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Valle de Güímar | Investigación judicial por contaminación

La alcaldesa de Candelaria, investigada por los vertidos del polígono industrial

El juez atribuye presuntos delitos contra el medioambiente y prevaricación a Mari Brito y a los exalcaldes Gumersindo García, Carmen Luisa Castro y José Juan Lemes

Polígono Industrial Valle de Güímar. La Provincia

Francisco Tuero González, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar, imputa a la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, presuntos delitos continuados contra el medioambiente y prevaricación por los vertidos ilegales registrados en el Polígono Industrial Valle de Güímar. La imputación se extiende a los exalcaldes José Juan Lemes (Arafo), Carmen Luisa Castro (Güímar) y José Gumersindo García (Candelaria).

En un auto emitido el martes, reduce a los cuatro –exonera a una decena de concejales (6), técnicos y directivos públicos (4)– la condición de investigados en este caso y los acusa de que, «presuntamente, permitieron, de forma consciente y voluntaria y desde julio de 2013, un vertido continuo e incontrolado de aguas residuales procedente de todas las empresas del polígono industrial más grande de Tenerife (con entre 200 y 220 empresas, especifica) y de las urbanizaciones de El Socorro y La Viuda». Se realizaba «sin depurar, tratar, ni legalizar», con el agravante de que, «en el medio marino receptor originó, al menos en el año 2017, un riesgo grave para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, quebrantando directamente la normativa medioambiental aplicable».

Conducta pasiva.

Tras calificar de «presunta, pero grave y directa» la responsabilidad de los alcaldes de Candelaria, Arafo y Güímar entre 2013 y 2017, y después de especificar que los ayuntamientos son titulares del Polígono Industrial desde el 23 de julio de 2013, el juez atribuye a los responsables políticos una «pasiva conducta» en el cumplimiento de las competencias municipales en la gestión y mantenimiento de «las infraestructuras de la red de evacuación de las aguas residuales». Por ello, «las instalaciones quedaron en un estado de absoluto abandono, permaneciendo las edificaciones existentes a la cabecera del emisario y las estaciones de bombeo sin cierre y desvalijadas y las bombas y equipos sin funcionamiento, con signos de rebose del caudal del vertido, llegando a apreciarse peligro para la vida o salud de las personas».

Omisión consciente.

Incide el juez en que «de forma consciente y voluntaria, sin justificación aparente», las autoridades municipales del Valle de Güímar «omitieron desde julio de 2013 las actuaciones administrativas a que estaban imperativamente obligados en el control, tratamiento y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino, que son precisamente las que sí acometieron desde marzo de 2017 con la incoación de la causa penal».

El origen.

Un sumario de 24.500 folios repartidos en 61 tomos que tiene su origen en la denuncia que el 1 de junio de 2017 presentaron Agustín Espinosa y Lourdes Galindo, entonces concejales de Sí se Puede en Candelaria y Güímar, respectivamente, y Francis Hernández, edil de Izquierda Unida Canaria en Arafo en aquel momento. Señalaban como responsables al Cabildo, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), la Asociación Mixta de Compensación y los ayuntamientos del Valle de Güímar. Argumentaron que los indicadores de contaminación orgánica multiplicaban por 30 los valores legalmente admitidos, cifra que eleva a 38 el auto emitido esta semana en base a los análisis realizados de las muestras realizadas recogidas en siete puntos próximos al emisario submarino.

Incumplimientos.

El juez afirma que esta estructura no se ajusta al proyecto original, ya que mide 736,50 metros (157 terrestres, 540 submarinos y 39,50 del ramal II). También menciona otro incumplimiento municipal; «la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) que permitiera la óptima gestión y mantenimiento del Polígono, mencionada de forma reiterada en aquellos convenios (con la propiedad inicial del Polígono) y cuya constitución habían asumido, como obligación, los tres Ayuntamientos, no se creó, ni antes de la recepción de la urbanización ni después».

Los denunciantes.

Hecho público el auto, Sí se Puede e Izquierda Unida Canaria anuncian que preparan la acusación «contra los responsables políticos de los vertidos de aguas residuales en el Polígono de Güímar»; recuerdan que se abre el camino hacia el juicio oral; que estudiarán reacciones políticas en los ayuntamientos del Valle de Güímar, donde mantienen su representación, y llaman la atención sobre el hecho de que «estos vertidos contaron de manera incomprensible con una autorización de la Viceconsejería de medioambiente del Gobierno de Canarias».

Mari Brito respeta la decisión pero no la comparte

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, expresa su máximo respeto a las decisiones judiciales. Al tiempo, asegura que no comparte el auto y anuncia que presentará los recursos correspondientes. Aclara que desde que tuvo conocimiento de la problemática de los vertidos del Polígono «he actuado y trabajado intensamente para su solución». Establece que se trata de «una problemática compleja en la que intervienen el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los tres ayuntamientos del Valle de Güímar, tratándose de un ámbito supramunicipal». Considera que una muestra de ello es que, «a día de hoy, tras el trabajo y la cooperación administrativa ejercida y necesaria en el marco de un complicado proceso, la problemática está solventada, en vigor la autorización de vertido del emisario y ultimando la puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales industriales, construida por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife».

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