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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Las oposiciones de la Policía Canaria llegan a la Justicia por irregularidades

Un grupo de opositores denuncia a Función Pública y al tribunal por vulnerar sus derechos. La Administración desestima los recursos por «interés general»

Un agente de la Policía Canaria reparte mascarillas durante el confinamiento. LP / DLP

Las últimas oposiciones para la entrada de 50 nuevos agentes en la Policía Canaria están a punto de culminar, pero no las sombras y presuntas irregularidades en las que han estado envueltas. Un grupo de ocho opositores que en un primer momento estuvieron con plaza en las calificaciones provisionales se han quedado finalmente fuera, lo que ha provocado que hayan emprendido medidas contra la Dirección General de Función Pública que acabarán en los tribunales. Durante el proceso selectivo, convocado en julio de 2020 pero cuya primera prueba fue en marzo de 2021, han habido hasta dos repeticiones de exámenes, recursos, incidentes, impugnaciones y rectificaciones que han dejado en entredicho las garantías de la oposición.

Los ocho opositores recurrieron la lista definitiva de aprobados conocida en diciembre ante Función Pública por considerar que se han vulnerado sus derechos al modificar las calificaciones provisionales de septiembre, que fueron alteradas por la impugnación de la prueba psicotécnica por parte de dos opositores, siendo estimada por la Administración en octubre. Esta situación provocó un choque entre Función Pública y la Dirección General de Seguridad hasta que finalmente se decidió repetir la prueba para los no aptos, origen del problema que ahora denuncian los afectados que se han quedado fuera.

Los afectados entienden que el tribunal calificador ha actuado de forma irregular a la hora de ejecutar la estimación parcial de la impugnación ya que vulneró el principio de igualdad porque solo repitió el examen a los no aptos y no dio opción a todos los opositores a presentarse al mismo. Además, la prueba fue la misma que la original, lo que supuso una ventaja que no tuvieron el resto de los opositores. Los perjudicados a posteriori por esta decisión advierten que las bases de las oposiciones no fueron recurridas cuando se convocaron en 2020 pero, sin embargo, Función Pública sí estimó la impugnación más de un año después, lo que motivó discrepancias entre Función Pública y el tribunal ya que no queda claro ni existe jurisprudencia, según los afectados, que respalde la obligación de publicar los baremos en los que se basa la evaluación de la prueba psicológica.

Con la repetición del test psicotécnico varios de los no aptos entraron en las calificaciones de las 50 plazas, lo que provocó que tres opositores quedaran fuera de los puestos provisionales. Posteriormente tuvo lugar la entrevista competencial para estos opositores ya que el resto terminaron el proceso selectivo en septiembre, el último paso antes de la revisión médica en la que ya los futuros agentes entran en la Academia para su formación. Finalmente el 14 y 15 de diciembre se publicaron las calificaciones definitivas.

La impugnación de un afectado por el test psicotécnico demoró el proceso más de dos meses

Asimismo de las 40 personas no aptas en septiembre que dio lugar a las calificaciones provisionales con plaza, 36 reclamaron y el tribunal decidió declarar aptas a nada menos que 21, lo que provocó el desplazamiento de seis personas que estaban con plaza y que ahora han recurrido junto a los dos opositores que resultaron perjudicados por la impugnación del test psicotécnico.

Hace unos días la Dirección General de Función Pública contestó al recurso administrativo de alzada presentado por los ocho opositores afectados y su respuesta no deja de sorprender, ya que una de las razones que esgrime el departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas es el «grave daño» que ocasionaría al interés general la paralización de la continuidad de este proceso selectivo.

Servicio público

Desde la perspectiva de la Administración pública es más importante «atender con prontitud los nombramientos para satisfacer las necesidades del servicio público» a entrar en el fondo del asunto para comprobar si existe vulneración de derechos de los opositores afectados. De esta manera, el Ejecutivo evidencia sus prisas por cubrir las plazas del cuerpo autonómico hasta las 301, objetivo prioritario antes de finalizar la legislatura con el fin de lograr la financiación del Estado para ampliar el cuerpo hasta los 1.700 agentes. Tras las dilaciones sufridas por este proceso, nuevos retrasos pueden dar al traste con la meta política de cubrir antes de mayo de 2023 la totalidad de las plazas. De hecho para este año hay aprobadas otras 80 vacantes para el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Según los opositores afectados, este argumento de Función Pública se contradice con el retraso de más de dos meses que acumula el proceso selectivo por el recurso de un solo opositor y que ha perjudicado al resto, cuando ya estaban culminadas las pruebas el 30 de septiembre.

El otro argumento utilizado por Función Pública para denegar el recurso de los opositores es «el perjuicio que ocasionaría a terceros, como son los restantes aspirantes que participan en dicho proceso selectivo cuyas legítimas aspiraciones se verían negativamente afectadas con la suspensión».

La resolución del departamento de Función Pública reconoce que no prejuzga el fondo del asunto, aunque considera que no es necesario un informe jurídico a tenor de la consulta realizada a los servicios jurídicos autonómicos.

Los ocho recurrentes se quedaron fuera de las 50 plazas pese a superar las pruebas

El objetivo de los opositores que se han quedado fuera del proceso es que se retrotraigan las actuaciones hasta el 30 de septiempre, que fue cuando estaban las calificaciones provisionales con plaza, al considerar que el proceso ha estado «manipulado» y condicionado por intereses ajenos a la objetividad que requiere una oposición.

Los afectados aseguran que llevarán el asunto a la vía judicial a través de un recurso contencioso administrativo donde también exigirán medidas cautelares, rechazadas ahora por la Administración autonómica, para paralizar el proceso mientras los jueces entran en el fondo de las denuncias formuladas por los recurrentes.

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