La aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Canarias está siendo un “extraordinario éxito” y está dando respuesta a la situación de vulnerabilidad de miles de ciudadanos en pobreza extrema en las Islas. Esta es al menos la versión que ha dado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en respuesta en el pleno del Congreso a la diputada de CC, Ana Oramas, quien justamente le preguntaba sobre qué iba a hacer el Gobierno central “para corregir el fracaso de la gestión de esta prestación por no llegar a miles de personas en las Islas que cumplían los requisitos.
Escrivá no cifró el número de canarios que están recibiendo el IMV, aunque las cifras oficiales de su departamento lo establece en 42.000, pero sí comparó los más de 100 millones que se gasta actualmente el Estado en las Islas en dotar esa prestación, con los 42 millones que el Gobierno de Canarias destinaba en 2018 a la Renta Mínima de Inserción (RMI), la figura equivalente de gestión autonómica en ese momento y de la que se beneficiaban 20.000 personas ese mismo año, según datos del Ministerio. Escrivá mencionó las más de 100.000 solicitudes de IMV tramitadas en Canarias y aseguró que, como en el conjunto del territorio nacional, las que no se aprueban es “porque no han cumplido los requisitos, como ocurre con todo tipo de prestaciones”, y que la mayoría de ellas es por superar los límites de renta y patrimonio establecido en la ley estatal.
Oramas había denunciado que “cientos de miles de españoles, y muchos miles de canarios, en situación de pobreza extrema no han recibido el IMV” y que, entre otras razones, es por la “brecha digital” y la imposibilidad de tramitar las solicitudes de manera presencial en las oficinas de la Seguridad Social. Comentó el caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde explicó que se forman grandes colas desde muy temprana hora todas las mañanas y que los funcionarios solo están autorizados a atender a 20 personas cada día, pese al centenar de ellas que aguardan turno. “Esto sucede también en Tenerife, en Lanzarote y en Fuerteventura”, aseguró Oramas.
Según ella “los trabajadores quieren atender a la gente y no les dejan”, y que las personas a las que se le ha denegado la prestación, “cuando tiene la posibilidad de acudir al juzgado de lo Social, que tarda un año, y lo gana, la Seguridad Social recurre y sigue sin pagar la prestación reconocida judicialmente”. Aseguró que “no se está atendiendo presencialmente a personas que no tienen habilidades digitales en el sector de mayor exclusión social”, y acusó al ministro de no haber querido llegar a un acuerdo con los ayuntamientos para la gestión de esta prestación, ni cederla a las comunidades autónomas “porque quisieron apuntarse el tanto político”, algo que, remarcó, “ha llevado al desastre de la gestión y a la frustración e impotencia de los funcionarios”. Recordó en este sentido que los trabajadores de la Seguridad Social en las Islas han anunciado una manifestación de protesta ante las subdelagaciones del Gobierno “por la situación de colapso” en las oficinas.
La diputada de CC calificó la situación de “inaceptable” porque, según ella, de las más de 300.000 personas con pobreza extrema en Canarias, a 3 de diciembre solo habían recibido el ingreso 19.000 de ellas. Aunque admitió que la actualización de esos datos alcanzaba la cifra de 37.000 (no las 42.000 que reconoce en estos momentos el Ministerio), consideró que “sigue siendo una cifra que mantiene una situación terrible”. “Hoy, 300.000 canarios saben, cuando le escuchen, que ustedes les han abandonado, a ellos y a los trabajadores de la Seguridad Social. Actúen ya”, concluyó Oramas..
Comparación de cifras
El ministro respondió a la diputada nacionalista atacando directamente a su partido y al Gobierno de Canarias de anteriores etapas políticas, siempre presidido en los últimos 25 años hasta 2019 por CC, y comparó las cifras de personas beneficiadas por las ayudas sociales de este tipo y los recursos aportados por cada una de las administraciones que los han gestionado. “Durante 25 años desde mediado de los 90 las rentas mínimas han sido competencia de las comunidades autónomas y por lo tanto hasta el año 2019 era competencia de Canarias”, recrodó. Aunque Escrivá tuvo un lapsus confundiendo las cifras de personas beneficiadas y presupuesto, lo que quiso trasladar a la diputada de CC es que mientras el Gobierno de Canarias destinaba 42 millones a la RMI hasta 2019, el actual Gobierno central inyectaba más de 100 millones al IMV. “Hemos doblado el presupuesto que ustedes no han podido desarrollar en exactamente 25 años”, resaltó el ministro antes de comentar que el Gobierno canario había “dejado de gastarse” en 2018 un superávit de 900 millones, “un superávit con el que podían haber multiplicado por más de 20 la renta mínima canaria”.
