El Gobierno de Canarias ha ampliado este jueves de nuevo el plazo para compatibilizar la percepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado y la Prestación Canaria de Inserción (PCI) por los retrasos en la concesión de la renta estatal de la Seguridad Social. El nuevo plazo es esta vez hasta el 31 de diciembre de 2022 y desde el periodo de la solicitud del IMV hasta su resolución.
De esta manera, las familias que cobran la PCI pero que han solicitado la ayuda estatal no tendrán que devolver nada de lo percibido por la prestación autonómica si finalmente se les concede la renta mínima que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según los últimos datos de la Seguridad Social, a fecha de diciembre de 2021, eran 19.096 las resoluciones favorables del IMV en Canarias, esto es unidades familiares, mientras que, en la nómina de marzo, las familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción sumaban un total de 10.337.
La resolución del ingreso mínimo vital sigue siendo lenta y la gran mayoría de las solicitudes se deniegan por lo farragoso de la documentación. No obstante, el portavoz del Gobierno, Antonio Olivera, destacó que entre el IMV estatal y la PCI ya se llega a 30.000 familias, seis veces más que cuando accedieron al Gobierno en 2019 pero aún queda mucho trabajo por delante. El Gobierno estima que se ha de dar respuesta a entre 40.000 y 50.000 familias, y la renta ciudadana canaria que unificará las ayudas está aún en trámite parlamentario.
El Consejo de Gobierno aprobó, de manera transitoria, con efectos desde el 1 de enero de 2022 y "por razones de interés público", el acuerdo de seguir manteniendo reconocimiento de la compatibilidad entre ambas prestaciones. . La acción será efectiva hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias o, en su defecto, hasta el 31 de diciembre de 2022.
PCI
Según la Consejería de Derechos Sociales, la Prestación Canaria de Inserción ha alcanzado la mayor cobertura desde que el Gobierno de Canarias ofrece esta ayuda, con 10.337 familias beneficiarias al cierre de la nómina del mes de marzo. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo regional afirma que obtiene un mayor grado de implantación de esta medida después de efectuar cuatro modificaciones durante la presente legislatura, cambios que han facilitado el acceso de la ciudadanía a la misma además de hacerla menos restrictiva en los plazos en los que se percibe.
La consejera Noemí Santana manifestó su satisfacción por los datos relativos a la prestación y que cumplen con el objetivo trazado por la Consejería de superar las 10.000 familias protegidas en el primer trimestre del presente año. Mejorar la cobertura de la Prestación Canaria de Inserción fue uno de los objetivos principales del actual equipo de la Consejería, ya que en julio de 2019, cuando entraron en el Gobierno, el dato de beneficiarios era de 5.687.
La Prestación Canaria de Inserción, a su vez, cuenta este año con una partida presupuestaria de 66,5 millones de euros, tras ejecutar 36 millones en 2019, 42 en 2020 y 51 en 2021. Además, ha aumentado la partida que se le entrega a los ayuntamientos para dotar de personal las áreas municipales destinadas a este objeto. Entre las mejoras en la prestación se encuentran complementos para familias con hijos a cargo o la extensión del plazo máximo de dos años para su percepción que la limitaba.
“Estas medidas las hemos tomado mientras llega nuestro objetivo fundamental, que es poner en funcionamiento la Renta Ciudadana. En breve empieza su debate en el Parlamento por lo que ya queda muy poco tiempo para que sea una realidad en nuestra tierra”, expuso la consejera.
