Tal vez la mejor intervención del pleno que finalizó ayer fue la de la diputada de CC, Socorro Beato, que preguntó de nuevo (y de nuevo inútilmente) sobre el nonato proceso de transferencias competenciales al que obliga el Estatuto de Autonomía de 2018. Otra vez el responsable en el organigrama gubernamental, el vicepresidente Román Rodríguez, decidió escurrir el bulto porque, obviamente, el proceso no ha tenido maldito éxito, y queda feo que un nacionalista deba admitirlo ante el plenario. Así que se buscó a un consejero con la suficiente maña para contestar la interpelación y el premio recayó en José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, cuya vaporosa facundia se consideró suficiente para el duelo parlamentario. Valbuena es capaz de mostrarse enérgicamente convencido de cualquier nadería, pero no.
Socorro Beato repasó la situación de las transferencias para concluir que en ningún ámbito – costas, inmigración, gestión portuaria, telecomunicaciones – se han producido progresos, siquiera modestos. Las conversaciones sobre la gestión de costas están encalladas desde hace muchos meses. Mientras tanto, en los dos últimos años, el Gobierno central, a través de una decena de decretos, ha procedido a intensificar las transferencias competenciales al País Vasco, como también lo ha hecho con Cataluña o Valencia. «Estamos instalados en la irrelevancia», sentenció, «e insultan ustedes a la inteligencia de los canarios al anunciar una y otra vez avances que no se producen, competencias que no llegan, reuniones que no se celebran finalmente». «Tienen ustedes la obligación», remachó, «de cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía, y todo lo demás son baratijas de Twitter». Bajo el chubasco argumental Valbuena se defendió lo mejor que pudo, llegando a decir que sí, es verdad, que se han transferido competencias al País Vasco, pero que se recordara que el Estatuto de Guernika se promulgó en 1979. Es una pequeña pillería retórica de Valbuena, porque no cuenta con las transferencias que se han producido antes, y que no han sido precisamente pocas. Particularmente hasta finales de los años ochenta y, después, a comienzos de este siglo.
Según expone el PNV como doctrina oficial «la negociación de las transferencias pendientes para cumplir el Estatuto ha estado sujeta a la necesidad de apoyos que tuviera el Gobierno español de turno».
También debatieron sus señorías sobre la reforma laboral consensuada con sindicatos y patronales y aprobada esperpénticamente en el Congreso de los Diputados la pasada semana. Luis Campos, por supuesto, hubiera querido una reforma más amplia. «La mayoría querríamos tener una reforma que recuperara los derechos laborales anteriores a 2012». Y probablemente los anteriores a 2010. Campos, como mucha gente de izquierda, es capaz de volteretas nostálgicas que le llevarían a la legislación laboral del franquismo y sus 45 días por año trabajado. El PP, por boca de Carlos Antonio Ester, denunció que el Gobierno central – y el autonómico –hinchaban pecho con la creación de empleo del año pasado, «es decir, con la reforma del Partido Popular todavía vigente», lo que no es una mala observación, pero tampoco una apología inmejorable del mercado laboral tal y como lo dejó la señora Báñez. CC defendió su apoyo por responsabilidad y respeto «a un amplio consenso de empresarios y trabajadores» y el PSOE se encontró, como siempre, bello, alto y rubio como la cerveza.
En realidad lo que cabría preguntarle al Gobierno, a cualquier gobierno de un Estado aconfesional, es por qué se ha invitado al obispo en actos oficiales hasta ahora
Manuel Marrero, sorprendentemente, hizo un discurso corto y brillante, relacionando los derechos laborales de la mayoría con una democracia sólida y activa. «Una reforma laboral que favorece a la mayoría y al mismo tiempo permite prosperar a las empresas fortalece al sistema democrático», dijo. Es una pena que a esas alturas del pleno ya nadie presta demasiada atención. La consejera de Economía y Empleo, Elena Máñez, habló del paro y la precariedad como si fuera una batalla ganada definitivamente, como la tuberculosis, gracias a una reforma laboral potencialmente milagrosa y a los resúmenes ejecutivos que le redactan los técnicos de su departamento y que ella, con una ligereza incomparable, hace pasar por discursos.
Entre las muchas y plúmbeas proposiciones no de ley presentadas, esos breves cantos de sirena trufados de melancolía por lo que podría ser y no será nunca destacaron dos: una que repudiaba al obispo de Tenerife –promovida por Podemos -- y otra que exigía que las sesiones de control parlamentario al Gobierno fueran transmitidas por la televisión autonómica. La proposición sobre la mitra bocazas tenía dos cláusulas. La primera expresaba el rechazo de la Cámara a las palabras de Bernardo Álvarez sobre la homosexualidad (dijo nada menos, qué espanto, que los homosexuales irán al infierno: desde aquí se huele la carne asada de muchos miles de curas y de bastantes papas) mientras la segunda instaba al Ejecutivo a no invitarlo nunca más a un acto oficial. Pues bien, la primera fue aprobada por unanimidad y segunda solo recibió el respaldo de los cuatro diputados podemitas. En realidad lo que cabría preguntarle al Gobierno -- a cualquier gobierno de un Estado aconfesional – es por qué se ha invitado al obispo en actos oficiales hasta ahora. Como invitar a representantes de católicos, protestantes, cristianos ortodoxos, mahometanos, judíos, budistas, zoroastrianos, testigos de Jehová y seguidores del Gran Espaguetti Volador supone un evidente problema de espacio, mejor no invitar a nadie, y de paso, irnos todos al infierno.
La otra propuesta estaba firmada por Vidina Espino, y solicitaba que la televisión pública canaria transmitiera las sesiones de control parlamentario al Gobierno. Es una solicitud bastante razonable, dada el limitado y cada vez más débil seguimiento informativo que tienen los plenos de la Cámara. La tele autonómica mantiene ciertamente un programa, Parlamento se llama, en el que cualquier dimensión conflictual se evita cuidadosamente y la vida parlamentaria es una elegante pavana que bailan acompasadamente gobierno y oposición. Por las preguntas que le hace la locutora a los diputados y diputadas se asemeja más al programa de una inmobiliaria que pretendiera alquilar salones elegantes para bodas y bautizos a un precio razonable que a un espacio de información política. Extrañamente la portavoz del PP, Luz Reverón, se mostró en contra, porque sería muy largo. Para la señora Reverón el control parlamentario al Gobierno incluye preguntas, interpelaciones y comparecencias. Es indudable que Reverón sabe mucho de derecho administrativo, pero poco de televisión. Con las preguntas al presidente del Gobierno –para empezar – incluidas como apéndice informativo del Telecanarias o como programa especial cada 15 días la propuesta ya sería interesante. Pero no llegará. En el directo se pueden ver demasiadas cosas. Más vale acogerse a los resúmenes de las distintas consejerías y empresas públicas. Un día el gabinete de Presidencia enviará sus propias crónicas parlamentarias y este perdido e insignificante oficio habrán terminado.
