El Gobierno canario dio ayer el último paso para que la ley que regula la nueva renta de ciudadanía entre en el Parlamento. El objetivo de la Consejería de Derechos Sociales es llegar a 40.000 familias cuando se desarrolle en su totalidad, mientras tanto sustituirá a la prestación canaria de inserción (PCI) que beneficia actualmente a cerca de 10.000 familias, según los últimos datos oficiales. Si la tramitación parlamentaria no se demora en exceso la previsión más optimista es que pueda aprobarse en la Cámara en junio o julio y entrará en vigor dos meses después, según establece el texto.
Convertida en el proyecto estrella del pacto de las flores, la renta mínima canaria ha pasado por varias vicisitudes, la principal la puesta en marcha por el Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que obligó a modificar el sentido inicial de la renta canaria. La medida entrará en vigor en la recta final de la legislatura y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, indicó que en la primera fase la nueva ayuda sustituirá a la prestación canaria de inserción (PCI), por lo que llegará a las cerca de 10.000 familias que la perciben actualmente, que no tendrán que volver a tramitar de nuevo la documentación ya que la intención es integrarlas.
La renta tendrá una cuantía mínima de 517 euros y una máxima de 1.100 euros
Lo que sí se ha introducido en la ley es una serie de «avances» en relación con la PCI y con el IMV para evitar los problemas burocráticos y la complejidad en la tramitación de estas prestaciones que han ocasionado múltiples quebraderos de cabeza a la Administración y a los solicitantes, demoras excesivas y que muchas familias se hayan quedado fuera pese a encontrarse en el umbral de la pobreza. Entre otras novedades no hay límites en el tiempo que dura la prestación si los beneficiarios no cambian sus condiciones socioeconómicas; se agilizan los trámites administrativos para la concesión de la ayuda y desaparecen las renovaciones, de tal forma que habrán revisiones anuales que realizará los técnicos de Derechos Sociales.
La titular de las políticas sociales autonómicas señaló que el objetivo es que la Renta de Ciudadanía pueda alcanzar a unas 40.000 personas en todo el Archipiélago, para matizar que tiene ciertos avances en relación a la PCI. Santana se refirió a que tendrá una cantidad superior, siendo la cuantía mínima de 517 euros para una persona sola y de 1.100 euros para una familia con cuatro hijos y dos progenitores. La nueva renta equipara al Archipiélago con el resto de comunidades autónomas al tener una renta garantizada y mejora las cuantías que recibirán las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más elevada que la actual PCI. El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV en caso de que éste no ofrezca la cuantía completa y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias.
De esta forma Noemí Santana aseguró que la Renta de Ciudadanía y el IMV convivirán como dos prestaciones destinadas a personas y familias en riesgo de exclusión social o con ingresos bajos de forma similar a lo que sucede es comunidades como el País Vasco. El IMV llega actualmente en las Islas a unas 19.000 familias después de los múltiples problemas en los que se ha visto envuelta esta prestación. La ayuda canaria llegará «a unos perfiles a los que no llega el Ingreso Mínimo, por lo que habrá convivencia entre ambos», añadió la consejera de Derechos Sociales.
Nuevos perfiles
Entre estos perfiles se encuentran la inclusión social de los jóvenes o como complemento de los ingresos por trabajo en aquellas situaciones en que los salarios sean muy reducidos. Santana reconoció que el desarrollo de la renta será de forma paulatina, de tal manera que la primera fase tardará al menos dos años, mientras que su despliegue total tardará varios años más. La consejera señaló que la aplicación «no será sencilla» pero se están poniendo todos los medios al alcance del departamento para que no ocurra lo mismo que con la implantación del IMV, de tal manera que se contratarán a 60 empleados dedicados a la puesta en marcha de la renta y se agilizarán los procedimientos al máximo para evitar retrasos en las tramitaciones.
Según establece la futura ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social y que cumplan los requisitos recogidos en el texto legislativo. Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.
Junto a la inclusión y protección social, la integración de los jóvenes y el complemento a los ingresos del trabajo, también se contemplan tres complementos a la vivienda, a la educación y a las pensiones no contributivas que se desarrollarán a través de un reglamento específico una vez que entre en vigor la ley y vaya implementándose. En el caso de la educación, Santana resaltó que se pretende impedir que cualquier joven se quede sin cursar estudios superiores porque su familia no pueda asumir los costes de los estudios.
¿A quiénes beneficia?
¿Por qué se pone en marcha la renta de ciudadanía?
- La renta mínima es un derecho subjetivo que figura en el Estatuto de Autonomía que se renovó y entró en vigor en 2018. Asimismo, también se contempla en la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019. Se trata de una prestación económica que se percibe sin límite de tiempo mientras persistan las circunstancias de exclusión social.
¿Quiénes tienen derecho a recibir la renta?
- Todas aquellas personas y familias que se encuentran por debajo de la umbral de la pobreza y con una serie de circunstancias que les impida pagar un alquiler, estudios, unos ingresos de trabajo bajos, pensiones no contributivas y perfiles sociales a los que no llegue el Ingreso Mínimo Vital del Estado.
¿A cuántas familias pretende llegar?
- Para empezar el objetivo es cubrir a las 9.770 familias que a día de hoy perciben la prestación canaria de inserción (PCI). En siete años se han duplicado los beneficiarios que reciben esta ayuda ya que en 2015 eran 5.777 y esta cantidad se ha ido incrementando de forma paulatina hasta llegar a casi 10.000. Esta primera fase tardará al menos dos años, según la Consejería de Derechos Sociales.
¿Cuántas prestaciones quedarán en las Islas?
- Para la implantación de la renta de ciudadanía Canarias ha cogido el modelo del País Vasco, que lleva años con una renta mínima y que ahora se mantiene en convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puesto en marcha por el Gobierno central. La intención del Gobierno canario es que ambas ayudas convivan y se complementen.
¿Cuáles son las modalidades?
- En una primera fase la renta intenta paliar la exclusión social, después llegará a los jóvenes y también pretende complementar los ingresos por trabajo cuando éstos sean insuficientes para desarrollar un proyecto de vida.
