En un mes de vértigo político desde mediados de febrero, las agendas políticas y de gestión de España y de Canarias han saltado por los aires y se abren en canal tanto la legislatura estatal como la autonómica, que hoy precisamente se somete a análisis en el debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento de Canarias.
De repente, el Sáhara y Ucrania, dos territorios a más de 5.000 kilómetros entre sí, entran en escena y marcarán probablemente todo el devenir político de los próximos meses. La invasión rusa del país ex soviético y sus devastadores efectos económicos, con especial incidencia en el Archipiélago, y el giro dado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sobre el estatus de la ex colonia española, apoyando ahora la autonomía que ofrece a este territorio el reino de Marruecos, convulsiona las políticas estatal y canaria y ponen en aprietos a los ejecutivos de Madrid y de las Islas, dejando en peligro los pactos de gobernabilidad que sustentan a cada uno de ellos.
La guerra en el este europea provocada por la agresión del régimen de Vladimir Putin, presidente de Rusia, contra el país vecino sigue siendo la gran preocupación en estos momentos en la UE, en España y en Canarias. El Archipiélago se asoma de nuevo a un horizonte sombrío por las consecuencias económicas y se ve obligado otra vez a buscar salidas de urgencia para evitar otro derrumbe como el que conoció hace dos años por la pandemia sanitaria a causa de la covid-19. Como entonces, los efectos de una crisis mundial se hacen más críticos y complejos de abordar por su condición de territorio ultraperiférico y fragmentado, y donde el incremento de los preciosos energéticos y el transporte hace más daño. Esto vuelve a poner alerta en máxima al Gobierno regional de Ángel Víctor Torres,
Torres y el vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda, Román Rodríguez, trasladaron esta mañana a las ministras implicadas en ese plan de choque, las titulares de Economía, de Transición Ecológica, de Trabajo, y de Hacienda, una serie de medidas generales y específicas para amortiguar el impacto de la crisis de suministros y la subida de precios. Para los sectores más afectados como el transporte y turismo, sector primario e industria, el Ejecutivo regional busca iniciativas concretas que pasan por abrir la concurrencia a otros mercados para incrementar las materias primas y una serie de ayudas directas provenientes del Estado, que la Comunidad Autónoma complementará con fondos propios. Pero el Ejecutivo se resiste a las rebajas fiscales en los impuestos de su competencia, como le reclaman la oposición y los sectores económicos.
Pero si en la respuesta a la crisis el Ejecutivo regional parece estar cohesionado y podrá sostener una posición común frente a los grupos de la oposición, en el otro gran asunto que se ha abierto paso en los últimos días, el cambio de posición del PSOE y de la parte socialista del Gobierno estatal en relación con el conflicto del Sáhara Occidental, las cosas son bien distintas. El giro de 180 grados de la diplomacia española para asumir ahora la autonomía que ofrece Marruecos al territorio Sáharaui ocupado desde 1975 como la más «seria, realista y creíble», es rechazado de plano por el resto de socios, así como por el conjunto de Formaciones de las Islas.
La cuestión saharaui, sobre la que en Canarias había un gran consenso para defender una solución en el marco de la ONU que resultó el derecho a la autodeterminación mediante referéndum, es para los socios del PSOE en el Gobierno un asunto de máxima sensibilidad y tanto Nueva Canarias (NC) como Podemos, pero también ASG, han expresado su malestar y han amagado con tomar medidas que pueden afectar a la propia viabilidad del pacto de gobierno. Como primer paso, NC ya ha anunciado la presentación en el debate de la nacionalidad canaria una propuesta de resolución que rechace el apoyo de Sánchez al plan de Marruecos sobre el Sáhara.
Se da además la circunstancia de que el PSOE canario, o al memos su secretario general y al tiempo presidente de Canarias, se ha alineado de entrada con la nueva posición española sobre el Sáhara, frente a otros presidentes autonómicos socialistas, como la balear Francina Armengol , quien se ha mantenido en los acuerdos que el propio PSOE garantiza al respecto en su último Congreso Federal a favor de una solución avalada por la ONU y el derecho internacional, a la que se remitía España hasta ahora. «Defendemos las distintas medias que podrían permitir ese reconocimiento con todos los derechos que lleva aparejados en los organismos internacionales», sostiene el Ejecutivo balear.
Torres sostiene que la «normalización» de las relaciones entre países es «positiva» por la proximidad con Canarias y su cuestionado papel, en los últimos años, en el «control» de personas que migran al Archipiélago, y que ya el Parlamento regional se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el Sáhara a favor de una solución al conflicto «que sea duradera, justa y aceptada por las dos partes», y que, por tanto, cualquier propuesta que se ponga sobre la mesa tiene que ser aceptada por el Frente Polisario y por Marruecos. Pero NC ya ha dicho que no va a transigir con este giro del Ejecutivo español y ha firmado, junto a CC y otros once partidos en el Congreso, la solicitud de comparecencia urgente de Sánchez para explicarlo.
NC avisa no va a transigir con este giro del Ejecutivo español y ha firmado, junto a CC y otros once partidos en el Congreso, la solicitud de comparecencia urgente de Sánchez para explicarlo.
La exigencia llega tanto de partidos de izquierda y como de derecha y todos ellos han coincidido en que la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, prevista para mañana miércoles no es suficiente ante el giro histórico en la política internacional de Estado sin previo consenso o informe a los grupos parlamentarios.
Unidas Podemos es el único grupo parlamentario que no ha registrado aún iniciativa alguna, si bien la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente del Gobierno de actuar con «opacidad» e «incoherencia».
Por parte de CC , el senador autonómico, Fernando Clavijo, pregunta también al presidente Sánchez si «en algún momento la estabilidad de Canarias ha peligrado» en relación con Marruecos «y no han dicho nada». Para Clavijo, la decisión unilateral del Gobierno estatal vulnera «todos los tratados y acuerdos internacionales», en referencia al Sáhara Occidental, por lo que exige conocer la carta íntegra que envió Sánchez al rey de Marruecos. Es «alarmante» que en ella se aluda a Canarias, subraya el nacionalista.
Y si no quedaba claro el efecto del cambio de postura de España en favor de Marruecos, ayer mismo se anunció la reactivación los vuelos de repatriación de marroquíes llegados en pateras al Archipiélago a partir de mañana martes mismo y después de casi un año de parón al que, además del covid, contribuyó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat tras salir a la luz que España ocultó en abril la entrada y la asistencia sanitaria a líder del Polisario Brahim Gali.
Esta del Sáhara es quizá la gota que desborda el vaso de la paciencia de los socios de Torres respecto a la posición del Estado en diferentes asuntos de la agenda bilateral, muchas de las cuales van a ser objeto de controversia en el debate de la nacionalidad, como la crisis migratoria y el reparto de menores migrantes no acompañados, sobre el que apenas se dio un respuesta satisfactoria en la reciente Conferencia de Presidentes de La Palma; las ayudas a los damnificados en esa isla por la erupción volcánica; el aplazado traspaso de la gestión de costas; las reivindicaciones sobre la flexibilización del REF y de la ZEC; o el futuro del convenio de carreteras.
Más allá de las repercusiones en el debate isleño de la invasión rusa de Ucrania y del factor saharaui, la propia legislatura del Estado ha dado un vuelco en las últimas semanas, tanto por la agenda internacional como por otros acontecimientos del interior, que también inciden en la dinámica política de las Islas. La ola de protestas por el incremento de los carburantes que están poniendo en aprietos al Gobierno central o la crisis profunda del PP –tras despedir prácticamente de un día para otro a toda su cúpula y abrir un proceso congresual que alzará al liderazgo al gallego Alberto Núñez Feijóo–, o la entrada de la ultraderecha en un gobierno en España, el de Castilla y León, son factores que tuercen todas las previsiones para la recta final de la legislatura en España.
