La estrategia nacional para compartir entre todas las comunidades autónomas la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias está atascada. Pese al mensaje de auxilio lanzado desde la Presidencia del Gobierno regional (PSOE) y la Consejería de Derechos Sociales (Podemos), el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, no se apresura a buscar una solución que garantice la mejor atención de los niños y adolescentes que, después de días de navegación a bordo de embarcaciones precarias, arriban a las costas del Archipiélago. Tras dar respuesta a la crisis fronteriza que vivió Ceuta a mediados de mayo, el Consejo Territorial de Servicios Sociales puso sobre la mesa la posibilidad de trazar un plan estable que ayudara a atender a la infancia migrante y aliviar la presión de los centros de acogida, tanto de la ciudad autónoma como de Canarias, y se dio un plazo de dos meses para articular un protocolo de reparto. Ese periodo expiró el 25 de julio y todavía no se ha materializado.
El senador autonómico, Fernando Clavijo (CC), solicitó por escrito el 19 de noviembre, a través del Senado, el borrador de la estrategia de reparto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales. Después de más de dos meses de silencio, el Gobierno de España contestó ayer que el documento requerido es «un borrador de trabajo», que aún no ha sido aprobado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La breve respuesta del Estado concluye que el plan se ha presentado para conocimiento de los miembros del Consejo Territorial, pero «sigue en proceso de elaboración para continuar los trabajos definitivos». Esto es, el protocolo que debió estar ratificado en verano por las comunidades autónomas y el Estado sigue siendo un boceto sobre el que todavía hay que trazar muchas pinceladas.
Santana reclama a Interior determinar a pie de playa si los migrantes son menores de edad
Recogiendo el guante de Belarra, a finales de mayo, el PSOE llevó al Senado una moción sobre la atención a los menores migrantes. Su propuesta instaba al Gobierno a tomar la iniciativa para llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas sobre la acogida de los niños migrantes no acompañados, «asumida casi en exclusiva por Canarias, debido a su condición de territorio de primera entrada para la migración a través de la ruta atlántica». CC, ASG y PP presentaron varias enmiendas –algunas incluidas en el texto final–, y la moción fue aprobada en la sesión del Senado celebrada el 21 de octubre. Así, Clavijo denuncia que tanto el PSOE como Podemos «han tenido la solución en la mano pero se han negado a aplicarla en Madrid, llevando a las Islas al colapso». Además, lamenta que el Gobierno de Canarias defienda «ahora» una solución a la gestión de los menores «cuando llevan dos años bloqueándola en Madrid». El líder nacionalista afirma que «lo único que han hecho –desde el Ejecutivo regional– es dar titulares pero no gestionar».
A pesar de que la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, reclama la intervención urgente del Estado para dar solución al colapso de los centros de menores en las Islas, Santana justificó ayer en el Parlamento canario el retraso en el desarrollo de la estrategia nacional y explicó que se debe a los «problemas» que plantean algunas comunidades. Además, destacó que Belarra incluirá en la próxima comisión interterritorial el protocolo de distribución de menores. La consejera también adelantó que ha solicitado por tercera vez una reunión con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y que ha pedido un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que técnicos de unidades de infancia puedan certificar a pie de playa si los migrantes llegados son menores o no, puesto que en los centros tutelados hay alojados más de 1.300 personas de las que se duda sobre su minoría de edad.
Clavijo sostiene que el Ejecutivo canario «solo ha dado titulares y no ha gestionado» la crisis
El Ejecutivo de Ángel Víctor Torres se encomienda ahora a la XXVI Conferencia de Presidentes –que se celebrará el próximo día 25 en La Palma– para exigir una implicación efectiva de las autonomías y del Estado en el la búsqueda de un sistema de reparto entre los distintos territorios de parte de los 2.819 niños migrantes que están bajo la tutela del Gobierno canario. Torres se ha comprometido a forzar que se aborde este tema en la cumbre, pese a que no están contemplado en el orden del día remitido por La Moncloa a los presidentes regionales. En el encuentro, Torres hará hincapié sobre la situación de emergencia que vive el Archipiélago, que se ha quedado sin capacidad para albergar a más menores extranjeros no acompañados, e insistirán en la necesidad de implicar a la Unión Europea para buscar una solución común.
Hace una semana, la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, alertó de que las Islas habían llegado a su límite y pidió la colaboración del Ministerio de Defensa para montar carpas en las que hospedar a los menores. Tras esta advertencia, Escrivá reconoció que el modelo actual «no es adecuado» y apostó por el reparto de los niños y jóvenes por todo el país, igual que se hace con los migrantes adultos. Según explicó en verano el Ministerio de Derechos Sociales, la distribución de los menores se definirá en función de la población de cada región y de su situación socioeconómica.
