Suscríbete

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Crisis migratoria

Canarias pone en marcha la maquinaria para exigir por ley el reparto de menores

El Gobierno central da largas durante casi un año a la distribución de jóvenes extranjeros

Un grupo de migrantes a su llegada a Canarias. LA PROVINCIA / DLP

Canarias inicia sus propios trámites para llevar al Congreso de los Diputados una ley que regularice la distribución equitativa de menores migrantes en el conjunto del territorio nacional. La tibia respuesta de solidaridad del resto de comunidades autónomas ante el colapso de los centros de acogida del Archipiélago y la inacción de las administraciones nacionales para poner en marcha la modificación de la ley, han impulsado al Parlamento regional a dar un paso al frente y elevar una proposición de ley a las Cortes, respaldada por el artículo 43 del Estatuto de Autonomía, a iniciativa de Nueva Canarias (NC). Los portavoces de los grupos parlamentarios ya han tenido una primera toma de contacto para deliberar sobre cómo abordar el proceso y todos comparten la misma posición sobre la necesidad de tomar medidas.

El proceso comenzaría por una puesta en común en la que los grupos tendrán que debatir si hay que modificar la ley de menores, cuyas competencias recaen sobre las comunidades autónomas, o la de migraciones, que es de competencia estatal. A continuación, se constituirían unas ponencias en las que los diputados se reunirán con expertos que asesoren sobre el desarrollo normativo. Una vez concluido el texto, pasaría al Parlamento para su aprobación y posterior traslado al Congreso para su debate. Este proceso podría dilatarse hasta cuatro meses si se aborda por la vía abreviada y urgente y si cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

La tutela de los menores en desamparo es competencia de los gobiernos autonómicos, pero la ley no está pensada para dar respuesta a la llegada de miles de niños y jóvenes extranjeros no acompañados. El portavoz de NC en la Cámara regional, Luis Campos, apunta que la norma está planteada para atender a los menores en riesgo de la propia región y, dado que las comunidades la están interpretando de manera estricta, «alguien tiene que poner el motor en marcha para modificarla». En el Archipiélago hay actualmente 2.724 menores migrantes bajo la tutela del Gobierno regional. Una cifra que se ha reducido ligeramente en las últimas semanas porque se han detectados adultos en los centros de acogida gracias a la realización de las pruebas óseas. 

Colapso de las fronteras

La reforma legislativa que plantea Canarias beneficia a todas las comunidades autónomas que son puerta de entrada para la inmigración irregular y quedan expuestas a la disponibilidad o empatía del resto de regiones cuando su capacidad de acogida se ve comprometida, especialmente en el caso de los menores. Por esto, el Archipiélago ha buscado un mecanismo que acelere la modificación de la norma, para la distribución de los niños y jóvenes tenga que ejecutarse por ley. «Ante la inacción y la incapacidad para llegar a un acuerdo, activamos este mecanismo desde las Islas, donde todos los grupos políticos compartimos este criterio con independencia de su ideología», subraya Campos, quien añade que así se abrirán las puertas de los respectivos grupos a nivel estatal.

Once meses no han sido suficientes para articular la reforma de la ley. El Gobierno de España lleva desde abril ‘toreando’ la propuesta de repartir la tutela de los niños y jóvenes que arriban sin un adulto responsable a las costas isleñas según criterios como el número de habitantes, renta per cápita y tasa de paro de las regiones. Días después de la crisis migratoria en la frontera de Ceuta –en mayo de 2021–, el Consejo Territorial de Servicios Sociales acordó darse un plazo de dos meses para debatir si los criterios aplicados al reparto de los niños que llegaron a la ciudad autónoma podrían aplicarse a una estrategia estable que asegurara la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas. 

Ese debate no ha llegado a ningún puerto. El plazo para la aprobación de la estrategia de reparto expiró el pasado 25 de julio y aún no se ha elaborado el protocolo. Hasta ahora solo se ha trasladado a la Península a 208 menores y quedan por materializar el traspaso de otros 15 a País Vasco. Según los datos de la Consejería, se han derivado 25 menores a Castilla y León; 25 a Extremadura; 15 a Navarra; 43 a Cataluña; 18 a Valencia; seis a Castilla-La Mancha; 20 a Aragón; 16 a Asturias; 20 a Cantabria; 15 a Galicia y cinco a Madrid. 

La situación de emergencia y colapso que viven los centros de acogida del Archipiélago y la advertencia de que es inviable asistir con dignidad a los menores no acompañados que llegan a las Islas por vía marítima no han sido suficientes como para que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, escuche las demandas de Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, ambas de Podemos. 

El senador de Coalición Canaria (CC) Fernando Clavijo interpeló al Ejecutivo de Sánchez, a través de una pregunta escrita registrada en la Cámara Alta, por los avances en los acuerdos con las autonomías para repartir la atención de los menores migrantes que están siendo asumida por las Islas en exclusividad debido a su condición de territorio de entrada a través de la peligrosa ruta atlántica. La respuesta del Gobierno central se remonta a abril para recordar que entonces se aprobó un crédito de 8,4 millones destinados a «apoyar la financiación de la oferta solidaria de 217 plazas para el traslado de menores migrantes no acompañados» procedentes de las Islas. Además apunta que los trámites para formalizar la distribución de los niños se abordaron en dos reuniones que tuvieron lugar en julio y en septiembre. Por último, señala que el Ministerio de Belarra «realiza un esfuerzo, a todos los niveles, para facilitar la información a todas las administraciones autonómicas e impulsar la solidaridad interterritorial», para «mejorar la atención» a los menores y «cumplir con las obligaciones legales e internacionales de España». El Gobierno canario invierte entre 60 y 70 millones de euros anuales en el cuidado de los menores extranjeros no acompañados. 

El pleno del Parlamento de Canarias pidió el pasado jueves por unanimidad al Gobierno de España, que proceda al reparto obligatorio entre las comunidades autónomas y todos los grupos coincidieron en la necesidad de buscar una reforma legal que exija que el acogimiento sea obligatorio por parte de todas las regiones. Por contra, los votos de los miembros del pacto de la flores fueron suficientes para rechazar la propuesta de CC para que el Ejecutivo autonómico instara a la convocatoria inmediata de la Comisión Bilateral para plantear temas como «la distribución solidaria y obligatoria» de los menores, así como otros temas relacionados con la economía de la Islas. Tampoco pasó el trámite una propuesta del Partido Popular (PP) pedía el reparto equitativo de los menores, así como financiación estatal para su atención, «hasta que llegue el momento de la repatriación».

El pasado miércoles el Senado prolongó seis meses el plazo que había dado al Gobierno para firmar un acuerdo de «corresponsabilidad» para que las comunidades autónomas pueda atender a niños y adolescentes extranjeros no acompañados y aliviar así la crisis de acogida que viven tanto Canarias, como Ceuta y Melilla. La moción, presentada por el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, salió adelante gracias al apoyo del PSOE, que pidió estirar hasta el 31 de diciembre el margen para lograr el acuerdo de reparto. La iniciativa inicial ponía el tope en el 31 de julio.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado en varias ocasiones que el modelo de acogida de menores migrantes no acompañados «no es el adecuado» y apuesta por un sistema similar al que se realiza con los mayores de 18 años, que es el reparto entre autonomías. Escrivá ha puntualizado que «se ha intentado que la solidaridad se manifieste y ha habido algunos efectos». Pese a que todos los agentes implicados parecen estar de acuerdo en que es necesario un protocolo para repartir equitativamente a los menores, los responsables de hacer efectivo el protocolo no son capaces de salvar las reticencias que muestran algunas comunidades, como Madrid, Galicia, Murcia, Baleares o La Rioja, para acoger a los niños y jóvenes migrantes que llegan a las costas canarias.

Compartir el artículo

stats