Desde el 13 de noviembre de 2020, el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui según la ONU, viene atacando al Ejército marroquí que se halla pertrechado al otro lado del muro que recorre el antiguo Sahara español de norte a sur separando la zona ocupada de la liberada. El Polisario dice haber causado cuantiosas bajas y la destrucción de distintas bases y radares de los ocupantes, algunos de los cuales habrían desertado.
Por su parte, Marruecos ha respondido atacando diversos objetivos y ocasionando, según el Polisario, más de una treintena de bajas, entre las que se incluyen varios civiles saharauis, mauritanos y argelinos.
Pese a que las cifras de muertos y heridos no denotan una gran envergadura de los combates, lo cierto es que la inestabilidad se acrecienta día a día en una zona situada a poco más de cien kilómetros de las islas Canarias, y que un estallido bélico entre Marruecos y Argelia, rotas ya sus relaciones diplomáticas, no debe descartarse a día de hoy como posibilidad.
Llama la atención, por no decir indigna, el silencio de la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles sobre lo que está ocurriendo en el Sahara Occidental. Parece como si se tratara de un territorio y un pueblo alejados en el espacio, y totalmente ajenos a nuestro pasado como nación. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. España colonizó tarde, explotó durante unos pocos años, y abandonó la que fue su quincuagésimo tercera provincia de forma ignominiosa, dejando pendiente hasta el día de hoy una descolonización que debía haber sido hecha conforme a los dictados de la ONU.
Así las cosas, parece oportuno preguntarse: ¿por qué llega España al Sahara Occidental? ¿Cuáles fueron las líneas maestras de su colonización? ¿Quiénes estuvieron detrás de la decisión de incumplir el compromiso de respetar la autodeterminación de los saharauis? ¿Por qué España tiene aún hoy parte de responsabilidad en que ese derecho sea ejercido? ¿Cabe alguna solución real para este conflicto? Estas son algunas de las preguntas a las que trataré de dar respuesta a continuación.
Cuando hablamos de Sahara Occidental, nos referimos a un territorio desierto (eso significa Sahara en árabe) de una superficie que equivale a la mitad de la española, después de varios recortes hechos por Francia en diversos tratados firmados a comienzos del siglo XX. Se sitúa en el Magreb (poniente islámico), y tiene unas fronteras prácticamente rectilíneas (salvo el entrante de las salinas de Iyil al sureste, impuesto también por Francia). Su proximidad geográfica a Canarias hizo que desde la conquista del archipiélago, a finales del siglo XV, las relaciones comerciales Canarias-costa saharaui fueran una realidad, siendo el fuerte de Santa Cruz de Mar Pequeña (1476) el primer enclave en la costa dedicado a tal fin, y la pesca y los esclavos, la base de dicho comercio.
Más al norte, entre los siglos XVI y XVIII, va afianzándose la autoridad de los sucesivos sultanes marroquíes, alguno de los cuales llegaría a ejercer ‘dominio’, no ‘soberanía’ sobre algunas tribus saharauis, tal y como veremos más adelante.
Siguiendo el impulso de los africanistas, que querían que España se sumara a las potencias colonizadoras reunidas en Berlín en 1885 para repartirse África como si de una tarta se tratara, España inicia la colonización del Sahara. Lo hará primero mediante la creación de enclaves costeros; a partir de ellos, comenzará en 1934 a ocupar el interior del territorio, casi siempre con la aceptación de la población autóctona, nómada en su mayoría.
Durante la Segunda República y la Guerra Civil, el territorio será refugio de deportados, y en 1945 servirá de portaviones para evacuar al Ejército de EE.UU., pese a la proclamada neutralidad de Franco en la Segunda Guerra Mundial.
El Sahara es convertido en provincia española en 1958 para esquivar las presiones de la ONU, defensora de la autodeterminación e independencia de los pueblos colonizados, tal y como concretaría, dos años después, la célebre resolución 1.514 de la Asamblea General de dicho organismo. En el mismo año 1958, y sin que Mohamed V lo hubiera reclamado de forma apremiante, Franco entrega a Marruecos Tarfaya (también conocida como Cabo Juby), territorio situado al norte del Sahara Occidental, e históricamente habitado por saharauis.
Si lo que pretendía el dictador con este regalo era proteger su ahora provincia sahariana, riquísima en pesca, y cobijo de una inmensa mina de fosfatos, su estrategia se revelaría equivocada.
Desde 1964, tanto la ONU como la Organización para la Unidad Africana (hoy Unión Africana) intensifican las presiones descolonizadoras sobre España. Madrid da voz a los saharauis dóciles a través de la Yemaa (asamblea de nativos), permite que haya procuradores saharauis en las Cortes, pero reprime violentamente a quienes exigían mayores libertades. Así, en 1970, varios saharauis perecen al disolver la Legión una manifestación en el barrio de Zemla, en El Aaiún, y poco después se hace desaparecer al carismático líder Bassiri.
La respuesta vino de un grupo de jóvenes nacionalistas de origen diverso, entre los que se encontraba Brahim Ghali. Ellos fundan en Mauritania en 1973 el Frente Polisario, e inician la lucha armada contra el colonizador español.
Al tiempo, Marruecos anuncia que luchará por un Sahara marroquí. Se inician dos años clave en el devenir del territorio. Se van sucediendo las medidas contradictorias del Gobierno español; así: se busca financiación para explotar la mina fosfatera de Bucraa; se defiende en la ONU la españolidad; se crea un partido político de saharauis afines (el PUNS, partido de le Unidad Nacional Saharaui), cuando aquí estaban prohibidos; se elabora un avanzado estatuto de autonomía para el Sahara; se propone celebrar un referéndum de autodeterminación en agosto de 1974.
Pero, en sentido contrario, aumenta la presión de Marruecos y sus aliados: Hassan II convence a la ONU (sorprendentemente, España no votó en contra) para consultar al Tribunal de La Haya si el Sahara era territorio sin dueño cuando llegaron los españoles, o si había países que ejercían la soberanía sobre el mismo.
Lamentablemente, la ONU, por primera y única vez en su historia, detiene el referéndum, a la espera de la sentencia. Varios meses después, y tras analizar una amplísima documentación, facilitada principalmente por España, el tribunal acaba dejando sin argumentos jurídicos a Marruecos al dictaminar que, en el momento de la colonización, parte de la población saharaui tenía lazos de dependencia del sultán de Marruecos, pero que no eran de soberanía, por lo que debía continuarse el proceso de autodeterminación. Hassan II, sagaz y manipulador como siempre, se queda sólo con lo que le interesa del veredicto, y anuncia a la comunidad internacional la marcha verde para recuperar el Sahara. Pero, atención, hay que desmitificarla. Veamos:
-Estaba preparada desde bastantes meses atrás con ayuda de Francia y Estados Unidos (Kissinger daría el visto bueno a su partida), y con dinero saudí, fundamentalmente.
-No era sólo civil, sino que iban policías y militares marroquíes fuertemente armados.
-Además, lo que es aún más grave: el Gobierno español conocía los preparativos, e incluso facilitó a Marruecos planos del territorio, y retrasó las líneas fronterizas defensivas para que los marchadores pudieran entrar unos kilómetros.
Y es que los partidarios de entregar el Sahara a Marruecos ( el príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones; el presidente Arias Navarro; los ministros Solís –administrador de los bienes de Hassan II en la Costa del Sol- y Carro; el embajador en Rabat, Martín Gamero; y el Alto Estado Mayor), ya habían impuesto su voluntad ante quienes defendían el derecho saharaui a la autodeterminación (Pedro Cortina, ministro de Exteriores; la delegación en la ONU, especialmente Jaime de Piniés y Francisco Villar; y buena parte del Ejército español destinado en el Sahara).
Con Franco agonizante, su Gobierno incumpliría su orden de defender el territorio, y, presionado, es cierto, por países como Francia y Estados Unidos, que se decían sus aliados, optaría por escribir una de las páginas más vergonzosas de nuestra reciente Historia. Veamos sucintamente los hechos:
El 14 de noviembre de 1975, delegaciones de España, Marruecos y Mauritania firmaban en el palacio de la Zarzuela, en presencia del Príncipe Juan Carlos, los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid. Oficialmente, lo pactado beneficiaría a todas las partes, incluida la población saharaui (sic), y contribuiría al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; pero la realidad era otra bien distinta. El secretismo había presidido las negociaciones, hasta el punto de que la delegación española pidió a la marroquí que no se hiciera público el documento.
A propósito del mismo, el futuro ministro de Exteriores, José María de Areilza, hablaría meses después de contrapartidas infladas; entre ellas estaría la autorización a 800 barcos españoles a faenar en aguas del Sahara durante veinte años, sin pagar canon durante los cinco primeros. (Conviene recordar que hasta la firma los barcos españoles, principalmente canarios, faenaban libremente en la zona).
Por su parte, el entonces ministro español de Industria, Alfonso Álvarez de Miranda, desvelaría en 1978 ante las Cortes los siguientes datos: Se estableció la compra (por parte marroquí) del 65% de Fosbucraa (empresa creada por el Gobierno español para explotar los fosfatos del Sahara), quedando el 35% en manos del Instituto Nacional de Industria. A este respecto, cabe señalar que la empresa pasaría de unos beneficios cercanos a los mil millones de pesetas en 1974, a unas pérdidas superiores a los mil quinientos millones en 1976.
Las extraordinarias contrapartidas económicas ofrecidas a España explican la composición de las delegaciones firmantes de los acuerdos, y convierten estos en una pura venta del territorio, de sus riquezas y de su población a Marruecos y Mauritania. Además, lo firmado es de más que dudosa legalidad, por cuanto: no se incluyen ni una vez los términos referéndum y autodeterminación, compromisos aceptados previamente por España; el texto nunca sería ratificado por los Parlamentos de los respectivos países, como era preceptivo; y nunca sería publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Dado que suponían la descolonización de una provincia española, las Cortes franquistas debían aprobar una ley que autorizara al Gobierno a abandonar (no a entregar a terceras potencias, como ocurría en realidad) el territorio.
Antonio Carro, ministro de la Presidencia y otro gran defensor de la negociación directa con Marruecos, habla ante los procuradores de la importancia de la Ley para fortalecer la posición de España frente a la ONU y otras potencias, y afirma sin inmutarse que no afectaba a la soberanía ni a la integridad territorial de España, ya que el Sahara es de España pero no es España, pues no existe allí igualdad ante la ley y solamente existen dos municipios (sic)…Vuelve a mentir al afirmar que hoy por hoy el Gobierno español no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población (ya se había firmado la entrega), y cuando afirma que fue la gallardía y la firmeza de nuestro Ejército el más apreciable y eficaz argumento disuasorio para la retirada de la marcha verde (y no el hecho de que Hassan II había conseguido su objetivo).
Sus señorías acabarían aprobando la Ley que consumaba el abandono del Sahara por 345 votos a favor, 4 en contra, y 4 abstenciones, con la ausencia de más de 100 procuradores, incluidos todos los canarios.
La ONU, mediatizada por la presión de Francia y Estados Unidos, defensores de la posición marroquí, aprobaría dos resoluciones contradictorias (3458A y 3458B), mientras su secretario general hablaba de estricta ocupación militar que impide cualquier consulta (el referéndum). Era una manera de lavarse la cara ante lo sucedido, pues no olvidemos que la propia organización había pedido a Madrid detener la consulta, y que no había obligado a Rabat a frenar la invasión del territorio.
Para Marruecos, con la firma del Acuerdo Tripartito, el Sahara acababa de ser restituido legalmente a sus legítimos propietarios, por lo que se vio con manos libres para intentar el exterminio de cualquiera que se opusiera a su ocupación.
La gran mayoría de los saharauis consideraba que se les había privado de su legítimo derecho a autodeterminarse, se les obligaba a la guerra y al exilio, y se daba vía libre a la apropiación ilegal de sus riquezas. Quienes pudieron huir, fueron acogidos en lo que hoy son los campamentos de refugiados de Tinduf, nacidos de la hospitalidad argelina. Quienes pudieron empuñar las armas, pusieron contra las cuerdas a Hassan II, hasta obligarlo a firmar un compromiso de referéndum que ni él ni su hijo Mohamed VI estuvieron jamás dispuestos a respetar. Por último, quienes permanecieron en el Sahara ocupado han venido sufriendo sistemáticamente la vulneración de los más elementales derechos humanos, muchas veces sólo por no reconocerse súbditos marroquíes.
Para España, por su parte, con la retirada oficial, producida el 26 de febrero de 1976, se ponía fin a su presencia en el Sahara Occidental, y a su colonización del territorio. Una colonización dictada por la escasa disponibilidad de fondos públicos de la metrópoli y por la explotación de los inmensos recursos naturales de la provincia.
Se buscaron beneficios a corto plazo, pero no se invirtió lo necesario en crear infraestructuras básicas, como sí se hizo en la ruinosa Fosbucraa. Esta escasez de inversiones no impidió, sin embargo, que se cubrieran las necesidades básicas de los nómadas mediante programas de reparto de agua y alimentos, y otros de atención a enfermos mediante brigadas sanitarias itinerantes.
Se pretendió controlar el nacionalismo saharaui cuando era moderado, y lo que se consiguió fue radicalizarlo. Se respetaron la religión y las tradiciones de los autóctonos –incluso, se permitió el divorcio, no autorizado en la metrópoli-. Socialmente, no hubo un mestizaje entre españoles y saharauis; estos congeniaron más con la importante colonia canaria del territorio que con el funcionariado peninsular, y trabajaron principalmente en la citada Fosbucraa y en la Policía Territorial y la Agrupación de Tropas Nómadas.
La realidad aquí descrita saltó definitivamente por los aires al arriarse la última bandera española en el Sahara. Ese 26 de febrero, el Gobierno entreguista quiso lavar su imagen y, en un comunicado oficial, tras considerar que se ponía punto final a la administración tripartita (Marruecos, Mauritania y la propia España), surgida de los Acuerdos de Madrid del 14 de noviembre anterior, introdujo, con la consiguiente indignación marroquí, la siguiente frase: La descolonización… no culminará en tanto la opinión de la población saharaui no se haya expresado libremente, (lo que) requiere la presencia de un representante de la ONU en dicha consulta.
Sin embargo, al pactar con Marruecos y Mauritania, España había incumplido claramente sus obligaciones. De todos los expertos que así lo han entendido, he seleccionado dos, por considerarlos muy significativos:
Hans Corell, asesor jurídico de la ONU, preguntado a comienzos de 2002 al respecto por el Consejo de Seguridad, informó: El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio, ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa… a Marruecos y Mauritania no afectó la condición del Sahara Occidental como territorio no autónomo.
La segunda voz autorizada es la del actual ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, quien, el cuatro de julio de 2014, como presidente del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictó un auto en el que se afirma lo siguiente: España, de derecho, aunque no de hecho, sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas, dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso… (Podríamos añadir también y cito textualmente, “a promover el bienestar de los habitantes y a desarrollar el gobierno propio).
Queda, a mi entender, claro, que España tiene una importante responsabilidad como metrópoli en el origen del conflicto saharaui y de la actual guerra, y en la búsqueda de una solución. Lejos de asumirla, los sucesivos Gobiernos españoles han cedido ante las presiones marroquíes, elevadas en ocasiones a la categoría de chantaje. Por su parte, los partidos en la oposición prefieren –con testimoniales excepciones- callar o ponerse de parte del agresor marroquí.
Hace poco, sin que la oposición se lo criticara, el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tras sostener que España no es la potencia administradora del Sahara, liberaba su conciencia y la de su Gobierno al añadir sin inmutarse que Más allá de un debate que es jurídico o semántico, lo importante es dónde está España, y dónde va a seguir estando: en el grupo de los amigos del Sahara. ¿Amigos?, ¿de verdad?
Si España, Francia, Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, además de la ONU y la Unión Europea, quisieran realmente solucionar el conflicto del Sahara Occidental, deberían, a mi juicio, presionar a Marruecos hasta la asfixia económica, para forzarlo a sentarse a negociar de tú a tú con el Frente Polisario. Podrían plantearse todas las opciones, incluyendo siempre la de la independencia. Además, se obligaría a ambas partes, incluso por la fuerza, a cumplir lo acordado. Dicha salida permitiría recomponer las relaciones Marruecos-Argelia, y dar estabilidad al Magreb, a Canarias y al sur de Europa.
Pero, desgraciadamente, el interés económico-político-estratégico de quienes tienen ese poder de presión no va por ahí.
Considero absolutamente ficticia y falaz la llamada autonomía dentro del reino que defienden Mohamed VI, su majzén, y el lobby promarroquí español, en el que se incluyen personajes diversos (políticos, diplomáticos, periodistas empresarios, etc.), muchos de los cuales apoyaron un día el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, pero acabaron rendidos ante los inmensos atractivos que ofrece Marruecos…
Cabría preguntar a quienes defienden la autonomía: ¿de verdad creen que Marruecos, que ha intentado por todos los medios exterminar, reprimir o expulsar a todo saharaui –hombre o mujer- que no aceptara la ocupación de su patria, iba a permitir una autonomía saharaui, cuando no se la permite ni a sus compatriotas del Rif? ¿De verdad piensan que los saharauis, para muchos de los cuales el peor insulto es llamarlos “marroquíes”, iban a aceptar esa autonomía?
Así las cosas, mientras al pueblo saharaui no se le permita de una vez decidir su futuro, la guerra continuará, habrá nuevos mártires y nuevas penalidades, y el negro de esta página de nuestro pasado reciente se hará aún más intenso.
Ante este panorama, cabe preguntarse qué podemos hacer como sociedad. Pues bien, la búsqueda permanente de información objetiva y veraz; la llamada de atención a nuestra clase política, y especialmente a nuestro Gobierno, para que, de una vez por todas, se ponga de parte del agredido y no defienda y justifique al agresor; el boicot a los productos marroquíes; la participación en cuantas movilizaciones de denuncia se convoquen; la reactivación del programa Vacaciones en paz; el escuchar y difundir la voz, el folklore y el arte de quienes claman en el desierto… A mi juicio, cualquier iniciativa en esta línea, por insignificante que parezca, será siempre positiva, y ayudará a mantener viva la esperanza de un pueblo al que, desde hace cincuenta años, se le impide escribir su propia Historia.
