El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, insta al Ministerio del Interior al “cierre inmediato” de la nave de atención a inmigrantes situada en el barrio de Argana Alta, junto a la carretera que une Arrecife con San Bartolomé.
La instalación, según el informe del Defensor del Pueblo, no cumple “las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad para garantizar la protección de la salud, higiene e intimidad de los detenidos, ni unos estándares dignos para llevar a cabo su detención durante 72 horas”, se recoge en el documento al que ha tenido acceso LA PROVINCIA. Diversas ONG reclaman desde hace tiempo el cierre de ese recinto, conocido como “la nave de la vergüenza”. Un vídeo difundido en septiembre del pasado año mostraba colchones en el suelo y hasta charcos de agua.
Miembros del equipo técnico del Defensor del Pueblo realizaron el pasado 7 de noviembre una visita sorpresa a ese inmueble, de la cual se deriva el requerimiento a Interior, y al nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Arrecife. El Defensor del Pueblo insta a Interior a poner en funcionamiento “con carácter urgente” el citado CATE, que la Dirección General de la Policía Nacional instaló en la trasera de la comisaría de Arrecife, cerca de Puerto Naos, y al que se opone el Ayuntamiento capitalino.
Se trata de más de una veintena de casetas que a tenor del Defensor del Pueblo “se encuentra en condiciones para ser utilizado como espacio de emergencia de detención policial, teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2022, que aprueba el plan de obras de interés general del Ministerio del Interior”.
Es la segunda vez que el Defensor del Pueblo remite un escrito al Ministerio del Interior en el que pide el cierre de un centro de atención a migrantes que llegan a las costas del Archipiélago. En noviembre de 2020 hizo esa demanda en relación al campamento del muelle de Arguineguín (Gran Canaria), que a principios de ese mes llegó a albergar a 2.600 personas.
Dotaciones
El pasado 2 de febrero, el Defensor del Pueblo recibió la respuesta de la Dirección General de la Policía en base a la solicitud de información realizada por la institución que representa Gabilondo en octubre de 2021 en relación a las condiciones de la nave de detención policial de la carretera de Arrecife a San Bartolomé.
Entre otros datos, ofrecidos por la Policía, se detalla que la ocasión en la que hubo más migrantes alojados en la nave fue el fin de semana del 25 y 26 de septiembre del pasado ejercicio, “cuando arribaron a las costas de Lanzarote un total de catorce pateras, teniendo que dar alojamiento a 532 personas”. Se añade que “con posterioridad a esas fechas, la ocupación siempre ha sido significativamente menor”.
Entre septiembre de 2021 y el 14 de enero de este año han pasado por la nave 385 mujeres y 294 menores, según la Policía Nacional
En cuanto a la dotación de ese recurso, que continúa abierto, se especifica que “en la nave hay camas y se han llevado acciones de desratización, no presenta filtraciones, ni fugas de agua; en el interior existen dos duchas y los baños están situados en el exterior, a pocos metros de la entrada, siendo la dotación variable entre cinco y quince baños químicos, dependiendo de la ocupación, estando diferenciados los utilizados por hombres de los utilizados por mujeres”.
En cuanto al número de mujeres y menores que “han permanecido en la nave desde el mes de septiembre de 2021 y hasta el 14 de enero del año en curso, ha sido de 385 mujeres y 294 menores (…)”, según la Policía.
La Policía Nacional subraya que la nave "dispone de todos los servicios, garantizando la mejor higiene, asistencia sanitaria y alimentación posible, siempre en parámetros de una situación de privación de libertad de corta estancia, bajo custodia policial".
Atención sanitaria
El cuerpo de seguridad resalta que “la asistencia sanitaria siempre está garantizada” desde que los migrantes llegan a la Isla. Cruz Roja realiza un triaje tras el desembarco y deriva al hospital de las personas que requieren esa atención. “Una vez son alojados en la nave ubicada junto a la carretera de San Bartolomé, y siempre que sea necesario, se solicita la presencia de los servicios médicos”, para atender a los pacientes que lo necesiten. Hasta los centros médicos se traslada a los usuarios que así lo considere oportuno el personal sanitario.
"Esa nave no tiene que existir para nadie"
La abogada experta en asuntos de inmigración y extranjería, Loueila Mint El Mamy, recuerda que “ya el Defensor del Pueblo se pronunció sobre la situación de la nave cuando la gestionaba Cruz Roja” y añade que “llevamos cerca dos de años denunciando que la misma, aún siendo un recurso de custodia policial durante un máximo de 72 horas y no de acogida, no es el lugar más adecuado para prestar esa atención. En ese espacio han estado hasta niños, mujeres en proceso de posparto y lactancia y personas con enfermedades”. La letrada se mostró tajante: “Esa nave no tiene que existir, ni para la población migrante en tránsito ni para nadie. El CATE está en mucho mejores condiciones y estamos a la espera de que se ponga en funcionamiento”.
"En la nave han estado hasta niños, mujeres en proceso de posparto y lactancia y personas con enfermedades”
Además de la nave de Argana Alta, en las proximidades de ese inmueble existe un recinto de acogida en el que son alojados los migrantes tras pasar la cuarentena en un centro sanitario o establecimientos alojativos de Puerto del Carmen, bien por haber dado positivo en coronavirus o haber sido contacto estrecho de una o varias personas contagiadas durante el viaje. La ONG Accem gestiona ese espacio, la misma que presta sus servicios en Las Raíces, en Tenerife. Desde este segundo recurso en Lanzarote los migrantes son trasladados a las Raíces o derivados a la Península.
Asistencia legal
“El proceso de identificación y de tramitación de la devolución, se realiza respetando los principios básicos de actuación y el principio de legalidad al que indefectiblemente se sujetan los miembros de la Policía Nacional de la Comisaría de Arrecife”, indican desde ese cuerpo. Asimismo, se manifiesta que en cuanto a la asistencia letrada y de intérprete, “se siguen las distintas instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre este tipo de asistencia” y es un “requisito” que ambos profesionales estén presentes en la notificación de los acuerdos de devolución.
Por otro lado, aseveran que “la Comisaría Local mantiene unas excelentes relaciones y coordinación con el Colegio de Abogados de Lanzarote, que establece las personas migrantes a asistir y asigna a los abogados a los que corresponde la asistencia, llegando esta hasta un tope máximo por abogado para garantizar la calidad de esta prestación". A su vez precisan que "en el momento de la asistencia el letrado tiene plena libertad para realizar su labor, estando a su entera disposición la instalación”.
“La Comisaría de Policía mantiene unas excelentes relaciones y coordinación con el Colegio de Abogados de Lanzarote, que establece las personas migrantes a asistir y el número máximo por cada letrado"
A tenor de lo expuesto por la Policía Nacional, "tampoco existen quejas o reclamaciones sobre las funciones de asilo y expedición de documentos, debiendo destacar que como medida ya adoptada se han convocado ocho nuevos puestos de trabajo de Escala Básica para la Comisaría Local cuya provisión se ha resuelto recientemente, en fecha 5 de enero".
Como medida excepcional y debido a las dificultades del proceso de derivar a los migrantes a otros recursos, toda vez que hay que esperar a conocer el resultado del informe covid del servicio sanitario, "se tomó la decisión de que una vez notificado el acuerdo de devolución a las personas migrantes y comunicada su puesta en libertad con la asistencia letrada e intérprete, de ofrecer la posibilidad de continuar en el recurso hasta la asignación por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de plaza en una entidad del programa de ayuda humanitaria, con la finalidad de que las personas migrantes, ya en libertad, no queden desasistidas en la vía pública". Todo ello por "necesarios motivos humanitarios, a modo de lo realizado en Adeje, Comisaría Local del Sur de Tenerife, estimado como buena práctica en el informe de esa Defensoría sobre La Migración en Canarias 2021", aseveran fuentes policiales.
