La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Amplio respaldo al 'fondo antiinflación' que reclama Canarias contra los efectos de la guerra

Estado y autonomías esbozan un paquete de ayudas, similar al ‘fondo covid’, para las empresas más dañadas por la carestía de la energía y las materias primas

Ángel Víctor Torres, tras una reunión con su Consejo Asesor. Elvira Urquijo A.

Estado y Comunidades Autónomas coinciden en la necesidad de dar ayudas a las empresas más golpeadas por la carestía de la energía y las materias primas. Hay un amplio consenso sobre la conveniencia de un fondo similar al que en su día se puso en práctica para dar subvenciones directas a los negocios más afectados por la pandemia. Se trata de una medida que tiene en el Gobierno de Canarias a uno de sus principales valedores y que, a falta de acordar los detalles, todo parece que será la piedra angular del Plan de respuesta a la guerra de Ucrania que el Ejecutivo de Pedro Sánchez negocia con los Gobiernos regionales. El Gabinete de Ángel Víctor Torres lleva días insistiendo en la importancia de tomar como referencia el fondo covid para sacar adelante una suerte de fondo antiinflación. El fondo covid permitió distribuir entre las empresas del Archipiélago la friolera de 1.144 millones de euros, una cantidad que el Ejecutivo isleño, con la colaboración de las Cámaras de Comercio, repartió en tiempo y forma a diferencia de la gran mayoría de los restantes Gobiernos autonómicos. A falta de cuantías y de definir con exactitud cuáles serán las actividades beneficiarias de las ayudas directas, la idea es que las subvenciones se destinen para las empresas más castigadas por el extraordinario encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas, una carestía agravada ahora por la invasión rusa de Ucrania. Las firmas de los transportes, el sector primario y la industria se perfilan así, en general, como las potenciales perceptoras de las ayudas.

El presidente Torres y el vicepresidente Román Rodríguez asistieron este lunes en representación de la Comunidad Autónoma a la reunión telemática con las ministras de Economía, Nadia Calviño; Trabajo, Yolanda Díaz; y Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo del encuentro era dar un paso más en la elaboración de ese plan anticrisis anunciado por Sánchez, una hoja de ruta que el Gobierno central quiere consensuar, en la medida de lo posible, con los Ejecutivos regionales. No obstante, el plan se aprobará sí o sí el próximo martes 29 con independencia del mayor o menor nivel de consenso. En este sentido, la reunión de este lunes puso de manifiesto que será muy difícil, por no decir imposible, alcanzar un amplio acuerdo sobre las medidas tributarias. Por un lado están las comunidades gobernadas por el PP, que piden una sensible rebaja de impuestos, y por otro las que timonean los Ejecutivos socialistas o de progreso, que temen que aligerar la carga tributaria a empresas y familias acabe por dañar la prestación de los servicios públicos por la caída de la recaudación. Canarias figura entre estas últimas y no se plantea bajar impuestos más allá del tributo sobre los combustibles y siempre que el Gobierno estatal haga antes lo propio. Sin embargo, sí hay un amplio acuerdo sobre la pertinencia de aprobar ese fondo antiinflación en el que Torres volvió a insistir este lunes. «Un fondo que se concretaría en ayudas directas a sectores y empresas especialmente afectados por la energía y la electricidad y las materias primas», explicaron desde el Ejecutivo regional al término de la reunión. Pero, además, la propuesta de Canarias, ya sea a través de ese mismo fondo o de uno específico, es que se den también subvenciones a los consumidores en peor situación socioeconómica. Subvenciones como las del actual bono eléctrico social destinadas para las familias más castigadas por la inflación, esas que a sus bajos ingresos se les suma ahora una histórica subida de precios.

Además, y de cara a ese Consejo de Ministros del próximo martes, el Ejecutivo autonómico también puso sobre la mesa la necesidad de modificar la Ley de contratos del sector público para flexibilizar los trámites y requisitos de la revisión de precios. Esta es otra medida con amplio apoyo de las demás regiones para evitar que muchas obras se paralicen ante la extraordinaria subida de los precios de los materiales. Ocurre que muchos contratos públicos en ejecución –para la construcción de una carretera, para el asfaltado de un camino, para la remodelación o rehabilitación de un edificio...– se adjudicaron antes de la ola inflacionista que comenzó en abril del año pasado, y, por tanto, muchísimo antes de la invasión rusa de Ucrania. Es decir, se adjudicaron cuando los precios del cemento, el aluminio o el cobre eran muy inferiores a los actuales, de ahí que muchas empresas estén perdiendo dinero con la ejecución de una encomienda pública. Por eso Canarias pide que se relajen las condiciones del proceso de revisión de precios, de modo que se puedan renegociar para no asfixiar a las entidades adjudicatarias. De no tomarse esta medida, muchos contratos públicos quedarán desiertos –algo que de hecho ya está ocurriendo–, ya que las empresas no pujarán por la encomienda de una obra que les daría pérdidas.

Compartir el artículo

stats