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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Renta ciudadana canaria con ADN vasco

El anteproyecto de la ley prevé complementar la prestación con pluses por razones de educación o vivienda

Carmen Hernández, presidenta del grupo Parlamentario de Nueva Canarias

Aprender de los errores que cometieron el resto de comunidades autónomas es la técnica que ha utilizado el Gobierno canario para redactar la ley que regula la nueva renta de ciudadanía. La norma equipara al Archipiélago con el resto de regiones españolas que ya contaban con un ingreso similar, lo que ha permitido al Ejecutivo autonómico utilizar estas leyes para crear un proyecto propio que aglutine los aciertos y deseche las propuestas que no han funcionado en otras comunidades. Así lo afirmó esta mañana Carmen Hernández, presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias, quien explicó que para la redacción de la iniciativa se contó con el apoyo de un equipo consultor vasco "experto en la materia" ya que la renta del País Vasco es una de las más antiguas de país. Lo que ha dado como resultado un proyecto canario con ADN vasco.

Entre las aportaciones de los expertos destaca la introducción en el proyecto de una serie de elementos para evitar que la prestación desincentive el empleo. "La renta está preparada para que una persona beneficiaria pueda aceptar un trabajo sin miedo a que cuando este termine se continúe recibiendo la ayuda", aclaró Hernández, quien aseguró que existían estudios nacionales e internacionales que confirmaban que este tipo de prestaciones reducen la brecha de la pobreza y que demostraban que no desincentivan el empleo. La renta está blindada por la ley "para poder paralizarla y reanudarla, y que no compute mientras se está trabajando" de acuerdo a unos limites, dijo. "Con esto terminamos con las dudas de todos aquellos que creían que la medida no iba a resultar positiva para el Archipiélago", añadió.

Carmen Hernández (NC): «La iniciativa marca un hito en la historia del Archipiélago»

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Hernández insistió en que el proyecto marca un "hito histórico" y aseguró que se trata de una de las leyes "más importantes" de las últimas legislaturas. La portavoz de NC en materia social destacó la importancia de que la renta también contemple tres complementos a la vivienda, a la educación y a las pensiones no contributivas que se desarrollarán a través de un reglamento específico una vez que entre en vigor la ley y vaya implementándose. "La gente que intenta acceder a una vivienda podrá contar con una ayuda extra que se lo permita", afirmó. El proyecto de Ley también contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en caso de que éste no ofrezca la cuantía completa y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. "El IMV es insuficiente par afrontar la crisis en las Islas", añadió Hernández.

«Innovadora»

La renta está diseñada para servir de prestación básica a "personas y familias sin recursos o con recursos insuficientes", para quienes cobran pensión no contributiva y con un nuevo nicho que la coloca como "una de las más innovadoras" del Estado, orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años que cumpla los requisitos. La portavoz de NC recordó que existía un problema en aquellos menores tutelados que alcanzaban la mayoría de edad, quedando "literalmente en la calle" sin ninguna cobertura y para los que esta renta servirá de ayuda "hasta que puedan encontrar un empleo".

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, adelantó el pasado 10 de febrero que el objetivo es llegar a 40.000 familias cuando la propuesta se desarrolle en su totalidad, mientras tanto sustituirá a la prestación canaria de inserción (PCI) que beneficia actualmente a cerca de 10.000 familias, según los últimos datos oficiales. Si la tramitación parlamentaria no se demora en exceso la previsión más optimista es que pueda aprobarse en la Cámara en junio o julio y entrará en vigor dos meses después, según establece el texto.

Los grupos políticos pueden incluir propuestas durante el trámite parlamentario

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La horquilla de las ayudas es de 517 euros para una persona sola, hasta 1.082 euros para una unidad familiar con cuatro hijos y 1.190 euros si es familia monoparental con cuatro hijos. Y entre otras novedades aparece la inexistencia de límites en el tiempo que dura la prestación si los beneficiarios no cambian sus condiciones socioeconómicas; se agilizan los trámites administrativos para la concesión de la ayuda y desaparecen las renovaciones, de tal forma que habrán revisiones anuales que realizará los técnicos de Derechos Sociales.

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