Que el nuevo modelo de financiación autonómica no va a salir en esta legislatura ya es algo que está asumido tanto por los dirigentes políticos como por los técnicos y economistas. El presidente Ángel Víctor Torres lo admitió hace unos días debido a la elevada complejidad que supone poner de acuerdo a todas las comunidades para que salga un modelo que satisfaga las necesidad de gasto con sus peculiaridades y porque unas ponen el acento en unos aspectos y otras en otros. Desde 2014 está pendiente la renovación del sistema pero por falta de consenso o por las dificultades políticas de cada momento el debate se ha aplazado pese a que en 2017, con el PP, y ahora, con el PSOE, ha vuelto a resurgir el debate.
Las revisiones del modelo de financiación autonómica han venido acompañadas en ocasiones anteriores de la inyección de recursos adicionales, una medida que conseguía reducir las resistencias de los gobiernos autonómicos de turno, pues en los primeros años del nuevo modelo contaban con el colchón de tener mayores ingresos. Sin embargo, la caída de ingresos como consecuencia de la crisis asociada a la pandemia no es el momento más oportuno para añadir una cifra millonaria a la bolsa del régimen común de financiación.
Ángel de la Fuente, uno de los mayores especialistas en la materia y director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), también contesta con un categórico «no» cuando se le pregunta si cree posible que la reforma del sistema posible pueda estar lista antes de la conclusión de esta legislatura, a finales de 2023. De la Fuente sostiene que «el fuerte déficit de responsabilidad fiscal autonómica es uno de los grandes problemas del sistema. Las comunidades autónomas quieren que el Estado les garantice de alguna forma los recursos que ellas consideran necesarios para cumplir sus funciones». En opinión del director de Fedea, «así la cosa no converge; si las autonomías quieren gastar más, tienen que dar la cara y subir impuestos, en parte de forma colectiva, y asumir los costes políticos de financiar ese gasto. Si no, las comunidades autónomas siempre tendrán la tentación de pedir más».
De la Fuente cuestionó en un informe de Fedea, en diciembre, los criterios para el cálculo de la población ajustada propuestos por el Ministerio de Hacienda en el que ha sido su primer paso para la reforma del modelo de financiación autonómica. El economista criticó «la tendencia a hacer trajes a medida en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas».
El G8: la mayor alianza de la España autonómica-Más dinero para corregir el déficit actual y luchar contra la despoblación
La mayor alianza de la España autonómica ante la reforma del sistema de financiación acordó una posición común en Santiago de Compostela en noviembre de 2021, en una declaración firmada por los presidentes de Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Estos ocho territorios suman casi el 62% de la superficie de España pero algo menos de una cuarta parte de la población, de ahí que una de sus demandas coincidentes sea la creación de un fondo específico para plantar cara a la despoblación y la dispersión. El llamado G8 sostiene que esos criterios, unidos a otros como de la orografía, tiene una especial incidencia en la determinación del coste real de los servicios públicos, una de las grandes asignaturas pendientes siempre que arrecia el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Corregir el déficit de financiación que sufren todas las autonomías, garantizando así el principio de suficiencia para la prestación de los servicios, pasa a juicio de estas ocho autonomías por el mantenimiento del statu quo, no perder los recursos actuales y sumar los adicionales del nuevo modelo.
El Mediterráneo: más población, más recursos- La reivindicación del número de habitantes como factor clave en el futuro reparto
La Comunidad Valenciana es la autonomía más infrafinanciada con el modelo de financiación vigente, aprobado en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Año tras año figura a a la cola de las estadísticas de financiación per cápita, siempre por debajo de la media. Su reivindicación básica es que el nuevo sistema tenga como criterio principal y de referencia para el reparto de los recursos el del número de habitantes: más población, más dinero para pagar la prestación de los servicios públicos básicos que son competencia de las comunidades autónomas. El Gobierno del socialista Ximo Puig se ha aplicado en los últimos meses en buscar alianzas en otras autonomías que se encuentren en situación similar, una estrategia en la que también pueden verse identificadas Andalucía y Murcia, comunidades con un perfil demográfico muy diferente al de las regiones del Noroeste y, por lo tanto, con unas peculiaridades muy diferentes a la hora de afrontar el reparto de los dineros para financiar la prestación de los servicios básicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Cataluña: mayor recaudación, mejor financiación - Cataluña quiere hacer valer su mayor capacidad fiscal para tener más recursos
Cataluña, detonante de las anteriores revisiones y reformas del sistema de financiación autonómica, está ahora igual de disconforme con el resultado para sus arcas del modelo que pactó con José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado en 2009. Pero la vocación independentista del gobierno de la Generalitat, desde Artur Mas a la actualidad, ha alejado a sus presidentes de reivindicar la reforma del régimen común por sus aspiraciones a una negociación y acuerdo bilaterales con el Estado. En lo que sí coincide el ejecutivo de Pere Aragonés con el resto de barones autonómicos es en la necesidad de que llegue más dinero a los territorios para hacer frente al creciente gasto de los servicios básicos esenciales, más patente que nunca en la crisis de la pandemia. El Gobierno catalán reclama que el nivel de recursos para los servicios públicos pase a ser directamente proporcional a su capacidad fiscal. Esto es, a más recaudación por una mayor actividad económica, más parte en la tarta de la financiación, con independencia de cual sea el coste de los servicios y con el objetivo de la «soberanía fiscal plena» en su hoja de ruta.
Madrid: medir el impacto de la concentración de la población en el gasto - Madrid aboga por un sistema que no prime a la España menos habitada
La Comunidad de Madrid es el territorio que aporta mayor volumen de recursos a la «caja común» de la financiación , por delante de Cataluña. De ahí que , como el ejecutivo independentista, haya venido manteniendo el discurso de que a mayor capacidad fiscal, mayor volumen de ingresos. Madrid y Cataluña serían, a juicio de los expertos, las comunidades autónomas más beneficiadas si el nuevo sistema de financiación diera carpetazo a la cláusula del statu quo, mediante la cual ninguna reforma puede dar como resultado que una región tenga menos recursos que en con el modelo anterior. Pero, Madrid también tira ahora de la ingeniería a la que suelen recurrir todas las consejerías de Hacienda para buscar el hecho diferencial o especificidad que le pueda beneficiar ante una hipotética reforma que, a día de hoy, todavía está muy verde. La Comunidad de Madrid considera que el criterio puesto encima de la mesa sobre la variable población beneficia a algunas de las autonomías menos pobladas y pide que el nuevo modelo introduzca un factor corrector para que se tenga en cuenta la repercusión de la concentración de habitantes en el gasto.
Canarias: elevar el peso de la pobreza y la insularidad en la sistema - Canarias apuesta por su factor diferencial y más fondos para la población flotante
Canarias suele ser una de las comunidades autónomas que están por debajo de la media del país en el reparto del sistema de financiación y, según el último informe sobre la población ajustada, es la comunidad que resulta más perjudicada. Por eso urge a una modificación del modelo vigente para corregir el desfase entre los recursos que recibe y los servicios públicos que presta a su ciudadanía. Canarias, como también Baleares, han venido reivindicado que se pondere en mayor medida el efecto de la insularidad y que de cara a la elaboración de un nuevo modelo se tenga en cuenta por primera vez el impacto de la población denominada flotante en el coste de la prestación de servicios, tanto los turistas como los trabajadores de temporada y las personas que pasan una parte amplia del año en su territorio. Además, Canarias incide especialmente en el factor de la pobreza y la exclusión social como elemento determinante ya que la crisis provocada por la pandemia han elevado los indicadores de pobreza por encima de su nivel habitual, desigualdades que suponen mayores costes para los servicios públicos.
