, se quita por otro, al menos de forma indirecta, cada vez que esa pyme o ese autónomo se las ve y se las desea para cobrar. De las 95 entidades locales de la Comunidad Autónoma (siete cabildos y 88 ayuntamientos), hasta 40 están incumpliendo la ley. Y dentro de esas 40 las hay que están muy cerca de volver a cumplir pero también una decena, en concreto el Cabildo de Fuerteventura y nueve corporaciones municipales, que no solo está lejos de hacerlo, sino que directamente se está saltando la normativa a la torera.
En cuanto a los cabildos, el de Fuerteventura tarda una media de 135 días en pagar a sus proveedores. Aunque la majorera es la corporación insular más remolona, y con diferencia, a la hora de cumplir en tiempo y forma con las pymes y autónomos con los que trabaja, también los cabildos de Lanzarote y de La Palma están por encima del PMP que fija la ley de estabilidad.
El Cabildo de Lanzarote paga las facturas en una media de 49 días, 19 por encima del límite legal, mientras que el de la isla bonita casi cumple, tanto que siendo benévolo podría decirse que está en el límite, ya que su PMP es de, exactamente, 30,47 días. Los de La Gomera, El Hierro y Gran Canaria (sobre todo estos dos últimos) cumplen con creces la normativa, y el de Tenerife, que abona sus deudas con los proveedores en una media de 25 días (el dato es el correspondiente a octubre, el último publicado por el Ministerio de Hacienda), también está dentro del margen legal aunque empeora los 18 días de septiembre, con lo que vuelve a acercarse al incumplimiento en el que ya incurrió en los ocho primeros meses de 2021 (en marzo del año pasado llegó a retrasarse en el pago de las facturas una media de 59 días).
Al margen de los cabildos, entre las otras cinco grandes entidades locales de la región (los dos ayuntamientos capitalinos y los consistorios de San Cristóbal de La Laguna, Telde y Arona) hay dos que pagan a sus proveedores con muchísimo retraso, dos que pagan como es debido y una que está en el límite. Cumplen de sobra las corporaciones municipales de Arona y de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, el ayuntamiento de la capital tinerfeña tarda menos de nueve días en pagar a pymes y autónomos, lo que contrasta sobremanera con la friolera de 178 días que se demora la otra corporación capitalina de la Comunidad Autónoma, la de Las Palmas de Gran Canaria. Claro que la situación es aún peor en Telde, cuyo PMP se va hasta los 194 días. A tenor de estas cifras, los 30,09 días de La Laguna bien podrían considerarse un aprobado raspado.
El incumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en lo relativo al PMP no es, no obstante, un mal exclusivo de las grandes corporaciones locales. En las Islas hay 34 ayuntamientos de mediano y pequeño tamaño que también vulneran la normativa y pagan a sus proveedores y suministradores más allá de 30 días. Los casos más sangrantes son el ya mencionado de San Bartolomé de Tirajana y sus 362 días de retraso y los de Tacoronte (204 días), Icod de los Vinos (196), Los Silos (189), Arico (158), Tinajo (134) y El Tanque (132). En el otro extremo, el de los consistorios cumplidores y que pagan religiosamente a las empresas, están los de Tejeda, Teror, Vega de San Mateo, Yaiza y Garafía, que en todos los casos abonan las facturas en menos de cinco días.
