Con sorpresa recibieron ayer empresarios y asesores fiscales que la Agencia Tributaria daba su visto bueno a ampliar el periodo de materialización de la Reserva para Inversiones (RIC) dotada en 2017 por un periodo de 78 días, justo cuando ese plazo finaliza mañana 19 de marzo, es decir, sin margen de maniobra para poder invertir fondos que estuvieran pendientes. El estupor fue mayor porque los asesores fiscales se enteraron de la noticia a través de la delegada de la Agencia Tributaria en Canarias, Carmen Guillén, que lo comunicó durante la inauguración de la jornada regional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), celebrada ayer en el sur de Gran Canaria, y no por el conducto oficial de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda.
«Si esto lo llegan a decir hace mes y medio o dos meses seguramente muchas empresas habrían hecho el esfuerzo de rematar las inversiones o podrían haber tomado la decisión de invertir cantidades que quedaron pendientes al final de 2021 por la inseguridad existente. Si les hubiesen avisado que estaban en plazo quizá las hubieran acometido y, sin embargo, son inversiones que se han perdido», lamentó ayer Orlando Luján, asesor fiscal y responsable de estudios en Canarias de la Aedaf.
«Si esto lo dicen dos meses antes muchas empresas podrían haber invertido», lamentan expertos
Asesores fiscales, empresas y fondos de inversión habían elevado varias consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda solicitando que la RIC dotada en 2017 se pudiera ampliar los 78 días que duró el confinamiento entre marzo y mayo de 2020, tiempo en el que se paralizó la actividad económica y también los plazos administrativos. El Ministerio de Hacienda ya había atendido afirmativamente consultas similares para otros tributos como el IRPF, por lo que los expertos tributarios de las Islas entendían que con la RIC debía pasar lo mismo. A día de hoy Tributos aún no ha contestado formalmente las consultas vinculantes realizadas cuando mañana finalizan los 78 días solicitados de prórroga.
«Tristemente se perdió el efecto de incentivar la inversión en este primer trimestre por la tardanza. Sí es positivo conocer el criterio de cara a las declaraciones de renta y sociedades a presentar en junio y julio respectivamente», añade Luján. De esta forma, la Hacienda estatal ha puesto en el manual del IRPF de este año y del Impuesto de Sociedades a regularizar en junio que con respecto al ejercicio 2017 si la Reserva constituida con beneficios de 2017 se dota contablemente en 2018 el plazo para materializar la inversión que finalizaba el 31 de diciembre de 2021 se amplía 78 días más. Por ello aquellas cantidades a regularizar por empresarios y autónomos de cantidades no invertidas se podrán realizar en la declaración del próximo año.
No obstante, para Luján se trata de «poco premio» porque «se ha perdido la oportunidad de incentivar la inversión». El asesor fiscal cuestiona que la respuesta oficial de Tributos tendrá que llegar pero ya «a toro pasado» porque los 78 días –el confinamiento fue del 14 de marzo al 30 de mayo de 2020– terminan mañana sábado y no solo se trata de materializar la inversión en un bien, sino ponerlo en funcionamiento. Tributos tiene un plazo formal de seis meses para contestar a las consultas vinculantes que se le hacen pero Luján advierte que por la exención del IRPF por la compra de vivienda habitual contestó en un mes. «Cuando tienen prisa resuelven pronto pero este no ha sido el caso», añade.
Una de las afectadas por esta tardanza del Ministerio de Hacienda es la sociedad de inversión RIC Private Equity, que había realizado varias consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos solicitando la prórroga de 78 días. Su director general, Enrique Guerra, también se enteró ayer por sorpresa por la comunicación realizada mediante la delegada de la Agencia Tributaria: «la recuperación económica sin seguridad jurídica no existe, Tributos o la Agencia Tributaria podrían haberlo adelantado hace dos meses pero ahora ya no hay plazo para las inversiones», lamenta.
Guerra advierte que la financiación a través de la RIC para construir un establecimiento o reformarlo ha salido perjudicada por las demoras de Hacienda en contestar a las reclamaciones canarias. De hecho RIC Private Equity ha tenido que ser prudente a la hora de canalizar las inversiones que tenían pendientes dotadas en 2017, de tal forma que los fondos previstos para invertir en el primer trimestre se han aplazado al segundo trimestre y para hoy solo se materializarán cerca de 700.000 euros de los seis millones previstos para este periodo correspondientes a 2017.
La sociedad RIC Private Equity se ha visto obligada a aplazar la inversión de este trimestre
Enrique Guerra advierte que la solicitud de estos 78 días se ceñía a la ley del estado de alarma que supuso el confinamiento y la parálisis de la economía, lo que conllevó también que se interrumpieran todos los plazos administrativos. Por ello, el director general de la entidad inversora distingue entre esta solicitud, a la que tienen derecho, y la «petición» que se ha realizado por parte del Parlamento canario para que la RIC dotada en 2017 se prorrogue un año como sucedió con la de 2016, que se amplió en 2021. Sin embargo, ya hay pocas expectativas de que el Ministerio de Hacienda ceda y vuelva a permitir la prolongación del plazo porque lo de 2020 fue una decisión excepcional debido al estallido de la pandemia.
