La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha lanzado este martes un grito de "auxilio" y "socorro" para garantizar la atención a los menores migrantes en las islas que hasta ahora suman un total de 2.869 bajo tutela.
"La situación es límite", ha apuntado en una comparecencia en comisión parlamentaria en la que ha advertido de "no hay ni una sola plaza más" y los recursos económicos y humanos "son muy escasos", de tal forma que si no se pone remedio de inmediato a esta situación, la atención no va a poder ser la misma que hasta ahora.
"Nuestra preocupación es que en el futuro se merme la atención, no lo vamos a permitir, llegaremos hasta donde tengamos que llegar", ha indicado.
Santana ha insistido en que Canarias vive una "crisis migratoria sin precedentes" y nunca hasta ahora había tenido tantos menores no acompañados en acogida, con algo más de 2.300 en los 50 centros de emergencia abiertos por la comunidad autónoma y 566 en manos de los cabildos.
Por islas, ha detallado que en Gran Canaria hay 1.421 menores en centros autonómicos y 200 bajo tutela del Cabildo; en Tenerife, 117 y 609 respectivamente; en Fuerteventura, 23 y 168 y en Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, un total de 191, 30, 5 y 55, todos en instalaciones de adscripción autonómica.
La consejera ha lamentado la "falta de colaboración" de algunos ayuntamientos de las islas para abrir centros y ha criticado también la escasa "solidaridad" del resto de comunidades autónomas, que solo han acogido a 298 menores.
Ha apuntado que el Gobierno canario "ha recurrido a todas las vías" para reclamar ante el Estado y la Unión Europea (UE) "un reparto responsable" de menores en un momento de "emergencia humanitaria" y dado que Canarias es "frontera sur" de España y Europa y parece que "ninguna lo recuerda".
Santana ha señalado que la distribución obligatoria de los menores está lastrada por una "laguna legal" y las dificultades para sacar adelante el protocolo en la comisión interterritorial ante los "obstáculos" que ponen algunas comunidades autónomas.
No obstante, espera que la comisión bilateral Canarias-Estado "será muy útil" para "poder dar luz y fijar qué criterio" se sigue.
Además, ha dicho que han pedido al ministerio del Interior que permita una primera evaluación "a pie de costa" a técnicos de la ONG Save The Children para determinar la edad --Interior lo ha rechazado y lo volverán a solicitar-- porque "aliviaría bastante la presión", pues hay hasta 1.280 menores pendientes de pruebas para acreditar su edad.
AGILIZAR LAS PRUEBAS ÓSEAS
En ese sentido ha valorado la predisposición de la Delegación del Gobierno por acelerar las pruebas óseas.
Santana ha dicho también que sigue a la espera de reunirse con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y aunque no han logrado que Canarias reciba fondos FAMI de la UE, sí que para este 2022 hay 50 millones en los PGE para la atención a las migraciones.
Teresa Cruz (PSOE) ha comentado que la atención a los menores no acompañados "es un asunto de política con mayúsculas" y hay marcos normativos que pueden obligar a las comunidades autónomas, como el Foro de la Infancia o la Conferencia Sectorial de Infancia.
Ha dicho que siempre debe primar "la protección del menor" y se pregunta por qué no se puede hacer "el primer filtro" a través de la ONG Save the Children, tal y como realizan en otros territorios.
Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha reconocido que el sistema de acogida está "saturado" y la situación es "inasumible", con una "tibia acogida" del resto de comunidades autónomas, por lo que ha exigido que se pase a una "obligación legal".
Ha apuntado que hay que "cambiar la ley" en el Congreso y PSOE y Unidas Podemos tienen "capacidad para alcanzar mayorías", y cuestionado por qué hay tantos menores en Gran Canaria en relación al resto de las islas. "Se puede hacer mucho más", ha comentado.
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que hace falta un "compromiso real" del Estado, la UE y el resto de comunidades para que haya una "corresponsabilidad" en la atención de los menores migrantes, cuyas llegadas van a mantenerse en el tiempo. "Esta situación es uno de los principales problemas de Canarias", ha agregado.
María del Río (Sí Podemos) ha destacado el "esfuerzo inmenso" de la Consejería y el Gobierno por "proteger" a los menores en plena crisis de la pandemia si bien ha advertido de que faltan infraestructuras y medios humanos y materiales.
Ha planteado ser "valientes" y volver a utilizar hoteles o ser "realistas" y entender que Canarias, al ser zona de frontera, debe ser ayudada con corresponsabilidad por el Estado, la Unión Europea y el resto de comunidades autónomas.
CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Luis Campos (NC) ha reconocido que los sistemas de acogida "están tensionados" y espera que la aceleración de las pruebas para determinar la mayoría de edad alivie la presión pero ha resaltado que "esa no es la solución", que pasa por la corresponsabilidad de todas las instituciones para gestionar la acogida y la derivación.
En esa línea, ha dicho que la Conferencia de Presidentes de La Palma es la mejor ocasión para exigir los repartos.
Poli Suárez (PP) ha dicho que la situación "no está controlada" en Canarias, entre otras cosas, porque en Extranjería no hay medios, y se pregunta como han calculado que hay más de 1.300 mayores en los centros si no se han hecho las pruebas de edad.
En su opinión, "donde hay que hablar" de este tema es en la Conferencia de Presidentes y no en la comisión bilateral.
Cristina Valido (CC-PNC) ha reconocido el "esfuerzo" de los técnicos de la Consejería por garantizar la acogida de los menores migrantes y de los cabildos y los ayuntamientos, que "se han comido esto solos durante mucho tiempo" ante la "incomprensión" del Estado.
Ha comentado que los canarios están "acostumbrados" a la "soledad" del Gobierno central, poniendo como ejemplo que "nada ha cambiado" desde 2020 cuando el Ministerio de Derechos Sociales anunció un protocolo de acogida.
Valido ha reclamado al Estado que se produzca la derivación de los menores y a la consejera, que "no espere" la solidaridad.
