La Diócesis de Canarias se ha desvinculado del registro irregular de bienes propiedad de la Iglesia tras el informe en el que la institución eclesiástica admite que en las Islas hay 49 propiedades que están duplicadas o faltan datos de su inscripción. Respecto a esta revisión realizada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) de los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, el Obispado de Las Palmas advierte que en su patrimonio no hay «ninguna propiedad indebidamente registrada».
De esta forma, la Diócesis de la provincia oriental marca distancias con su homóloga de Tenerife, que es donde recae la totalidad de los bienes que tienen defectos en su registro o no han sido debidamente inscritos. De acuerdo con el informe dado a conocer por la Conferencia Episcopal, en Canarias se ha revisado la situación de 532 propiedades, de las que 412 fueron inmatriculadas (registradas por primera vez) entre 1998 y 2015. En el resto, hay 51 bienes inmatriculados o adquiridos antes de 1998, 17 expediente duplicados, 32 propiedades en los que no hay suficientes datos de identificación y 20 adquiridos por otros procedimientos (donaciones, compraventas, herencias, permutas...).
La Conferencia Episcopal advierte que en el informe no se habla de devolver las propiedades
En el caso de la Diócesis de Canarias, son 276 los inmuebles revisados, de los cuales 228 fueron inmatriculados entre 1998 y 2015 y 48 adquiridos o inmatriculados antes de esas fechas. Este último es el caso de 48 fincas rústicas en Puerto de Rosario, capital de Fuerteventura, que fueron donadas a la Diócesis de la provincial oriental en 1971, según consta en las escrituras.
Los expedientes duplicados o en los que falta información para identificar el inmueble corresponden todos a la Diócesis Nivariense, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según el informe del órgano de dirección de la Iglesia Católica. La mayoría de los bienes y propiedades con problemas por duplicación o por falta de datos suficientes son terrenos, parcelas, viviendas, casas parroquiales o capillas en los municipios de La Orotava, Los Realejos, San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife fundamentalmente. También en los bienes indebidamente registrados hay iglesias y parroquias, ermitas y anexos y varias edificaciones.
Según el informe hecho público el lunes, la Conferencia Episcopal admite que hay un millar de bienes a nivel nacional cuya titularidad no le consta o le corresponde a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización.
En este sentido, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, aseguró ayer que «nunca se habla de devolución» de un millar de bienes, sino que lo que la Iglesia le ha trasladado al Gobierno es que, en el listado de los casi 35.000 bienes inmatriculados, se le han adjudicado erróneamente a la Iglesia bienes que no son suyos, porque están bajo pantanos, porque fueron vendidos o porque no les consta tener la titularidad de los mismos. «En el texto común, preparado por los técnicos del Gobierno y de la CEE nunca se habla de ese término (devolución). En el gran listado que se nos ofreció hay unas deficiencias que ahora estudiarán con atención y después se producirán los ajustes correspondientes», explicó Argüello.
Ciudadanos y Bildu creen insuficiente el reconocimiento de la Iglesia y el PSOE lo aplaude
En el orden político Ciudadanos, EH Bildu y Compromís consideran insuficiente el acuerdo alcanzado entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Gobierno, después de que la Iglesia Española haya trasladado al Ejecutivo que no tiene constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021. En concreto, la coalición abertzale y Compromís, han demandado a la Conferencia Episcopal que devuelva todas las propiedades que «robaron».
Por su parte, el PSOE celebró ayer el «logro de la sociedad» que supone, a su juicio, que la Iglesia reconozca que inmatriculó bienes «de forma incorrecta», un comportamiento que, según ha dicho, «le honra» para poder devolver estos bienes a la sociedad.
