El Gobierno canario presiona al Ministerio de Transición Ecológica para que especifique las limitaciones de la implantación del gas en el Archipiélago. El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, ha mantenido dos conversaciones con la ministra Teresa Ribera para «aclarar» la redacción del decreto ley aprobado por el Estado, en el que se contempla la instalación de regasificadoras en las Islas como una de las medidas planteadas para paliar el impacto económico de la guerra en Ucrania. Para esclarecer el contenido de la norma, explicó Torres, se emplearán «los mecanismos que el Gobierno de España establezca junto al Gobierno de Canarias, que podría ser una modificación legislativa». El objetivo del Ejecutivo canario es que el decreto ley «tenga una redacción clara y que no sea interpretable» para evitar nuevas polémicas.
«El Estado actúa como si Canarias fuera una colonia, vamos a tumbar el texto», avisa Morales
Torres descartó de forma contundente la implantación del gaseoductos o de gas ciudad en las Islas y recalcó que el decreto ley prevé que se puedan establecer regasificadoras en los puertos isleños, para suministrar a los buques y barcos, y en las centrales térmicas para su autoconsumo. «En ningún caso se comercializará el gas o llegará a las viviendas», señaló el jefe del Ejecutivo canario, quien quiso zanjar la polémica asegurando que la estrategia energética del Gobierno de Canarias es semejante a la del Gobierno central, por lo que «no se prevé ninguna voluntad de que el gas sea un mecanismo de transición para el hidrógeno verde».
El presidente del Cabildo de Tenerife ve en el gas una «oportunidad» para contaminar menos
Esta posición del Ejecutivo se produce por la disposición que liberaliza la entrada del gas en el marco del decreto de medidas para hacer frente a la guerra de Ucrania, pero esta normativa ya se modificó hace unos cuatro meses para facilitar la implantación del mercado gasístico pero desde Canarias no se había reaccionado.
Por su parte, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, señaló que la planificación del Ejecutivo no contempla la introducción del sistema gasista en Canarias y se mostró seguro de que el Estado mantiene la misma posición. «Estamos trabajando con el Ministerio para que no exista ningún tipo de dudas y que refrende el posicionamiento que siempre hemos tenido en el Archipiélago», apuntó Valbuena en declaraciones a los medios antes de la inauguración del segundo encuentro de comunidades energéticas del norte de Gran Canaria. El consejero aseguró que en las Islas no habrá «ni un solo metro de tuberías de gas fuera de las centrales térmicas para su autoconsumo o de los puertos, nunca para comercializar».
«En el Archipiélago no habrá ni un solo metro de tuberías de gas fuera de los puertos o de las centrales térmicas para su autoconsumo, nunca para comercializar»
Además señaló que las centrales térmicas de las Islas se han quedado obsoletas, porque queman fueloil, y hay que empezar a cambiarlas. «Tienen que ser centrales más pequeñas y quemar un 100% de hidrógeno, pero a medida que no tengamos el hidrógeno se empezará a implementar con gas natural, producido en las propias centrales térmicas», detalló Valbuena.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, habla de colonialismo y exige que se rectifique el decreto ley. «No se puede imponer por parte del Estado, como si esto fuera una colonia, una medida de manera arbitraria», apuntó Morales, quien señala que el problema está en que el texto aluda al «interés general», por lo que no sería necesario realizar ningún trámite ante las administraciones para instalar una regasificadora. «Vamos a encargar los informes jurídicos necesarios para intentar tumbar ese matiz en el texto», concluyó.
«El decreto debe tener una redacción clara y que no dé lugar a interpretaciones como sucede ahora, puede ser con una modificación legislativa
Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, recordó que la isla cuenta con una de las centrales eléctricas que más contamina de Europa y el decreto abre la puerta a una oportunidad para «producir el gas mediante una regasificadora que suministre energía y genere una energía menos contaminante y más barata».
