Un gran pacto de Estado para atender a los migrantes que llegan a las costas del Archipiélago. Esto fue lo que planteó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al responsable del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a los dirigentes de las 17 comunidades autónomas, reunidos ayer en la XXVI Conferencia de Presidentes, que se celebró en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane. Un acuerdo que permita repartir entre todas el peso de la acogida de estas personas, y en especial, de los menores extranjeros no acompañados, los más vulnerables y que necesitan una mayor atención.
En esta cumbre, Torres ha garantizado el compromiso de Canarias en la acogida de refugiados ucranianos, pero ha reclamado esa misma solidaridad para el asilo de menores migrantes que llegan a territorios que son frontera con el continente africano como es el caso de las Islas. «Cuenten con nosotros para acoger ucranianos pero pedimos al resto de comunidades que queremos contar con ellas para atender a los menores no acompañados que tenemos en Canarias», afirmó.
Torres recordó que al igual que los refugiados ucranianos, estas personas también huyen de conflictos bélicos que les obligan a «dejar sus hogares en busca de una vida más segura», por lo que también deberían de ser merecedores de una acogida humanitaria.
Si bien Torres no pudo arrancar un compromiso en firme de todas las regiones para que compartan la responsabilidad en la acogida de los menores, sí recibió el apoyo de cuatro comunidades históricas, ya que tanto el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, como el valenciano Ximo Puig, el catalán, Pere Aragonés y el vasco Íñigo Urkullu, se mostraron a favor de articular un mecanismo de respuesta compartida para la atención de los menores en acogida que tiene Canarias.
A favor se manifestó también el presidente, Pedro Sánchez, que el pasado sábado, antes de la celebración del acto de homenaje al pueblo palmero, ya exigió a las comunidades autónomas «corresponsabilidad» en la atención y acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a territorio español. Una acción que, tal y como señaló, las administraciones autonómicas deben llevar a cabo «en solidaridad» con aquellas otras que por razones geográficas sufren estos flujos migratorios.
Una petición que según aseguró Torres volvió a reiterar en su comparecencia inicial en la cumbre de presidentes, en la que «fue claro pidiendo a las comunidades que hubiera corresponsabilidad».
En estos momentos, el Archipiélago atiende con recursos propios a 2.804 niños y niñas que han llegado solos a las costas del Archipiélago. Un efecto de la crisis migratoria, que se recrudeció hace año y medio y que trajo a las Islas a más de 40.000 personas entre 2020 y 2021. Son casi 3.000 menores que, tal y como explicó el presidente Torres, suponen que por cada millón de habitantes en las Islas haya en acogida 1.500. «Si esa cantidad de personas, que son vulnerables, que precisan educación, se repartieran en el resto de las comunidades estaríamos hablando de 60 personas por cada millón», explicó Torres, por lo que añadió que esta corresponsabilidad es «totalmente asumible» para el resto de las regiones del país.
Hasta ahora, las continuas reclamaciones de Canarias apelando a la solidaridad del resto de comunidades apenas han surtido efecto. En total, solo se han derivado a recursos de acogida de otras autonomías 208 menores llegados a las Islas.
El presidente defendió que para que la acogida de estos niños y niñas no dependa de la solidaridad del resto de las autonomías sino que sea para ellas una obligación, es necesario cambiar la ley algo que consideró «necesario» para adaptarla a los fenómenos migratorios actuales, que arrastran a personas que en muchos casos huyen de conflictos bélicos en el Sahel y precisan atención, educación e integración.
A pesar de que en el texto final de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes no hay una referencia expresa a la acogida de migrantes, ya que tal y como apuntó Torres estos se centran en la crisis provocada por el estallido de la guerra en Ucrania, el presidente valoró como «un gran avance» el compromiso de que el asunto será abordado en la comisión sectorial de refugiados e inmigración.
En ese documento final de conclusiones de la cumbre de presidentes, Canarias reclamó también que se tengan en cuenta los costes de la insularidad, la lejanía, el transporte y la ultraperiferia del Archipiélago en el plan nacional para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania.
Un plan que será abordado por las comunidades de forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, y que contemplará la reducción de la dependencia energética de España para que «los ciudadanos no sean víctimas del chantaje energético de Putin», como señaló Sánchez, así como otras medidas para contrarrestar el fuerte alza del precio de la luz y los carburantes y por consiguiente la escalada del resto de los bienes y servicios.
