Las infracciones urbanísticas vuelven por sus fueros en las Islas después de unos años en los que se habían reducido las edificaciones ilegales frente a un incremento de los vertidos clandestinos en el litoral y en los barrancos. La pandemia ha provocado el aumento de las parcelaciones irregulares en suelo rústico, es decir, propietarios de terrenos que delimitan o deslindan las parcelas sin autorización y que en la mayoría de los casos terminan con construcciones. Este repunte preocupa a la Administración ya que la subida de las parcelaciones ilegales está por encima del 20% en el último año y medio así como cambios en el uso del suelo por la vía de los hechos, lo que supone tener que extremar la vigilancia por parte de los ayuntamientos, cabildos y la Comunidad Autónoma.
El director de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Ángel Fariña, admite que adolecen de falta de personal y de medios para «anticiparse» a las vulneraciones que se cometen sobre el suelo rústico. «Hemos perdido la capacidad de vigilancia sobre el territorio», lamenta Fariña que, a posteriori, una vez detectadas las parcelaciones ilegales ya se actúa y se abren los procedimientos sancionadores, que también son largos y costosos.
Uno de los hándicaps que se arrastran es que desde la Ley del Suelo de 2017 se han descentralizado la inspecciones sobre el territorio, que ahora comparten la Comunidad Autónoma con los ayuntamientos y los cabildos. El incremento de estas infracciones también ha supuesto que la Agencia haya potenciado la coordinación con el Seprona de la Guardia Civil y con la Policía Canaria para contar con todos los recursos disponibles con el fin de atajar este fenómeno. Asimismo, se ha intensificado la relación con la empresa pública Grafcan, cuya tecnología también es útil para detectar las alteraciones del territorio mediante el uso de drones, de los satélites y de la inteligencia artificial.
Zonas turísticas
Desde la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural se han detectado que este aumento en las parcelaciones ilegales está sobre todo localizado en las zonas turísticas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. «Una parcelación ya de por sí es una infracción pero depende de su tamaño pueden existir más alteraciones urbanísticas del que compra y pretende desarrollar en ese suelo, por eso tenemos que adelantarnos porque si no después el daño es superior y es muy difícil que el terreno vuelva a la situación original una vez que se ha edificado o realizado alguna modificación del suelo», añade Fariña.
Por ello la Agencia se ha marcado como prioridad este año el poner coto a las parcelaciones ilegales en suelo rústico con la prevención como medida básica antes que se produzca la infracción. Las parcelaciones en suelo rústico son conductas ilegales sancionables con multas de hasta 300.000 euros en supuestos muy graves, según recoge la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Fariña advierte que «este mismo texto legislativo señala que serán responsables de estas conductas no solo el vendedor y ejecutor de las parcelaciones ilegales, sino también todo aquel que lleve a cabo una actuación ilegal en dicha parcela, pudiendo ser sancionados por la comisión de una infracción administrativa y con la obligación del restablecimiento de la realidad alterada».
Excepto los asentamientos rurales, reconocidos por los ayuntamientos y el planeamiento, en el suelo rústico está prohibido edificar y menos para uso residencial. Otra cosa es que en el futuro ese suelo sea recalificado para cambiar a urbanizable, pero esa determinación tiene que estar aprobada por la Administración para que se pueda construir. Ángel Fariña fue nombrado al frente de la Agencia en el inicio de la pandemia del Covid en marzo de 2020 y desde el principio se propuso estrechar la colaboración con el Seprona y con la policía autonómica para trabajar de forma más activa. Fariña asegura que precisamente desde que se inició la pandemia se ha notado el incremento de las infracciones y de las parcelaciones ilegales: «No creo que se haya relajado la vigilancia sino que más bien muchos han estado ociosos y han buscado la manera de poder construir, porque no solo se han incrementado las reformas en las casas sino también las construcciones sin autorización, muchos han aprovechado para edificar».
Aunque no hay estimaciones reales sobre cuánto se ha incrementado la indisciplina urbanística en este periodo hasta el primer trimestre de este año, sí ha habido un pico de alteraciones en el territorio que se estima entre un 20 y un 30% de incremento. El director de la Agencia pone como ejemplo islas como Gran Canaria donde ya hay cuatro o cinco municipios afectados por las parcelaciones ilegales; en el sur de Tenerife se han detectado estas infracciones en Arona; en Fuerteventura hasta tres, dos de ellas de grandes dimensiones, y en Lanzarote una. El turismo y la expansión urbanística con bolsas de suelo importantes en estas islas empujan a la proliferación de estas prácticas ilegales. Fariña apunta a municipios como San Bartolomé de Tirajana, Arona, La Oliva, Puerto del Rosario y otros municipios turísticos de estas islas.
La falta de personal continúa siendo una situación crónica en la vigilancia del territorio. La ley del Suelo de 2017 le da potestad a la policía local de los municipios y a los agentes de Medio Ambiente de los cabildos para colaborar con la Administración autonómica en la inspección de las infracciones que se cometan en el suelo protegido rústico. De esta forma se soslayaba la falta de recursos humanos de la Agencia pero, sin embargo, la nueva legislación que está impulsando el actual Gobierno implica, según Fariña, que la protección del territorio sea mayor. Por eso se hace necesario un incremento de los recursos humanos y tecnológicos a medio plazo de la Agencia de forma perentoria.
Plantilla escasa
El organismo de la Comunidad Autónoma encargado de vigilar el territorio cuenta actualmente con una plantilla de 120 personas repartidas entre Tenerife y Gran Canaria, cuando hace unos años llegaron a 160 empleados. A Fariña no solo le preocupa el déficit de 30 o 40 trabajadores que tiene la Agencia sino profundizar en la colaboración con los ayuntamientos. Después del arduo trabajo de los últimos años ahora mismo son 23 los ayuntamientos que forman parte del consorcio que forma la Agencia junto a los siete cabildos. Sin duda alguna todavía queda un amplio recorrido para que la mayoría de los municipios se integren hasta llegar a los 88 ayuntamientos de Canarias.
El empeño de la Agencia es seguir ampliando la participación de los municipios si bien Ángel Fariña puntualiza que eso no quiere decir que no colaboren cuando se les requiere o que si detectan alguna irregularidad en el terreno lo pongan en conocimiento de la Agencia para actuar antes de que la infracción sea más grave. «Hay que involucrar más a los ayuntamientos en esta lucha de proteger nuestro territorio porque unos están más y otros menos, hace años hubieron más de 30 ayuntamientos y los cambios en la legislación provocaron que algunos se desligaran de la Agencia al arrogarse más competencias, sobre todo las del suelo urbano», añade el director de la Agencia.
Fariña lamenta el desarrollo deficitario que ha tenido el planeamiento en Canarias, lo que ha provocado inseguridad jurídica y que muchos propietarios de terrenos hayan intentado actuar sobre el suelo sin autorización.
