La vía parlamentaria para que el Estado acepte la ampliación del plazo a todo el 2022 para la materialización de los depósitos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) correspondientes a 2017 se cerró ayer de manera definitiva tras el rechazo a que se pudieran votar las enmiendas de CC y ASG que lo solicitaban, en el marco del proyecto de ley de Medidas Financieras de Apoyo Social y Económico por la Covid, cuya tramitación acaba de concluir en la Cámara Alta.
El veto del Ministerio de Hacienda a dichas enmiendas ha surtido su pleno efecto, y el recurso y petición de amparo que presentaron a dicho veto los senadores enmendantes, Fernando Clavijo (CC) y Fabián Chinea (ASG), rechazados en primer término por la Mesa del Senado el martes, quedaron ayer reducidos a mero ejercicio retórico-parlamentario.
De esta forma, la posibilidad de que las empresas que habían realizado sus dotaciones a la RIC durante el ejercicio de 2017 se verán obligadas a pagar el Impuesto de Sociedades correspondientes a esos fondos pese a que la actividad de las mismas se viera seriamente mermada por las restricciones de la pandemia. La negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a ampliar un año más, hasta el 31 de diciembre, la posibilidad de materializar esas dotaciones, como se hizo el año pasado respecto a las de 2016, obligará a las empresas a declarar todos los beneficios cuando en julio próximo tengan que hacer sus liquidaciones del impuesto ante la hacienda estatal y del IRPF en el caso de los autónomos. Sólo un acuerdo político entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central antes de la fecha de las declaraciones impositivas podría modificar esta situación y salvar esas dotaciones para reinvertir en las Islas.
A ese argumento se aferró ayer Clavijo tras la materialización del veto gubernamental a su enmienda con el argumento de que supondría una merma de los ingresos tributarios estatales este mismo año de 20 millones, y aunque el senador nacionalista daba por hecho que el Ejecutivo central no atendería en ningún caso a sus peticiones para ampliar la RIC, cree que todavía queda un último cartucho a través de la negociación política entre Canarias y el Estado. «Esperemos a que haya un acuerdo entre gobiernos. Ahí es donde un presidente del Gobierno de Canarias tiene que ponerse firme y máxime si quien gobierna en el Estado es del mismo color político”, señaló Clavijo, que confía en que el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, lleve este asunto a las cumbres de finales de mes con el Estado, la bilateral del día 23, y la multilateral en el marco de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 25 en La Palma.
En todo caso, Clavijo aprovechó el debate final del decreto ley al que presentaba su enmienda para evaluar el bloqueo de Hacienda a la misma, señalando lo que consideró un «nuevo atropello a los canarios», en este caso «aplicando un veto que es ridículo y que no se sostiene porque no hay ninguna partida en los presupuestos especifica de recaudación en la RIC». Según él, el objetivo de ese veto ha sido «evitar el debate y el sonrojo y vergüenza de los senadores socialistas de tener que votar en contra aquí de algo que votaron a favor en el Parlamento de Canarias».
Adiós a 1.200 millones
El líder de CC denunció la «voracidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda en un momento de mucha complejidad para los pequeños autónomos» cuyos negocios «han estado cerrados y no han podido desarrollar su actividad por las restricciones de la pandemia, y que se enfrentan ahora a la devolución de los préstamos ICO», una situación en la que, añadió, «lejos de facilitarles lo que sí ha hecho Europa con España, la suspensión de las reglas fiscales, lo que hacen es ponerle una losa más».
Clavijo expresó su «tristeza» por lo que calificó de rendición por parte del Gobierno de Canarias, ese sometimiento del PSOE y de NC a Pedro Sánchez y a Moncloa, «tirando la toalla, dejando desprotegidos a todos esos autónomos, permitiendo el pisoteo de los derechos de todos los canarios porque el final eso lo vamos a pagar todo». Según explicó, ese rechazo a ampliar la RIC supondrá que «1.200 millones de euros saldrán de Canarias y se irán a Cataluña, País Vasco o las arcas de cualquier otra comunidad autónoma».
«Eso implica que durante esos dos años los beneficios que se comprometieron a invertir en su totalidad para generar empleo y actividad económica, van a tener que pagar a Hacienda por ellos y todo eso se va a ir fuera, no solo lo que cobra Hacienda, sino todo lo que estaba comprometido», explicó. Puso un ejemplo gráfico: Si un empresario tenía cien euros de beneficios y para no pagar 20 de impuestos se comprometía a invertirlos, ahora no solo tendrá que aportar esos 20 millones a las arcas de Hacienda, y por tanto a otros territorios, sino que el empresario ya no tendrá que invertir esos 80 euros restantes. Una situación que calificó de «absurda».
Por su parte, el consejero de Hacienda canario, Román Rodríguez, insistió ayer que el Gobierno regional y su partido NC «persistirán» en su demanda de que se amplíe a 2022 la materialización de la RIC, aunque advirtió de que la negativa que hasta ahora ha mantenido la ministra Montero no supone ningún incumplimiento del REF, donde se inserta la RIC. Rodríguez recalcó que seguirán intentándolo, pese a que el viceconsejero de Presidencia (PSOE), Antonio Olivera, ya da por cerrada la negociación.
