Abandono, humillación y menosprecio. Son los sentimientos de las casi 300 familias de las víctimas canarias del terrorismo, que han visto cómo hasta tres ejecutivos regionales han desechado la posibilidad de elaborar una ley autonómica de reconocimiento, reparación y atención a los damnificados de los ataques de la banda terrorista ETA, el Frente Polisario, el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el yihadismo. La mayoría de los atentados con víctimas canarias permanecen sin esclarecer y sus familiares se sienten desprotegidos porque Canarias es la única autonomía, junto con Cataluña, que no cuenta con una normativa regional que complemente a la norma estatal y les otorgue ayudas en materia de dependencia, educación o vivienda. Tras 46 años de conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental, España ha abandonado el silencio y la neutralidad. Ante este viraje, la Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo (Acavite) recuerda que «no se puede pasar página» en el conflicto del Sáhara «sin ellas».
«La clase política isleña debería avergonzarse», afirma la presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, quien lamenta que el Gobierno canario no ofrezca protección a los supervivientes de este tipo de agresiones, así como a los cónyuges enviudados y huérfanos de quienes perdieron la vida en los actos terroristas. Como portavoz de las víctimas, Jiménez exige «acción» porque el Ejecutivo y el Parlamento autonómico «no pueden seguir haciendo dejación de sus funciones». Una situación que, apunta, se prolonga desde la presidencia de Paulino Rivero, pasando por Fernando Clavijo y hasta Ángel Víctor Torres, este último, único presidente que, según Jiménez, no se ha reunido con el presidente de las Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo de toda España (Faavte), Joaquín Vidal.
«La clase política isleña debería avergonzarse», afirma la presidenta de Acavite, Lucía Jiménez
La legislación nacional da un marco de protección a las víctimas pero algunas competencias están transferidas a las autonomías, con lo que la falta de una norma regional impide que las ayudas ligadas a esos ámbitos lleguen a las víctimas isleñas. Por eso, subraya la presidenta de Acavite, la ley canaria de víctimas del terrorismo «es una necesidad histórica» y no estar amparadas por esta normativa implica no tener acceso a las ayudas existentes para favorecer el empleo, tanto en el ámbito privado, donde dispondrían de subvenciones para la creación de empresas u ofertas para participar en programas de formación, como en el público, en el que podrían acogerse a la exención de abonar las tasas de las pruebas de selección para acceder a la condición de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Además, quedan fuera de determinadas bonificaciones fiscales, de ayudas para el gasto farmacéutico o para el coste de las matrículas en todos los niveles de la formación reglada, entre otras.
En 2015, el Grupo Parlamentario Popular puso sobre la mesa una Proposición No de Ley (PNL) en la que instaba al Gobierno regional a desarrollar un proyecto de ley para el reconocimiento, reparación y atención a las víctimas canarias del terrorismo, que fue aprobada con 35 síes, ocho noes y ninguna abstención. Aunque todas las fuerzas políticas se mostraron de acuerdo en la necesidad de respaldar a las víctimas del terrorismo, pero algunas plantearon matices.
Nueva Canarias (NC) entendió que la PNL era «tendenciosa» al nombrar como víctimas del terrorismo a los tripulantes de los buques Mencey de Abona o del Cruz del Mar que fueros atacados mientras faenaban en aguas del banco pesquero sahariano. La diputada de NC, María Esther González, calificó estos actos como «auténticas barbaries», pero apuntó que no existían «pruebas fehacientes» de que los ataques perpetrados fueran atentados terroristas porque «en los años 80, toda la zona sahariana estaba en guerra» y ninguno de los implicados –Marruecos y el Frente Polisario– está incluido en la relación de la ONU como banda terrorista.
Por su parte, Francisco Déniz, diputado de Podemos, destacó que los ataques a los pescadores nunca se esclarecieron y que tratarlos como terroristas «puede tener consecuencias dañinas para la sensibilidad del pueblo canario, que considera al Frente Polisario y a los saharauis hermanos, luchadores por la libertad». Además, defendió que «ni Canarias ni ninguna comunidad autónoma necesita una ley específica sobre esta cuestión», porque, a su juicio, la ley estatal «es perfecta, válida y positiva y ya ha permitido condecorar, rendir honores y plantear las ayudas» a los afectados de este tipo de acciones.
Más de seis años después, las víctimas canarias del terrorismo continúan a la espera de la ley. El Grupo Parlamentario Socialista rehúsa pronunciarse sobre esta norma y sobre los posibles pasos que se pueden dar para su elaboración. Mientras que el Grupo Nacionalista Canario recuerda que Acavite solicitaba que el Frente Polisario fuera declarado como grupo terrorista, una medida que «excede las competencias de la Comunidad Autónoma» y depende exclusivamente del Gobierno de España. Otro punto de fricción fue la oferta de ayudas sociales y compensaciones que para la asociación era insuficiente. Por ambos motivos, según apuntan fuentes del partido nacionalista, la ley no salió adelante puesto que el planteamiento no contaba con el respaldo de los beneficiarios. Además, destacan que el texto que comenzaron a trabajar era similar al aprobado en otras regiones y que siempre hubo voluntad de llegar a un acuerdo.
En 2018 el Parlamento de Canarias solicitó al Diputado del Común un informe sobre la situación actual de las nueve víctimas canarias de ETA y las posibles formas de impulsar desde las instituciones insulares el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. A principios de este mes, Acavite y Faavte mantuvieron un encuentro con el Diputado del Común, Rafael Yanes, para abordar la realidad que viven las víctimas del terrorismo en Canarias y recalcaron la poca visibilidad que se le da a la «terrible» situación que viven estas familias en el Archipiélago. Además, insistieron en ampliar el estudio a las 300 víctimas del terrorismo en las Islas y no centrarlo solo en las de ETA, solicitudes que esta institución no puede realizar sin un mandato del Parlamento regional.
