El Tribunal Constitucional le ha dado la razón a Canarias en su conflicto con la administración central a cuenta de la modificación del Régimen Económico Fiscal (REF) respecto a los incentivos a las producciones audiovisuales en el archipiélago.
Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del ejecutivo canario, Julio Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que ha dado cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional en el que declara terminado el conflicto, literalmente, por la "pérdida sobrevenida del objeto" del mismo.
El Gobierno de Canarias, ha dicho Julio Pérez, acoge "con satisfacción" este fallo, pues entiende que supone "un reconocimiento de facto" de la necesidad por parte del Gobierno central de respetar las normas que obligan a contar con el Parlamento de Canarias ante cualquier modificación del REF.
El Ejecutivo canario recurrió al Constitucional después de que el pleno del Parlamento regional aprobase por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas con respecto al resto de España se sitúe por debajo del 80 por ciento.
Un informe preceptivo que el Parlamento canario emitió a petición del Senado porque el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita la Cámara Alta altera en ese punto el REF.
"Un conflicto menos, un problema resuelto", ha zanjado Julio Pérez, quien ha indicado también que hay contactos con Madrid para celebrar en breves fechas la comisión bilateral Canarias-Estado y a continuación, el mismo día o en los sucesivos, desarrollar la comisión mixta de transferencias y cerrar el traspaso de competencias.
Sobre la transferencia de Costas ha señalado que hay "algunos anexos" pendientes de una "concreción exacta", no en cuanto a las competencias, sino de "medios humanos, materiales y financieros" aparejados.
