El Ayuntamiento de Arrecife ha denunciado hoy la descoordinación del Gobierno Central en materia de inmigración y en relación con la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ya instalado en Arrecife, en la entrada de la ciudad por Puerto Naos.
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al Plan de Actuación en Infraestructuras del Ministerio del Interior, autorizando el CATE por interés general, mientras que la Dirección General de la Policía registraba el lunes una nueva solicitud de licencia urbanística.
El acuerdo del Consejo de Ministros permite la declaración de interés general para los CATE, y establece que “en el plazo de un mes, después de la mera comunicación del proyecto a la administración urbanística competente, puedan iniciarse las obras sin que se precise la concesión de licencia municipal alguna”.
“El Gobierno tira de decretazo para instalar una infraestructura que desde el punto de vista urbanístico era muy complicado autorizar, y más existiendo un informe de Protección Civil que advierte del riesgo para la integridad de las personas que allí se alojen cuando se produzcan lluvias”, según señala la alcaldesa Astrid Pérez.
El Ayuntamiento de Arrecife critica en tal sentido la descoordinación, la falta de comunicación y la política de hechos consumados del Gobierno central y del Ministerio del Interior que ni siquiera comunica a la Dirección General de la Policía que no era necesaria una nueva licencia urbanística dado que el Consejo de Ministros aprobaría la instalación del CATE por interés general.
Para la alcaldesa capitalina “el interés general al que alude el Gobierno para imponer el CATE también debería existir para instalar un SIVE en el norte de la isla, que lleva años almacenado, y que evitaría la muerte de seres humanos que llegan en patera, o para tratar a los inmigrantes como personas y no hacinarlos en naves insalubres”.
El Ayuntamiento de Arrecife entiende que el inicio del expediente de legalización urbanística del CATE no sólo supone el reconocimiento del Ministerio de Marlaska de que no cumplió con la legalidad en la primera solicitud presentada, y dada por desistida por el Ayuntamiento el pasado mes, sino que es una prueba de la descoordinación que existe en ese Ministerio y en el Gobierno de Sánchez en cuanto a la política migratoria.
