Los cinco acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por ejercer como patrones de un cayuco que llegó al puerto de Los Cristianos el 10 de noviembre del 2020 aceptaron ayer su culpabilidad y se conformaron con una pena de tres años de prisión. El magistrado presidente de la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia firme «in voce» después de que los abogados defensores de los arrestados y la fiscal delegada de Extranjería, Carolina Barrio, llegaran a un acuerdo de conformidad.
De esa manera, no se celebró de forma íntegra el juicio que estaba previsto contra cinco de los siete arrestados por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional por realizar tareas como manejar el timón y los motores de la embarcación, controlar el rumbo mediante GPS, así como mantener el orden ante posibles altercados, distribuir la comida y racionar el agua.
De los apresados por los agentes, uno se halla en paradero desconocido y sobre el otro, según la fiscal, no existen suficientes pruebas que determinen su participación en los hechos. A los cinco acusados, todos senegaleses, de la pena de tres años de cárcel impuesta se les descontará lo que ya han estado en Tenerife II en prisión preventiva, de forma concreta un año y tres meses. Los implicados respondieron de forma afirmativa a la pregunta del magistrado presidente de la Sección II de si estaban conformes con su culpabilidad y la pena privativa de libertad, gracias a la ayuda de dos traductoras de wolof.
Los implicados llevan en prisión preventiva en la isla un año y tres meses
En la sesión no hizo falta que intervinieran los policías nacionales que estaban citados para declarar. Según la Fiscalía, los cinco implicados, mayores de edad y sin antecedentes en España, guiados por el ánimo de obtener un beneficio ilícito y en coordinación con los organizadores del viaje, que se quedaron en tierra, aceptaron hacerse cargo de la embarcación.
El cayuco particó desde la zona de Mbor, en Senegal, en los primeros días de noviembre. La actividad de los arrestados se considera clave para favorecer la inmigración clandestina, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una ruta muy arriesgada. De hecho, varias ongs informan, de forma periódica, del número elevado de fallecimientos y desapariciones que se producen cada año entre personas que parten de Senegal, Mauritania o Marruecos hacia las islas.
Carolina Barrio asegura que los cinco acusados se pusieron de acuerdo para repartirse las tareas indispensables para garantizar el orden y la dirección del barco. Varios se encargaron de manejar el timón y los motores. Uno también controlaba el aparato de orientación por satélite (GPS) y marcar el rumbo. Y otro arrestado era el responsable de poner orden si se registraban altercados, impartir instrucciones a los ocupantes y de distribuir y racionar la comida o el agua. En el citado barco viajaron hacinadas 91 personas.
