Canarias y Madrid atan flecos para un traspaso de Costas «solvente»

«Estamos cerrando flecos, porque queremos un acuerdo con Canarias para que el traspaso de la gestión del litoral a la comunidad autónoma sea solvente y esté bien armado jurídicamente». Esta es la respuesta que da el Ministerio de Política Territorial a las dudas surgidas a última hora sobre el contenido de esa transferencia competencial desde el Estado a Canarias y sobre la fecha en que se podría hacer efectiva. Es decir, el Ministerio asegura que «no hay discrepancia de fondo» respecto a homologar el traspaso respecto al que en su día el Estado realizó a Cataluña (2007) y a Andalucía (2011), y limita los aspectos que aún se negocian a los recursos humanos y materiales y a la financiación de que irá acompañado.

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En la misma línea se pronuncia la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que mantiene que el Ministerio de Transición Ecológica, actual titular de esa competencias, y el de Política Territorial, que negocia el traspaso propiamente dicho, ya asumieron en reuniones anteriores otorgar al Archipiélago el mismo nivel de gestión que se aprobó para los casos catalán y andaluz, y que por tanto serán suyas las competencias de planeamiento del litoral y del régimen sancionador, dos de los aspectos sobre los que había discrepanecias. Siempre, en todo caso, en los términos que establece la legislación básica estatal, la Ley de Costas, sobre la capacidad de Estado para supervisar y decidir en ambas materias.

Según la consejería que dirige José Antonío Valbuena, esos flecos que se estarían aún negociando tienen que ver con el aspecto económico del traspaso, es decir, calcular el coste efectivo de la transferencia competencial que el Estado tendría que seguir cubriendo, actualizado a cifras de 2022, y la cesión a la comunidad autónoma del personal (funcionarios y personal laboral) y medios materiales, con los que cuenta el ministerio gestor.

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El gobierno regional asegura que el Estado no se ha negado a las peticiones que hizo Canarias sobre el contenido competencial del traspaso, «que fueron atendidas», y que lo que se está definiendo es el traspaso de personal y de recursos «porque la consejería, con la estructura actual, no puede asumir esas competencias». Insisten en que la negociación «va por buen camino» y que «se está culminando», pero que se quiere que “el acuerdo sea lo más concreto posible y que contemple todos los aspectos de que se reclamaban desde el Archipiélago».

Fuentes del Ministerio de Política Territorial confirman que «el proceso está encauzado, y solo falta el acuerdo final, que se concretará el día 23», día en que se reunirá la Comisión Bilateral. «El Ministerio trabaja para conseguir que el traspaso tenga la solidez jurídica que se requiere y que el acuerdo esté bien armado técnica y jurídicamente», añaden desde el ministerio que dirige la también portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez.

Traspaso efectivo

Según el Gobierno regional, el Estado ha rectificado algunas de sus posiciones iniciales sobre aspectos trascendentales de la transferencia tal como ésta aparece en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía, donde se recoge que la ordenación y gestión del litoral será de competencia autonómica. Madrid pretendía mantener un mecanismo de control muy estricto sobre la capacidad regional para autorizar y gestionar actuaciones en la costa y en la ejecución de obras en el litoral que el actual ministerio gestor considere de interés general, y que quedarían fuera de las transferencias. A modo de vigilancia, el Gobierno central pretendía imponer un informe preceptivo, que debe emitir la dirección general de Costas, para las autorizaciones a las que Comunidad Autónoma haya dado el visto bueno.

El otro punto de fricción se refería al régimen sancionador contra las actuaciones que no respeten las condiciones de cesión del terreno costero o de las actividades autorizadas en él.

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Ambas partes discutían en este sentido el deslinde sobre cuál de las administraciones debe tener capacidad de sancionar, así como el importe de esas sanciones. En ambos casos, el del control del planeamiento y el del régimen sancionador, Canarias ha forzado unos márgenes de decisión homologables a los casos de Cataluña y Andalucía.

El aplazamiento continuo de la fecha del traspaso de este competencia desde el primer acuerdo entre Canarias y el Estado hace justo un año, ha provocado dudas y controversía en las Islas sobre la disposición estatal a ceder toda la gestión del litoral demanda por el Gobierno regional. La última fecha mencionada por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para el traspaso efectivo ha sido el 1 de julio, es decir, cuatro meses después del acuerdo que se cierre el 23 de febrero. Cabe recordar en este sentido que, Andalucía, por ejemplo, asumió plenamente las competencias el 1 de abril de 2011, sólo dos meses y medio después de formalizar el acuerdo, el 12 de enero de ese mismo año.

Las trabas actuales se centran en el coste y la cesión de medios materiales y humanos

Estos aplazamientos en el caso del Canarias son los que han llevado a los partidos de la oposición en las Islas a cuestionar el tipo de negociación llevada a cabo por el Ejecutivo regional, y la disponibilidad del Estado a cumplir los términos del artículo 157 del Estatuto. El jueves, CC y PP coincidían en urgir al Gobierno central a realizar esta transferencia advirtiendo que «las reticencias que está demostrando para materializar las competencias podría ocasionar daños irreparables como la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo de los Hoteles Oliva Beach y Tres Islas, en Fuerteventura». Al tiempo, reprochan que Torres «permita que el Estado siga dando largas en la transferencia de unas competencias que son de la Comunidad Autónoma» y que, en casos como los de los dos hoteles majoreros, «permitiría solucionar aquí lo que llevan bloqueando tres años en Madrid, haciendo que el futuro de casi un millar de familias canarias dependan de que un ministerio quiera o no dar el visto bueno a un proyecto de rehabilitación o den por caducada una concesión».

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